En medio de las investigaciones orquestadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra de empresas que emitieron facturas falsas, conocidas también como factureras, se dio a conocer que diversas instancias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían pagado 2,371 millones de pesos a 250 compañías declaradas como fantasmas.
Las contrataciones se habrían realizado para campos cuarteles y guarniciones así como en trabajos de carreteras y caminos rurales. En total, existen 11.175 comprobantes digitales sobre las acciones señaladas y los centenares de empresas presuntamente contratadas a los que tuvo acceso el diario El País por medio de solicitudes de información.
Entre las instancias de la Sedena que serían parte de este esquema son el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía, la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el ahora cancelado aeropuerto de Texcoco.
Además, el medio español reportó que otras obras de mantenimiento y mejoras también se dio en bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, centros deportivos, de desarrollo infantil y 15 hospitales.
En los centros médicos, el monto que llegaría a los 115 millones de pesos en insumos y servicios clínicos que, se dijo, se prestaron por una treintena de empresas inexistentes entre 2013 y 2018.
Además, otros 50 millones de pesos en presuntos servicios de obra civil ,instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava en viveros forestales ubicados en los estados de Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato e Hidalgo.
Existen también cuatro facturas de contratación de servicios de producción de una carrera de la Fuerza Aérea Mexicana como parte de una campaña conmemorativa, así como otra llamada “La gran fuerza de México”.
La dependencia gubernamental también habría adquirido materiales de construcción, artículos de papelería y limpieza, uniformes, renta de andamios, pipas de agua, acarreo de escombros, arrendamiento de equipos de cómputo, , entre otros.
Entre 2013 y 2019, se desviaron entre 2,272 y más de 619 millones, siendo el primer año del conteo en el que habría una mayor cantidad de dinero desviado.
Además, la periodista Zorayda Gallegos señaló que al cambiar del sexenio de Enrique Peña Nieto al actual dirigido por Andrés Manuel López Obrador, esta práctica disminuyó de manera considerable por las reformas legales planteadas y aprobadas para evitar este tipo de delitos.
En el sexenio actual habrían sido encontradas dos facturas fechadas en abril de 2019 por un monto de 1.1 millones de pesos cada una. Estas, de acuerdo con El País, habrían sido emitidas por la Constructora Mendoza López cinco meses antes de ser calificada como empresa fantasma por el SAT.
Los servicios que habría prestado se centrarían en “suministro y colocación de pétreo” de una calle principal que conecta una unidad habitacional militar con un vivero forestal en Tabasco.
Sobre estas prácticas, se destacó que donde se usaron 260.5 millones de pesos para estos acuerdos fue en la Dirección General de Materiales de Guerra e Industria Militar en la fabricación de armamento, que aunque fue investigado por las autoridades corrrespondientes, no habría derivado en saciones para los funcionarios correspondientes.
La Sedena aseguró al medio de comunicación en esos siete años que fueron utilizadas las 250 empresas fantasma, solo cuatro personas han sido sancionadas por el ilícito y se trata de “el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos, el jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos”, cuyos nombres permanecen privados por temas de seguridad nacional
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