Personal de Salud, del Metro, de Liconsa, Bomberos y de Correos, se sumaron a una manifestación de aproximadamente 85 personas en la Ciudad de México, quienes urgieron atención a las autoridades federales, pues fueron despedidos por exigir mejores condiciones de trabajo.
En una protesta que partió a las 14:27 horas desde las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en el reloj chino de Bucareli, la Unión de Trabajadores por la Salud (UNTS) encabezó el trayecto, pasando por el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN- SXXI), perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde los manifestantes arribaron a las 16:18 horas.
Rafael Soto Cruz, enfermero de Cardiología del (CMN- SXXI) y vocero de la UNTS, acusó que lejos de ser atendidas sus demandas, lo que han obtenido es represión por alzar la voz.
“De la UNTS tenemos nueve trabajadores ya con demanda interpuesta de sus respectivos sindicatos. Los casos más sonados, pues son el doctor Benjamín Muñoz, por ejemplo, en Jalisco, que después de denunciar un apagón que le causó la muerte a cuatro pacientes, tendría que ser un héroe y no, lo despidieron. El caso del doctor Rosales, allá en Zacatecas, un neurocirujano que también denunció falta de insumos, despedido. Mi caso particular, el lunes pasado me fueron retirados mis derechos sindicales por 365 días, que es un paso previo al despido definitivo. Tenemos dos casos más de despidos en Chiapas, uno en Cancún, otro en Monterrey”, dijo en entrevista.
Agregó que su estado es de indefensión ante el patrón, pues en cualquier momento podría ser despedido. El argumento para despojarle de sus prerrogativas gremiales fue que, presuntamente, usurpó funciones del sindicato y levantó la voz para exigir medidas e insumos de protección para sus compañeros, dado el contexto de la emergencia sanitaria.
Según cálculos de Soto Cruz, hay 86,000 trabajadores de la Salud sin ningún tipo de contratos de todas las instituciones; y más de 250,000 empleados sanitarios con prestaciones sin vinculación formal.
Por su parte, el cartero Valencia Enríquez, proveniente de Veracruz, marchó por su reinstalación y la de sus 2,300 compañeros que fueron despedidos, en todo México, entre 2016 y 2017. Acusó que, desde entonces, no han tenido respuesta del gobierno federal y actualmente, la asociación laboral del Servicio Postal Mexicano, es susceptible de reprimir a disidentes.
“Los compañeros postales activos le tienen miedo a las represalias. (¿A quién?) Le tienen miedo a la directora del Servicio Postal Mexicano, María Emilia Alejandra Janetti Díaz, y al secretario general del sindicato a nivel nacional, al señor Fermín Acevedo González”, refirió el manifestante, quien estaba acompañado de otros desempleados que viajaron desde Sonora, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Tabasco, Mérida y Cancún.
Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, estuvo en la movilización y dijo que los beneficios de la Reforma Laboral no han llegado a los trabajadores. El legislador acusó que el gobierno federal es el responsable de que no sean respetados los derechos de los trabajadores, pues no está garantizada la libertad sindical.
“Me platicaron de cientos o miles de casos de trabajadores despedidos, donde se violan sus derechos. Incluso, muy gravemente, quienes están organizando nuevos sindicatos están siendo reprimidos, acosados o despedidos, eso no solo ha pasado a nivel federal sino también aquí en la Ciudad de México, con gente como del Metro o los Tranvías; sé de problemáticas en el Servicio Postal, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el IMSS”, expuso a Infobae México.
También denunció que la contratación por honorarios, practicada por la administración lopezobradorista, generaba precarización de los trabajadores. Y comentó que no se ha cumplido aquella oferta de la austeridad republicana sin sacrificar plazas laborales.
“Nosotros ya pusimos la parte más importante que es la legislación, ahora el Senado, recientemente designó al titular del Centro Laboral, que se va a encargar de la implementación de la Reforma y voy a acompañar a todos estos sindicatos para generar un diálogo con la autoridad, para que se pueda resolver de mejor manera y garantizar los derechos de las y los trabajadores”, abundó Álvarez Icaza, en alusión a Alfredo Domínguez Marrufo, nombrado director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el pasado 29 de julio, y quien estará encargado de sentar las bases de la democracia, justicia y transparencia sindical.
Representantes el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de Liconsa (SINALITL) exigieron la reinstalación de Raúl Galván Utrera secretario seccional de ese gremio en Veracruz. Este trabajador fue cesado en febrero pasado, tras afiliarse a otra asociación laboral, en búsqueda de mejorar las condiciones precarias en que él y sus compañeros ejercían sus actividades.
El enfermero Soto Cruz aseveró que los “charros sindicales” están identificando a los disidentes gremiales y comienzan por acosarlos, sancionarlos y despedirlos. En su sector, por exigir basificación. Y ya en el contexto de la pandemia, por movilizarse y pedir equipo de protección para no contagiarse. Por ello se hicieron acompañar de otras agrupaciones que enfrentan condiciones represivas similares.
De acuerdo con el último reporte de las autoridades federales, del 22 de agosto pasado, se han contagiado 97,632 profesionales de la Salud; y han muerto 1,320 de estos empleados a causa del COVID-19. De estos últimos, 70% son hombres entre los 55 y 60 años.
Las más afectadas han sido las enfermeras, pues representaron el 42% de los infectados. “Otros trabajadores” sumaron 28%, los médicos fueron el 27%, laboratoristas 2% y dentistas 1%. Entre los fallecidos, 40% fueron médicos, 30% “Otros trabajadores sanitarios”; 17% enfermeras, 2% dentistas y 2% laboratoristas.
“Imagina tú, un médico, que tiene que proporcionar salud pero no la tiene para sí mismo. Un médico que tiene que hacer una incapacidad, pero no tiene derecho a incapacidad. Miles de compañeros contagiados que no les han aceptado, no les han reconocido ni diagnosticado el riesgo de trabajo”, aseveró el vocero de la UNTS.
Explicó que existe una tramitología engorrosa para acceder al diagnóstico de la enfermedad, esto, con la finalidad de que los trabajadores desistan.
“Si tienes los síntomas, no puedes respirar, ¿cómo te mandan a hacer todos estos trámites?, es con la idea de dificultad del diagnóstico, para que la gente desista, que no hagan trámites”.
Por ello, la instrucción presidencial de que a los empleados del IMSS les fuera reconocido el riesgo de trabajo por contagio era inútil.
“Es Ley mojada, son promesas vanas. Igual que la Reforma Laboral, buenas intenciones, pero que en la vía de los hechos no se están transformando en el reconocimiento del riesgo de trabajo”, acusó.
Héctor Homero Zavala Zavala, secretario general de un sindicato independiente de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, acusó que cinco de sus compañeros fueron despedidos por denunciar corruptelas y cambiarse de gremio.
“No tenemos refacciones, los trenes están detenidos porque hemos tenido que desarmar unos trenes para armar otros. Esta administración llegó, hizo auditorías y prometió que sancionaría a quien tuviera que sancionar, y que iban a cambiar las cosas. Las auditorías nosotros las tenemos y hasta el día de hoy no ha cambiado nada, eso es corrupción porque está solapando lo que otras administraciones hicieron”, denunció.
Con dirección al sur y sin observar sana distancia, los manifestantes circularon por Bucareli, se incorporaron a la Avenida Cuauhtémoc, llegaron frente al CMN-SXXI, y siguieron su paso por la misma vía hasta doblar en calle La Morena para arribar a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
“El común denominador de casi todos es que estamos despedidos o por ser despedidos, ¿qué dice Luisa María Alcalde de esto? Ella solo hace spots diciendo que hay democracia sindical, que todo está bien, en la vía de los hechos nosotros somos la prueba viviente que eso es una farsa, que la Reforma Laboral no ha servido más que para firmar el Tratado de Libre Comercio y que los que creyeron en esta Reforma y formaron sindicatos, aquí están, sin trabajo, despedidos por los charros”, aseveró Soto Cruz.
Batman se movilizó
Miembros de la Resistencia Artística Nacional se incorporaron a la protesta pues acusaron que el gobierno no les ha apoyado durante siete meses en que pararon labores por la emergencia sanitaria.
Y las opción de endeudarse mediante créditos no resulta conveniente, pues el retorno gradual de funciones no permitirá su solvencia económica, debido a que los productores no querrán arriesgarse a exhibir obras que saben, tendrán un aforo limitado.
Antares Michelle, dijo que intentaron obtener ingresos actuando en semáforos, pero fueron expulsados por policías capitalinos, mientras tanto, actores, músicos, patinadores, entre otros, ven complicado su sustento.
“Nuestros derechos han sido minorizados, buscamos sustentarnos de manera económica y no ha podido ser posible. Se había prometido un apoyo, no ha llegado hasta el momento y seguimos así, siete meses un buen rato ya sin tener ningún trabajo”, dijo Sergio Oswaldo Delgado Ceballos, quien marchó caracterizado como Batman y dijo que no han podido actuar en fiestas, salones, eventos musicales.
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