Mientras que el presidente se quita el fuero, las Fuerzas Armadas se vuelven intocables, asegura Ricardo Raphael

“Envié una iniciativa para quitar el fuero al presidente; que se pueda juzgar al presidente como a cualquier ciudadano y por cualquier delito”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este jueves en su habitual conferencia mañanera, llevada a cabo esta vez desde el estado de Nuevo León.

Se trata de un tema en el que ha insistido durante su gobierno y antes de asumir la presidencia. Precisamente, ha reiterado que desde hace un año mandó al Congreso esta iniciativa.

Y partiendo de este objetivo del presidente, el académico Ricardo Raphael, en un texto de opinión publicado en la edición en español del diario estadounidense The Washington Post, señala lo que considera como una gran incongruencia.

“Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urge al poder Legislativo para que le retiren el fuero, los integrantes de las Fuerzas Armadas gozan de una impunidad máxima. Todo está dispuesto para inhibir la acción de la justicia cuando las fuerzas federales dedicadas a la seguridad pública violan la ley”.

El escritor empieza ilustrando su entrada con el caso –publicado por El Universal– del militar que el pasado 3 de agosto ordenó matar a un hombre que estaba herido, esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas. “No deja lugar para la interpretación: se trató de una ejecución extrajudicial”.

También destacó que la frontera entre Tamaulipas y Texas ha experimentado durante más de 20 años distintos hechos de violencia que han llevado a ese estados a ser uno de los más peligrosos de México, algo que, indicó, no ha cambiado ni con gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca: “Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios dolosos continúan como si nada hubiese cambiado”.

Además, hizo referencia a un convenio de colaboración, precisamente establecido entre el gobernador tamaulipeco y las Fuerzas Armadas a finales de 2017, con el cual se incrementó la presencia militar en la zona fronteriza de ese estado. Y añadió que incluso hay evidencia de que, desde dicho acuerdo, la Marina llevó a cabo operativos para llevarse, sin orden judicial, a jóvenes supuestamente vinculados con el crimen organizado.

“El contexto de macro-criminalidad en la zona lleva a concluir que la autoridad —incluyendo al Ejército y la Marina— ha sido parte del problema. Antes del video divulgado por Arredondo, el ejemplo más evidente de impunidad fue la desaparición de por lo menos 27 personas a manos de la Marina, entre enero y mayo del 2018″, apuntó el académico.

Luego hizo un recuento de las desapariciones, vinculadas a personal de las Fuerzas Armadas, que se han reportado: 39 documentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de enero a mayo de 2018; 23 denunciadas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de febrero a mayo; 27 casos aceptados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como violaciones graves en julio pasado.

También agregó que durante la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto en 2018, la Marina reconoció estos hechos y ofrecieron suspender y separar a los marinos presuntamente responsables de participar en las desapariciones.

“Dos años han transcurrido desde entonces y, sin embargo, los familiares de las víctimas continúan sin conocer el paradero de las personas. Tampoco se conocen los nombres de los marinos imputados, a pesar de que, en algunos casos, existen imágenes de video recogidas al momento en que sucedieron las detenciones arbitrarias”, resaltó.

Menciona el caso de César Viramontes, uno de las 27 denuncias de la CNDH, y que cuatro días antes de la revelación de El Universal, un juez federal admitió su carpeta de investigación. Él fue detenido la mañana del lunes 18 de febrero por elementos de la Marina en Nuevo Laredo, y no se supo nada de él hasta que la FGR descubrió que la última vez que su celular estuvo encendido fue dentro las instalaciones de la Marina.

Como los nombres de los marinos procesados, indicó Raphael, no han sido dados a conocer, no se puede comprobar si separados de su cargo. Además, agregó el juez responsable ordenó que los marinos imputados permanezcan en libertad mientras se lleva a cabo el juicio.

“Al parecer el juez se inhibió a la hora de proceder contra estas personas y lo mismo la FGR, que no ha podido encausar a los responsables de los demás casos. Esta inhibición no puede explicarse desde de la cobardía de un juzgador sino a partir de un arreglo, del más alto nivel, que protege con potente fuero político a los militares, marinos y guardias nacionales que patrullan las calles y carreteras del país”, advirtió el escritor.

El autor de ‘Hijo de la guerra’, reprochó: “ningún presidente antes había entregado tanto a las Fuerzas Armadas mexicanas”, recordando que además de la seguridad pública, están a cargo de o solo están a cargo diversas labores como el transporte de gasolina, la construcción de aeropuertos y vías férreas, o la construcción de de hospitales.

“Esta es la razón por la cual un militar puede ordenar ‘mátenlo, a la verga', después de que un individuo indefenso sobrevivió por milagro, sin que exista alguna consecuencia”, concluyó Raphael.

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