El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), a través del Centro de Investigación en Política Pública, emitió ocho recomendaciones para eficientar la productividad del sector energético nacional.
Por medio de un comunicado, el instituto hizo de carácter público una serie de indicaciones que obedecen a la petición realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en donde se enlistan 17 prioridades de política pública de su administración para dicho sector, con el propósito de revertir en la medida de lo posible la reforma energética de el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el memorándum del 22 de julio, tanto Petróleos de México (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen la obligación de generar valor económico y rentabilidad para México.
Al respecto, una de las observaciones del IMCO es que “las inversiones realizadas por la actual administración en segmentos energéticos no rentables tendrán un costo aproximado de 244,365 millones de pesos, equivalentes al 5.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020”. Por tal motivo, el instituto aconseja “invertir únicamente actividades productivas y dejar de lado operaciones que generen pérdidas”.
Para profundizar en el modo de operar, la A.C. emitió las siguientes recomendaciones:
Invertir en el suministro de gas natural a precios competitivos. La estabilidad de precios en productos energéticos se puede promover de forma más eficiente si el país maximiza su ventaja comparativa al explotar su red de tratados comerciales y su infraestructura de gasoductos para aprovechar los bajos precios del gas natural en Texas.
Buscar alianzas para rehabilitar las refinerías existentes y en cuanto a la extracción, enfocarse únicamente en campos rentables. En el actual entorno global, Pemex será exitoso en producción y refinación sólo si cambia sus estrategias enfocándose hacia la rentabilidad (en este tema recomiendan retrasar dos años la construcción de la refinería de Dos Bocas e invertir esos recursos en eficientar las otras seis refinerías del país).
Realizar un análisis de valor presente neto para los proyectos de generación eléctrica en Baja California Sur y la península de Yucatán.
Promover una generación hidroeléctrica de forma más eficiente y retomar las propuestas en el Proyecto de Nación, durante la campaña presidencial.
Reanudar las rondas de hidrocarburos y subastas eléctricas de largo plazo.
Transparentar los subsidios en los sectores de petróleo, gas y electricidad y posteriormente decidir cuáles eliminar y cuáles mantener.
Reformar a fondo la estructura de Pemex y de la CFE. Las investigaciones recientes son un reflejo de la corrupción en el sector y en el país.
Modificar el esquema de los derechos de paso para promover una red de gasoductos competitiva.
El IMCO subrayó que tanto la CFE como Pemex deben de crear un ambiente de competencia para poder ser sostenible. Cabe señalar que en ningún momento sugirió que se implementará la técnica de fracturación hidráulica o fracking para mejorar en el sector energético nacional. Lo cual, puede indicar su empatía con buscar una producción de hidrocarburos sin generar las afectaciones que propicia ese tipo de extracción.
Respecto a este tema, la Alianza Mexicana contra el Fracking exhortó a la Secretaría de Energía (Sener) hacer valer la palabra del jefe del ejecutivo federal y no implementar el fracking para obtener gas del subsuelo nacional. Esto, porque dicho método de extracción es sumamente dañino para la vida natural y la salud humana.
De acuerdo con la página oficial de la alianza, la implementación de la fracturación hidráulica genera muchos efectos colaterales como la disminución de disponibilidad del agua en la región, contaminación de las fuentes de agua, impactos sobre la salud, emisión de gases y su contribución al calentamiento global e impactos negativos en otras actividades como la ganadería, la agricultura y el turismo.
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