Luego de que 43 estudiantes normalistas desaparecieran en Iguala el 26 de septiembre de 2014, los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos intercambiaron mensajes de texto.
En esos mensajes intervenidos por la DEA se manifestó la relación que el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, mantenía con el grupo criminal.
Una serie de declaraciones de integrantes de Guerreros Unidos revelan que esa noche Gildardo López Astudillo, “El Gil”, ordenó la desaparición de los alumnos —secuestro, asesinato, quema de la mayor parte de los cuerpos—, y que Felipe Rodríguez Salgado, al frente de un grupo de sicarios, la ejecutó.
Hoy El Gil y El Cepillo se encuentran libres, así como más de 70 halcones, sicarios y policías municipales implicados en los hechos de Iguala. A esta lista selecta de la impunidad podrían sumarse en breve el propio ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.
Abarca recibió un amparo por parte de un juez federal, que dejó su efectos la orden de aprehensión en su contra, pero no podrá salir de prisión por ahora.
“La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso José Luis Abarca Velázquez, respecto del acto reclamado y autoridad responsable indicada”, señala la resolución de Oscar Antonio Madero González, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, con sede en Toluca, de acuerdo con el documento oficial consultado por Infobae México.
Con esto, el juzgador dejó “insubsistente” el auto de formal prisión dictado en diciembre de 2019, y pidió que se abra un nuevo plazo en el que lleve a cabo nuevamente la declaración preparatoria de Abarca.
Además, solicitó que, en caso de que no existan en la causa penal, los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores llamados “Mateo” y “X”, de quienes se usaron sus declaraciones para poder solicitar la orden de aprehensión contra el ex edil, se requiera al Ministerio Público que realizó la averiguación para que proporcione sus nombres reales “y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente”.
El amparo, concedido en febrero pasado pero hecho público apenas esta semana, está otorgado en los mismos términos que aquel que obtuvo su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en este caso de parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
Pineda Villa tampoco saldrá de prisión por ahora, ya que será el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México quien determinará los elementos que hay en su contra una vez que se cumpla con las indicaciones del Tribunal Colegiado mexiquense.
Tanto Pineda Villa como Abarca están detenidos desde finales de 2014 en distintos penales federales, ambos señalados por sus probables nexos con Guerreros Unidos e incluso con el Cártel de los Beltrán Leyva. Ambos han obtenido diversos triunfos en juzgados federales, pero no han podido evadir la prisión preventiva hasta ahora.
El ex alcalde de Iguala se encuentra en el Penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, en Almoloya, en el Estado de México. Su esposa, en cambio, se encuentra en el Penal femenil de Amacuzac, en el estado de Morelos.
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