“Caducó la mentira de Ernesto Zedillo”: gobierno de México reconoció responsabilidad del Estado en la masacre de Acteal

A casi 23 años de la matanza de un grupo de indígenas tzotziles en la comunidad de Acteal, en Chiapas, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas a los sobrevivientes de aquel suceso, así como las familias de las 45 personas que fueron asesinadas.

Desde la sede de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció el papel del Estado en este hecho y se disculpó con las víctimas por “la falta de respuesta de las autoridades responsables de procurar e impartir justicia en nuestro país”.

Además de esta postura, se llevó a cabo la firma de un acuerdo de solución amistosa entre las víctimas, familiares de los fallecidos y el Estado, donde “se manifiesta la suma de voluntades para asentar el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano de los graves acontecimientos ahí sucedidos”.

El funcionario también puntualizó que a través de este proceso las autoridades aceptaron las medidas de reparación integral, tanto de manera individual a los familiares de los afectados, como de manera colectiva, destinadas a la reconstrucción social de la comunidad.

Destacó que el acuerdo de solución incluyó a sólo 18 víctimas fallecidas y a 12 sobrevivientes, pues otras personas han recurrido a otras vías de reparación distintas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El día de hoy celebramos un acto de justicia en el que a nombre del Estado mexicano asumimos los lamentables hechos ocurridos en la comunidad de Acteal (...) Estamos en este acto para ofrecer un disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo Tzotzil por este profundo agravio, lo hacemos con convicción y sin condiciones”, declaró Encinas.

El subsecretario también asumió la responsabilidad “por este suceso doloso e indolente, expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los intereses de una comunidad, pues pretendió ocultar esta tragedia, alterando incluso la escena para criminalizar a las víctimas”.

Por su parte, Fernando Luna Pérez, víctima y representante del ataque en Acteal, declaró que con este acuerdo, la palabra de su comunidad “encontró un lugar en las páginas de la historia moderna de México, porque permaneció la verdad de los sobrevivientes que sostenemos: la masacre de Acteal es un crimen de Estado de lesa humanidad y caducó la mentira de Ernesto Zedillo”, entonces presidente de México.

Además de aceptar las disculpas, Luna Pérez solicitó que inicie una investigación en contra de Zedillo y de su cadena de mando, “porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno significa garantizar la no repetición de estos hechos”.

Cabe recordar que la madrugada del 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas tzotziles de la organización conocida como “Las Abejas”, rezaba en la iglesia local cuando un grupo de paramilitares los atacó. Durante seis horas, el grupo armado se asesinó a miembros de la comunidad, lo cual dejó un saldo de 18 niños, 22 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, y cinco hombres fallecidos.

Su muerte despertó la indignación local e internacional, pues la versión oficial atribuyó la masacre a disputas entre grupos locales. Sin embargo, las comunidades de la zona denunciaron como responsables a grupos de priistas armados y entrenados por paramilitares.

En aquel momento, el presidente de México era Ernesto Zedillo (1994-2000), el secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett y el de Defensa Nacional, Enrique Cervantes. Años después, en agosto del 2006, decenas de sospechosos fueron arrestados y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal.

Por otra parte, ante la falta de explicaciones, 10 presuntas víctimas de Acteal demandaron en septiembre de 2011 al ex presidente Zedillo ante una Corte Internacional por su posible responsabilidad en el caso.

En 2012, Estados Unidos concedió inmunidad diplomática al ex mandatario priista, por lo cual quedó protegido frente al posible resultado negativo de la demanda presentada ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

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