Un Tribunal federal dejó sin efectos una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, ambos señalados en el caso de la desaparición de 43 estudiantes en aquel municipio.
“La Justicia de la Unión ampara y protege a María De los Ángeles Pineda Villa, contra el acto que reclama del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México”, se lee en la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
Sin embargo, Pineda Villa no saldrá de prisión por ahora, ya que el será el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México quien determinará los elementos que hay en su contra una vez que se cumpla con las indicaciones del Tribunal Colegiado mexiquense.
Y es que la resolución de los magistrados, tras dejar “insubsistente” el auto de formal prisión dictado el 11 de marzo de 2019, abrió un nuevo plazo en el que se lleve a cabo nuevamente la declaración preparatoria de Pineda Villa.
Además, solicitó que, en caso de que no existan en la causa penal los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores llamados “Mateo” y “X”, de quienes se usaron sus declaraciones para poder solicitar la orden de aprehensión contra la esposa del ex edil, se requiera al Ministerio público que realizó la averiguación para que proporcione sus nombres reales “y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente”.
Y es que la mujer fue señalada en su momento, a través de estos testigos colaboradores, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por supuestos vínculos con Guerreros Unidos, el grupo criminal que estaría involucrado, entre otros responsables, con la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
El Tribunal Colegiado le indicó al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales mexiquense que le debe hacer saber a Pineda Villa “todos los derechos que en su favor se establecen” y, de manera clara y precisa, “le informe sobre la naturaleza y causa de la consignación, esto es, de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra”.
Además, la autoridad debe precisar las conductas u omisiones que le fueron atribuidas, “asentando de manera clara y detallada esas circunstancias en el acta respectiva materia de la misma, lo cual incluye los nombres de las personas que deponen en su contra, así como de las pruebas en que ello se basa”.
Esto incluye hacerle saber la identidad de los testigos colaboradores antes mencionados, cuya identidad hasta la etapa de averiguación previa era reservada, además de cualquier otro dato. Todo lo anterior, para que la ex esposa de Abarca “esté en aptitud de defenderse”.
Todo lo anterior, con la finalidad de que la encausada no sólo conozca quién o quiénes realmente declararon en su contra, así como de los hechos concretos que se le atribuyen, sino que también pueda preparar su defensa, previo el cumplimiento de las formalidades legales en la citada diligencia
Una vez que todo este proceso se lleve a cabo, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con la información que se recopile, evalúe y determine su situación jurídica y su detención.
Tanto Pineda Villa como Abarca están detenidos desde finales de 2014 en distintos penales federales, ambos señalados por sus probables nexos con Guerreros Unidos e incluso con el Cártel de los Beltrán Leyva. Ambos han obtenido diversos triunfos en juzgados federales, pero no han podido evadir la prisión preventiva hasta ahora.
El ex alcalde de Iguala se encuentra en el Penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, en Almoloya, en el Estado de México. Su esposa, en cambio, se encuentra en el Penal femenil de Amacuzac, en el estado de Morelos.
El Caso Ayotzinapa fue reabierto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que los familiares de los desaparecidos y diferentes organizaciones no gubernamentales no quedaran satisfechas y criticaran intensamente la “Verdad Histórica” edificada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
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