Cabal Peniche: de exbanquero con Salinas y prófugo de la ley a empresario de radio

En 1994, Carlos Cabal Peniche huyó de México con 10 órdenes de aprehensión que pesaban en su contra, por fraude fiscal, financiero y bancario. En 1998 fue detenido en Australia y pasó tres años en prisión en dicho país. Al llegar extraditado a México, bastaron 3 juicios de amparo y 3 millonarias fianzas para evitar que pisara la cárcel; luego, tras 16 años de litigios, en 2010 se le absolvió de la última de 17 acusaciones penales.

Hoy, el ex empresario de frutas, y luego ex banquero, es quien ha capitalizado a Interjet, de la familia Alemán con una inversión de 150 millones de dólares, y quien financió los 248 millones de pesos para comprar Radiópolis a Televisa. Ahora, se le acusa de operar acuerdos con los trabajadores a espaldas de los otros socios y de buscar imponer una nueva directiva en el grupo radiofónico.

“El empresario Carlos Efraín Cabal Peniche, que junto a Miguel Alemán Magnani intenta tomar a la fuerza el control de Radiópolis, personifica como pocos el lado más oscuro de los vínculos entre el poder político y empresarial en México, especialmente durante la época del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)”, publicó el pasado miércoles el periódico El País, que pertenece precisamente al Grupo PRISA.

Según el grupo, la dupla Alemán Magnani-Cabal Peniche, buscan hacerse del control de Radiópolis, por la fuerza: “Así lo ha denunciado el Grupo PRISA (editora de este periódico), que posee el 50% de las acciones del grupo radiofónico mexicano, y así se desprende también de un comunicado que ambos empresarios distribuyeron el martes. En una secuencia de hechos que alcanzó su nivel más virulento este martes, Magnani y Cabal Peniche trataron de imponer un cuadro de directivos para hacerse con el control editorial de Radiópolis. Las maniobras de Alemán y Cabal Peniche –que se suman a otros episodios de distinto carácter en el paisaje empresarial mexicano en los últimos dos años– vuelven a dejar en evidencia la inseguridad jurídica bajo la que operan los inversionistas en el país norteamericano”.

¿Quién es Cabal Peniche?, un consentido de Salinas de Gortari

Cabal Peniche nació en Mérida en 1956, pero creció en Tabasco, y tuvo uno de sus auges en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se estrenó como banquero durante la privatización del sector, promovida por el presidente mexicano.

A pesar de que lo suyo era el negocio del plátano, en noviembre de 1991 adquirió las acciones del BCH, por las que pagó 878 millones de pesos, que poco después se convertiría en Banco Unión. Posteriormente, en 1993, Cabal Peniche compró el 76% de las acciones de Cremi, para fusionarlo con Banco Unión y colocarse como la quinta institución financiera del país.

Después de crear el Grupo Cremi-Unión, el empresario volvió a sus orígenes y compró Del Monte Fresh, la mayor comercializadora de frutas, por 560 millones de dólares. En poco tiempo, sus empresas se extendieron a países como Chile, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza y hasta China. Sin embargo, para 1993 se empezaron a investigar operaciones bancarias sospechosas, que develaron que Cabal Peniche estaba usando el dinero de los ahorradores para autoaprobarse créditos millonarios sin ninguna garantía de pago.

Según la Comisión Nacional Bancaria y Valores, el fraude ascendía a los 14 mil 720 millones 800 mil pesos, que fueron otorgados en créditos a 59 prestatarios, que resultaron ser intermediarios o compañías pertenecientes a Cabal Peniche. En 1994, sus bancos fueron intervenidos, por violar la Ley de Instituciones de Crédito, lo que implicaba una pena de 3 a 12 años de prisión.

Banca Cremi fue una de las instituciones rescatadas por el Fobaproa. Las revisiones de las operaciones financieras revelaron que Banco Unión y Banca Cremi, se habían otorgado préstamos para la compra de sus mismas acciones, además de que habían alterado los registros fiscales.

Entre 1994 y 1996, Unión y Cremi recibieron apoyos del Fobaproa por 19 mil 779 millones y 8 mil 6 millones de pesos, respectivamente, un costo para los contribuyentes de cerca de 28 mil millones de pesos, según investigaciones de La Jornada.

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