Después de que se diera a conocer que Liconsa, la compañía paraestatal del gobierno de México dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, otorgó un par de contratos durante la presente administración a Alejandro Puente, empresario ligado a presuntos actos de corrupción en el gobierno de Felipe Calderón, el presidente López Obrador ordenó investigar el asunto.
“Sí, que se revise el contrato, que intervenga la Secretaría de la Función Pública para aclararlo y nos comprometemos a informar a ustedes y al pueblo”, comentó el mandatario durante la conferencia matutina del 28 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Reynosa, Tamaulipas.
Según información dada a conocer tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Liconsa dio estos dos contratos con vigencia de cinco años, tiempo en el que se implicaba un pago de hasta 4,000 millones de pesos, cuyo objetivo sería el de procesar y vender leche; no obstante, la compañía a la que le fueron adjudicados los documentos tiene nula experiencia en el ramo.
Además, la empresa que Alejandro Puente Córdoba creó en noviembre de 2014, Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV, recibió los contratos con tan sólo cinco días de diferencia. Otro dato relevante es que dos días después de López Obrador asumió la presidencia, al objeto social de esta compañía se añadió la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
Antes de eso era una empresa ligada al sector de la construcción, lo cual no impidió que en diciembre de 2019, Liconsa firmara un convenio para que procesara, como mínimo, 400,000 litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Y menos de una semana después se firmó el segundo convenio de características idénticas, aunque en esa ocasión para una procesadora en Zacatecas.
La pesquisa de MCCI develó que los convenios fueron firmados por Alejandro Armenta Peralta, quien desde 2012 ha sido el abogado y representante legal de múltiples negocios de Puente Córdoba, según una variedad de documentos revisados en donde también aparecía su rúbrica.
Si bien en los contratos se especificó que las operaciones de las plantas procesadoras de leche comenzarán a funcionar hasta diciembre de 2021, estos también indicaban que la empresa puede venderle leche a Liconsa a través de la subcontratación de compañías ya establecidas y con la infraestructura necesaria para ello.
Así, Grupo Vicente Suárez 73 llegó a un convenio con un productor ganadero en el norte del país para surtir leche a Liconsa. De acuerdo con los documentos oficiales, la paraestatal del gobierno nacional tiene presupuesto de hasta 806 millones de pesos al año para los servicios de la empresa, por lo que al término de los cinco años de vigencia, ésta percibiría más de 4,030 millones de pesos.
Cabe destacar que entre abril y diciembre de 2019, Liconsa también le otorgó contratos a esta compañía por la venta de fruta, con el fin de dirigir los productos a su programa de abasto rural. En este caso, los acuerdos alcanzaron los 485 millones de pesos.
En enero de 2012, Alejandro Puente Córdoba era presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable y también fue nombrado como el titular del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, donde se hizo cargo de negocios de la dependencia.
Uno de los más relevantes fue en septiembre, cuando la PGR le pagó USD 126,000 por 30 horas de vuelo en un avión de Grupo Aeronáutico AFA, del que Puente era dueño del 99% de las acciones. Posteriormente, la Procuraduría rentó un helicóptero que benefició a la empresa de aviación de Puente.
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