¿Se fortalece a la CFE a costa del consumidor?

De acuerdo con el estudio New Energy Outlook 2019 (NEO) de Bloomberg, México destinará alrededor de 207 mil millones de dólares en los próximos 30 años, para el desarrollo de nueva capacidad de generación eléctrica en renovables y ciclos combinados.

Estas expectativas son motivadas por la creciente demanda de energía en el país y los compromisos internacionales en materia ambiental que México ha adquirido para contrarrestar los efectos del cambio climático.

No obstante, el funcionamiento de los ciclos combinados y de las renovables no será posible hasta en tanto se incentive la inversión en las redes de transporte de estos energéticos, es decir, llegue capital suficiente para ampliar el sistema de gasoductos y la red de transmisión que permitan el suministro de gas natural importado y el aprovechamiento del recurso eólico de Tamaulipas y Oaxaca o el recurso solar disponible en todo el país.

Esto tendrá un impacto en el gasto corriente de la población, ya que de acuerdo con Bloomberg, los usuarios pueden enfrentarse a mayores costos, dado que el componente variable de las tarifas eléctricas mantendrá una tendencia creciente del 15% promedio anual en los próximos 4 años, sobre todo si continúan las restricciones de acceso a fuentes de energía más baratas.

Pero este escenario tiene otra arista, existen otras alternativas que pueden empoderar al consumidor y, por supuesto, se perfilan a ser la tendencia para impulsar la transición energética del sector a nivel mundial. Bloomberg señala que la instalación de paneles solares a pequeña escala y los sistemas de almacenamiento (baterías) son claves tecnológicas que determinarán las decisiones de los consumidores.

Con estas opciones se habla de la descentralización de las redes, esto es, se cede el paso a formas distintas para generar, almacenar y transmitir la energía eléctrica, a través de la participación bidireccional de los consumidores, en otras palabras, tendrán la capacidad de comprar la energía para la satisfacción de sus necesidades y vender sus excedentes para la satisfacción de necesidades de otros usuarios, como ejemplo, la recarga de vehículos eléctricos.

Este escenario de eficiencia energética es posible por el avance tecnológico observado en los últimos diez años, lo que llevó el descenso de los costos de los paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y baterías. Según las proyecciones del NEO, las renovables y los sistemas de almacenamiento continuarán con esta racha descendente en los próximos diez años, por lo que se estima una caída del 35% y 64% de sus costos en relación con los actuales, respectivamente.

De ser así, México representa un nicho de mercado para este tipo de vanguardia tecnológica, ya que de acuerdo con Bloomberg la penetración de paneles solares a pequeña escala y baterías puede alcanzar un poco más de una décima parte del total de la capacidad instalada en 2030, y hasta una tercera parte para el 2050.

Lo anterior es un escenario prometedor pero tiene una amenaza latente, toda vez que la regulación está incompleta y, en suma, se ha dado pausa explícita ante las recientes declaraciones del gobierno a través de cuatro canales distintos.

El primero de ellos fue el oficio del 29 de abril de 2019, emitido por la Secretaría de Energía (SENER), mediante el cual solicitó al Diario Oficial de la Federación (DOF) detener la publicación de tres acuerdos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), relacionados con la interconexión de centrales eléctricas y centros de carga (A/001/2019), con la actualización de las condiciones generales en materia de transmisión, distribución y suministro eléctrico (A/002/2019) y con el almacenamiento de energía (A/005/2019).

Posteriormente, en diciembre de 2019 se tuvo conocimiento del pliego petitorio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dirigido a la SENER y la CRE, el cual identifica a la “generación distribuida, instalación de paneles solares en techos de viviendas y comercios” como un punto estratégico para modificar la regulación contenida en manuales, resoluciones y acuerdos, de tal forma que se eviten afectaciones económicas a la CFE.

En julio de este año, circuló un memorándum del mandatario del ejecutivo federal en el cual define los lineamientos básicos de la “nueva política energética” que deberían observar los órganos reguladores del sector energético. Dentro del listado de acciones, destacan aquellas que estipulan lo siguiente: a) la producción de energía proveniente de privados no podrá superar el 46% del consumo nacional, y b) la generación de las plantas eólicas, solares y ciclos combinados se entregará a la red eléctrica después de que se hayan despachado a las centrales más caras, ineficientes y contaminantes.

Finalmente, el pasado 12 de agosto la CRE sesionó de forma extraordinaria, para aprobar el proyecto de acuerdo por el que se determina retirar la solicitud de publicación en el DOF de diversos acuerdos, entre ellos los relativos a la actualización de las condiciones generales en materia de transmisión, distribución y suministro eléctrico (A/002/2019), almacenamiento de energía (A/005/2019), y los instrumentos que rigen la relación entre el suministro básico y generación distribuida (A/034/2019).

En resumen, la falta de inversión para la infraestructura en redes y la falta de un gobierno con visión de mediano plazo que apueste por soluciones tecnológicas a favor de los consumidores, traerá consigo aumentos en las tarifas eléctricas, dejará de lado la oportunidad de generar nuevos empleos como medida para impulsar la actividad económica, y se postergará la transición energética a cambio de mantener el dominio público en el sector eléctrico.

*Analista en economía y regulación de la industria eléctrica.

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