Del “muro humano” en la frontera sur al asesinato de dos activistas en Chihuahua: las polémicas de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional (GN) cumplió un año de su existencia el pasado 30 de junio. Desde su inicio de operaciones en el 2019, elementos de la institución de seguridad pública de México han estado involucrados en controversias al estar relacionados con casos de espionaje, robos, y muertes.

Entre las críticas por sus agresiones hacia pobladores, exhibiciones de labor, y su papel de contención en la frontera sur del país, una de sus primeras tareas operativas, desde antes del inicio formal de sus actividades, fue la “contención” migrante en las entidades federativas del sureste el 5 de junio de 2019, específicamente en Chiapas: las críticas lo describieron como un “muro humano”.

Fue alrededor de ese entonces, el 27 de junio de 2019, también cuando la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) detectó e inició una investigación por la venta en internet de artículos de la institución.

Sin embargo, una de las criticas más fuertes, el tener un cuerpo militarizado, hacia la gendarmería creada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ocurrió el día de su inauguración: el 30 de junio de 2019 se inició operaciones con elementos “veteranos” de la Marina, el Ejército, y la extinta Policía Federal (PF).

Las manifestaciones que se extendieron desde el 3 de junio de 2019 hasta febrero de 2020 fueron provocadas cuando elementos de la PF se negaron a ser transferidos a la Guardia Nacional, por lo cual provocaron protestas y bloqueos en la capital del país, el Estado de México, y en Centros de Mando.

Otra de las polémicas protagonizadas por miembros de la gendarmería ocurrió el 31 de julio de 2019, cuando imágenes de un video permitieron observar a tres elementos trabajando en estado de ebriedad en el pueblo de Xico, en Veracruz, durante las fiestas patronales de la localidad. Los tres fueron sancionados.

El 24 de septiembre de 2019, Alfonso Durazo, titular de la SSPC, denunció el uso de 500,000 bots para criticar en las redes sociales a la Guardia Nacional. Menos de un mes después, el 17 de octubre de 2019, agentes de la GN participaron en el “Culiacanazo”, el operativo fallido y fuertemente criticado para detener al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

El 7 de noviembre de 2019, un miembro de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y un elemento de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta culpabilidad en el robo a un transporte de carga. Un día después de Navidad, el 26 de diciembre de 2019, un integrante fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, cuando abandonaba el cuerpo calcinado de otro hombre.

El 3 de febrero de 2020, efectivos fueron recibidos en el estado de Michoacán con huevos y piedras por un grupo de civiles al momento de retirar un narcobloqueo en la carretera Apatzingán-Aguililla.

Ese mismo mes pero el 22 de febrero, el diario Reforma publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó sancionar a Patricia Trujillo Mariel, Comisaria de la Guardia Nacional, por presuntamente adquirir un software israelí para monitorear a usuarios en redes sociales y determinar su ubicación. El 12 de marzo, Trujillo Mariel pidió una licencia a su cargo para deslindar responsabilidades en la carpeta de investigaciones del caso de la ASF.

El 8 de marzo explotó un coche bomba a solamente unos metros del cuartel de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato, y el 11 de mayo, a través del repunte de violencia registrado en el país, el presidente López Obrador ordenó, por medio de un acuerdo, que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad pública hasta la fecha del 27 de marzo de 2024.

El domingo 6 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua abrió la válvula de salida de agua de la presa La Boquilla, cerca del poblado de Delicias, Chihuahua. Los agricultores del Distrito de Riego 005, a quienes corresponde la distribución de agua de esa presa acudieron al sitio para impedir la salida de agua. Ese día se enfrentaron por primera vez elementos de la Guardia Nacional con los pobladores, los oficiales usaron gas lacrimógeno contra los civiles.

Los agricultores se retiraron de la zona y protestaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ahí, el gobernador Javier Corral les informó que los respaldaría cuando exigieran el cierre de válvulas en las presas locales al presidente López Obrador en la Ciudad de México. Algunos representantes del colectivo fueron a protestar frente a Palacio Nacional.

Mientras, en Chihuahua, los pobladores se organizaron para avanzar en caravana hasta la presa La Boquilla el martes 8 de septiembre. Su objetivo era conseguir que los elementos de la guardia les dieran paso para entrar a cerrar las llaves de desfogue.

De acuerdo con los reportes del medio local Arriba El Campo, la caravana salió de Delicias entre las 8 y las 9 de la mañana. Llegaron a La Boquilla cerca del mediodía. En las puertas de la presa, los representantes del colectivo pidieron acceso a la Guardia Nacional, quienes se negaron.

Alrededor de las 5 de la tarde, algunos manifestantes denunciaron agresiones con gas pimienta por parte de la autoridad. Los productores intentaron derribar la puerta metálica de acceso y, al poco tiempo, comenzó el enfrentamiento.

Las versiones del hecho describen un enfrentamiento físico, con detonaciones de gas pimienta, pero sin disparos aún. Los manifestantes usaron palos para defenderse.

Después del enfrentamiento, la Guardia Nacional se retiró de la zona, eran las 6 de la tarde. Los agricultores cerraron la válvula de salida de agua de la presa e hicieron un llamado a las comunidades locales para delegar guardias y controlar el acceso al sitio.

Jaime Torres y Yesica Silva dejaron la presa en algún momento después del enfrentamiento y condujeron a su residencia en el poblado de Delicias. De acuerdo con la narración de los testigos, otros agricultores de la zona, entre las 10 y las 11 de la noche, los elementos de la Guardia Nacional les dieron alcance en la avenida Tecnológico, en Delicias. Los testimonios locales denuncian una ejecución arbitraria por parte de los oficiales, de acuerdo con su versión, Jaime y Yesica fueron detenidos y recibieron varios impactos de bala sin provocación.

En contraste, la Guardia Nacional alega que sí hubo provocación. De acuerdo con una breve relatoría en su cuenta de Twitter, los elementos de la institución detuvieron a tres manifestantes que, supuestamente, portaban granadas y un cargador para arma de fuego. Mientras los transportaban para ser procesados por las autoridades locales, fueron interceptados por “civiles armados en varios vehículos”. Los atacantes enfrentaron a los elementos de seguridad, ellos rechazaron la agresión e hirieron a dos civiles.

Yesica Silva murió al instante y Jaime Torres fue transportado al hospital, donde falleció también.

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