Carlos Salinas de Gortari podría convertirse en el primer expresidente en declarar por un caso de corrupción en México

Por primera vez en la historia de México, un expresidente podría ser llamado a declarar ante el Ministerio Público por el delito de corrupción

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Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México 
Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro
Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro

Por primera vez en la historia de México, un expresidente podría ser llamado a declarar ante el Ministerio Público por el delito de corrupción. Ello, después de la denuncia de la Fiscalía de Chihuahua en contra del abogado Juan Collado Mocelo, por un contrato inexistente donde se habrían desviado más de 13 millones de pesos durante la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

De acuerdo con testigos, Juan Collado ayudó a desviar de la administración de Duarte Jáquez 13.7 millones de pesos, a través de un contrato simulado de servicios profesionales jurídicos, el cual tenía como destinatario al expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari.

Lo anterior significa que el expresidente habría recibido la cantidad millonaria del erario del estado a cambio de impulsar la candidatura del exgobernador de Chihuahua para dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Pretendemos recabar la mayor cantidad de pruebas y es probable que el Ministerio Público tome la determinación de girar un citatorio a esta persona (Carlos Salinas) para que declare en relación a los hechos”, explicó César Augusto Peniche Espejel, Fiscal de Chihuahua, en entrevista para el periódico digital Sin Embargo.

 El ex Presidente de México, Carlos Salina de Gortari, acompañado del abogado Juan Collado
El ex Presidente de México, Carlos Salina de Gortari, acompañado del abogado Juan Collado

Asimismo, el actual gobernador de esa entidad, el panista Javier Corral, aseguró lo mismo: el desvío de 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua, a través del abogado Juan Collado Mocelo, fue para cumplir un compromiso que César Duarte tenía con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Por supuesto que no hubo ningún servicio, todo era simulado, como fueron muchísimos. Esta es una investigación en la que los fiscales del Estado de Chihuahua han demostrado cómo se desviaron recursos públicos mediante un contrato simulado de servicios profesionales en materia jurídica, pero que en realidad obedecían a un compromiso que tenía el exgobernador de Chihuahua con Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México”, aseveró.

Agregó que César Duarte y Salinas de Gortari acordaron sacar recursos a través del abogado, quien hay que recordar, se encuentra preso desde hace más de un año en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Por ello, la Fiscalía de la entidad se convertiría en la dependencia que se encargaría de emitir cargos en contra de Salinas de Gortari sin la necesidad de la consulta planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que en el 2002, Luis Echeverría Álvarez, también expresidente del país, fue citado el 2 de julio de ese año por la matanza de los estudiantes en Tlatelolco ocurrida en 1968.

César Duarte 
Foto: Cuartoscuro
César Duarte Foto: Cuartoscuro

Las otras acusaciones de Collado

Apenas el 2 de septiembre, un juez federal radicado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, vinculó a proceso al abogado Juan Collado, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.

Ahora, la Fiscalía tiene un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria y determinar si Collado es responsable o no.

Cabe recordar que Juan Collado Mocelo se encuentra detenido desde el 9 de julio de 2019. Su arresto ocurrió mientras comía en un restaurante junto con el ex poderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps.

En esa ocasión, fue imputado de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que el empresario Sergio Bustamente, lo acusó de la apropiación fraudulenta de un terreno ubicado en el estado de Querétaro (propiedad de Bustamante) por 24 millones de pesos, a través de una sociedad llamada “Libertad Servicios Financieros” y de la cual, era presidente. El juez le dictó prisión preventiva oficiosa por máximo dos años.

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