El tema de la participación del Instituto Nacional Electoral en la organización de una consulta popular para determinar si se enjuicia a los expresidentes de México ha causado importantes polémicas, pero la consejera Norma de la Cruz fue clara al decir que la última palabra en torno a si este proceso se lleva a cabo, no están en las manos del INE.
“En el instituto no podemos decidir si se hace la consulta o no, tiene que pasar por el filtro de la Suprema Corte y si lo aprueba y nos da el trabajo de organizarla, la llevamos a cabo”, comentó la consejera durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 2 de septiembre.
Al dar su postura respecto al tema, Norma de la Cruz fue clara, pues dijo que el instituto debe cumplir con el mandato que también les da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, independientemente de sus opiniones personales en torno al tema. “Nosotros como institución tenemos que responder, y parte de nuestra responsabilidad es hacer cumplir la ley”, sentenció.
De esta manera, la consejera electoral destacó que que la organización de la consulta popular implicará retos en cuanto a la logística y los recursos tanto financieros como operativos, sin embargo, dijo si se trata de una instrucción de la Suprema Corte, el Consejo General del INE deberá tomar los acuerdos necesarios para cumplir con la orden.
En el sentido económico, De La Cruz señaló que el INE todavía puede ajustarse el cinturón un poco más, aunque acotó que no puede ser en áreas específicas como las encargadas de organizar los procesos electorales.
Cabe recordar que durante su conferencia matutina del mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al INE que se preparara y ahorrara sus recursos, porque aseguró que sí habrá una consulta popular para juzgar a los expresidentes, en referencia a los dichos de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, sobre que el proceso los llevaría a revisar “dramáticamente” su presupuesto.
Asimismo, Córdova Vianello dijo que para realizar la consulta popular que pretende aprobar o rechazar el juicio a expresidentes de México, el INE deberá solicitar recursos adicionales, pues esto supondría organizar una nueva elección tan solo dos meses después de los comicios del 6 de junio de 2021.
En la rueda de prensa, el mandatario mexicano dijo que el argumento de Córdova no era válido y solicitó al INE que “se ajusten el cinturón, que ahorren”. Además, señaló que no puede condicionarse la consulta popular a la necesidad de más dinero, “si la gente quiere que haya una consulta, porque en la democracia, el pueblo es el que manda, el que decide, pues hay que hacerle caso”.
Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó el formato adecuado para la recolección de firmas de ciudadanos con el fin de realizar una consulta popular para enjuiciar a los ex mandatarios, proceso que se debe completar antes del 15 de septiembre, fecha límite marcada por la ley.
En una votación económica en el cierre de la sesión del Pleno, los diputados aprobaron el contenido del formato, mismo que fue consultado por el INE, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular.
La consulta fue realizada por la presidencia de la Cámara de Diputados con el fin de que el INE participara con su opinión. Una vez que recibió el comentario requerido, se llegó a un consenso sobre el formato.
Para la conformación del formato, indicaron, se consideró sobre todo su “utilización factible”. Además, cuenta con características “que coadyuvarán a realizar con una mejor precisión, las revisiones y cotejos a que haya lugar cuando se presenten de manera formal, las peticiones de solicitud de consulta popular”.
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