Aprobaron el formato de recolección de firmas para consulta popular que busca enjuiciar ex presidentes

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el formato adecuado para la recolección de firmas para realizar una consulta popular. Un paso más rumbo a la aplicación de este mecanismo para preguntar a la sociedad mexicana si quiere enjuiciar a los ex presidente más recientes de México.

En una votación económica en el cierre de la sesión del Pleno, los diputados aprobaron el contenido del formato, que fue consultado con el Instituto Nacional Electoral (INE), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular.

La consulta fue realizada por la presidencia de la Cámara de Diputados para que el INE, el órgano independiente que organiza las elecciones en México, participara con su opinión. Una vez que recibió el comentario requerido, se consensuó un formato.

Para la conformación del formato, indicaron, se consideró sobre todo su “utilización factible”. Además, cuenta con características “que coadyuvarán a realizar con una mejor precisión, las revisiones y cotejos a que haya lugar cuando se presenten de manera formal, las peticiones de solicitud de consulta popular”.

Y es que la Ley Federal de Consulta Popular, que entró en vigor en 2014, señala que la Mesa Directiva, al momento de recibir aviso de intención de solicitud de consulta popular, deberá expedir constancia de su recepción y entregar el formato para la obtención de firmas.

Este lunes, Mario Delgado, en su carácter de ciudadano, presentó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el aviso de intención de consulta popular para poner a consideración del pueblo México si los ex presidentes deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento por actos de corrupción.

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en ambas Cámaras del Legislativo, confirmó esta semana que promoverá una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si se deben enjuiciar a los ex presidentes del país.

Sin embargo, los legisladores de la mayoría saben que están en una carrera contrarreloj, ya que deben cumplir el proceso necesario por alguna de las vías previstas, ya sea con las casi dos millones de firmas de ciudadanos mexicanos o con un tercio de senadores o diputados en el Congreso, antes del 15 de septiembre, la fecha límite marcada por la ley.

Hasta este domingo, los esfuerzos habían sido aislados. A la solicitud de consulta que presentaron algunos senadores morenistas se suma también la recolección de firmas de diferentes legisladores, incluso algunos de ellos locales, en diferentes entidades de la República.

Sin embargo, el domingo los senadores de Morena acordaron que presentarán la solicitud ante la presidencia de la Cámara Alta, donde necesitan un tercio de los legisladores, algo con lo que cumplen sin problemas, ya que la coalición de la mayoría alcanza hasta 71 votos, pro encima de los 43 obligatorios.

Pero antes, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, adelantó que se agotará el proceso ciudadano, con la intención de juntar las 1.6 millones de firmas necesarias para la solicitud de consulta popular.

“Yo lo veo difícil, por la pandemia y porque no podemos reunirnos de manera libre”, dijo. En las Cámaras “hay un acuerdo mayoritario, casi unánime, por presentar esa solicitud”, completó. En la mira estarían los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, una de las grandes barreras para poder realizar la consulta popular es la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien tiene que aprobar la constitucionalidad de la pregunta a realizarse. La consulta, en caso de conseguirse, se llevaría a cabo en agosto de 2021.

Hasta ahora, las cuatro veces que se ha impulsado solicitudes de consulta popular han sufrido derrotas en el máximo Tribunal del país, ya que todas ellas fueron calificadas como “inconstitucionales” por amplias mayorías en la Corte.

Por ello, Morena camina con cautela rumbo a una solicitud sólida desde lo jurídico y un proceso apegado a la ley. En el Senado, una comisión creada para recomendar la pregunta a realizarse se encuentra trabajando en el aspecto técnico.

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