María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala José Abarca, permanecerá en el Penal Federal Femenil de Amacuzac, Morelos, ya que un juez federal ratificó el auto de formal prisión, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Pineda Villa y José Abarca de la adquisición de 31 inmuebles por 8.3 millones de pesos con dinero ilícito. Fue en el 2011 que compraron dos inmuebles por 749,088 pesos; entre el 2006 y 2014 fueron 24 por 6.5 millones de pesos y posteriormente, adquirieron cinco casas por 1.1 millones de pesos.
De acuerdo con información del periódico Reforma, Enrique Vázquez Pérez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, dictó el fallo tras considerar que la FGR ofreció los elementos suficientes para sostener el juicio.
Se toma dicha decisión después de que el Tercer Tribunal Colegiado Penal solicitó reponer el procedimiento, porque no se identificaron a dos testigos protegidos que declararon en contra de Pineda Villa en el 2019.
Al estar acusada de delincuencia organizada, la esposa del ex alcalde de Iguala no puede continuar con su proceso en libertad provisional.
El pasado 24 agosto, un tribunal federal le otorgó un amparo a Pineda Villa, la cual dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra. Proceso informó que la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México obliga al juez Tercero de Distrito del Estado de México a reponer el procedimiento para resolver sobre el auto de formal prisión que se le asigne a Pineda Villa en la causa penal 12/2017, por lo que no obliga a liberarla de forma inmediata.
En el semanario también se indica que el juez de la causa tiene la libertad de volver a dictar auto de formal prisión, pero eliminando los testimonios que fueron invalidados en otros procesos penales y tomar en cuenta la primera declaración de la imputada.
Cabe señalar que la FGR usó dos testigos colaboradores, quienes acusaron a María de los Ángeles Pineda y José Abarca de estar ligados al cártel de los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos.
Dichos testigos fueron invalidados por un juez de Tamaulipas indicó que las personas que declararon fueron víctimas de tortura al rendir su declaración.
El resto de las acusaciones las ha echado abajo, fueron por los delitos de cohecho y contra la salud, pero ninguno tiene relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre del 2014.
Fue acusada de cohecho en mayo del 2015 al intentar sobornar a tres elementos de la Policía Federal, tras ser detenida en la alcaldía Iztapalapa en noviembre del 2014.
Ella les ofreció 500,000 pesos y un vehículo, si los policías los dejaban ir del lugar. El Tribunal determinó que la causa penal tenía que hacerse en donde se cometió el delito y no en Tamaulipas.
El ex alcalde de Iguala, Guerrero, está encarcelado en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
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