La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de las modificaciones que se realizaron recientemente a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal, donde las acciones contra la piratería fueron criticadas por ser consideradas “censura digital”.
“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta, y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hace valer”, aseguró el ministro del máximo Tribunal del país que admitió la impugnación, de acuerdo con las notificaciones consultadas por Infobae México.
En la demanda de la CNDH, consultada por este medio, se especifican los fragmentos de artículos que se impugnaron porque, en opinión de la Comisión Nacional, estima que son violados los derechos de seguridad jurídica, libertad de expresión, debido proceso, garantías judiciales, libertad de trabajo, propiedad privada y principio de legalidad.
Estas modificaciones tanto a la Ley Federal del Derecho de Autor como al Código Penal, comenzaron su vigencia el 1 de julio pasado, en el marco de las modificaciones y creaciones de nuevas legislaciones necesarias para la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el T-MEC, que sustituyó a partir de entonces al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
Sin embargo, la discusión de las modificaciones y su posterior aprobación en ambas Cámaras del Congreso estuvo marcada por la necesidad de apresurar los tiempos para que la entrada en vigor coincidiera con los cambios hechos a la ley, lo cual también atrajo las críticas de organizaciones civiles y de una parte de la sociedad.
La organización civil R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) fue una de las más activas en su rechazo a estas modificaciones. Alertaron desde su discusión que debilitarían los derechos digitales de las personas a expresarse en internet y a tener un debido proceso, entre otras cosas.
“Desde la presentación del proyecto de reformas en el Senado, a partir de junio de 2020, diversas organizaciones de la sociedad civil expresamos preocupaciones y advertimos que la propuesta lesionaba gravemente los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales”, señalaron en su momento.
Pese a ello, el Congreso aprobó las modificaciones en un proceso apresurado, opaco y sin una discusión abierta e inclusiva
Los integrantes de R3D señalaron que, de acuerdo con el análisis de diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales especializadas en la materia, “las reformas aprobadas habilitan la censura en línea, debido al establecimiento del mecanismo de ‘notificación y retirada’ y privilegian los intereses de las grandes corporaciones frente a la autodeterminación que tienen las personas en México en el uso de sus dispositivos, por la falta de excepciones previstas a la elusión de medidas tecnológicas de protección”.
Es decir, el retiro de este contenido se llevaría a cabo sin necesidad de aportar prueba alguna de la supuesta infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene, en otras palabras, no se estipula un debido proceso en el retiro de contenido en internet y esto se puede interpretar como censura.
Además, esa no es la única afectación que trajeron consigo estas reformas, pues también se impusieron “medidas tecnológicas de protección”, también llamados “candados digitales”, los cuales limitan lo que se puede hacer con los aparatos y bienes digitales, de acuerdo con la explicación que realizó Luis Fernando García, director de R3D, en sus redes sociales.
García detalló que esa no es la única afectación que trajeron consigo estas reformas, pues también se impusieron “medidas tecnológicas de protección”, también llamados “candados digitales”, los cuales limitan lo que se puede hacer con los aparatos y bienes digitales.
En este sentido, un usuario no podría, por ejemplo, copiar el contenido de un DVD, hacer una captura de pantalla, instalar o desinstalar un software, reparar su dispositivo por cuenta propia e incluso no tendría la posibilidad de “averiguar o deshabilitar las funcionalidades que amenazan nuestra privacidad” en los dispositivos inteligentes, explicó García en un extenso hilo de Twitter.
“A través de la coalición #NiCensuraNiCandados, más de 30 organizaciones, colectivos y asociaciones convocamos a la ciudadanía a exigir la intervención de la CNDH en este proceso”, explicaron desde R3D, lo cual se consiguió a principios de agosto.
Estas modificaciones a las leyes mexicanas incluso despertaron la preocupación de senadores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Congreso, porque las reformas que ellos mismos ayudaron a a aprobar restringen la libertad de expresión en internet.
La senadora Antares Vázquez, respaldada por varios senadores de su propio grupo parlamentario, lamentaron esta situación y aseguraron que buscarán modificar las leyes de nuevo para borrar cualquier rastro de censura digital y otras violaciones a los derechos de los ciudadanos.
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