Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel, López Obrador señaló que ordenó suspender el pago de las multas que se han derivado de los contratos con la planta Etileno XXI, pues consideró que ello era “nada más que un gran negocio para particulares”, pero un “mal negocio para la nación”.
“Desde que está ese contrato han pagado en multas como dos mil 500 millones. Y a partir de que me informaron, di la orden de que no se sigan pagando las multas, pero quieren cobrar dos mil 500 millones de pesos más de multa, cinco mil millones de multas”, comentó el presidente.
Durante el mandato del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), se firmó un contrato entre la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y el consorcio integrado por Braskem, controlada por Odebrecht, y el Grupo Idesa de México. Éste comprometía a Pemex a entregar 66,000 barriles diarios de gas etano por un precio 30 por ciento menor que el precio de mercado.
En un videomensaje que circuló desde el sábado 22 de agosto, López Obrador señaló que este acuerdo para el suministro de etano a una empresa privada les había costado a los contribuyentes alrededor de 15,000 millones de pesos, debido a subsidios injustos y multas acumuladas a Pemex por incumplimiento de los términos del “abusivo” contrato.
“Etileno XXI es una planta que construyó Odebrecht. En el gobierno de Calderón, esa empresa celebró un contrato, vamos decirlo, leonino, que le favorecía totalmente. Se firma ese contrato para que Pemex le vendiera gas etano, 66,000 barriles diarios. El precio de venta, con un subsidio de 30% de descuento del precio de mercado”, indicó el presidente en el videomensaje.
Sin embargo, para cubrir con esa demanda Pemex tenía que comprar el gas a otros proveedores, lo que derivó en sobreprecios para Pemex, a los que se sumaba el pago de multas cuando no se alcanzaba a entregar todo el volumen de gas que estipulaba el contrato, según señaló esta mañana el presidente.
“¿Qué era eso? Un atraco. Entonces, por eso lo de la revisión de las concesiones, en el caso del Puerto y otras, pero en el marco de la legalidad”, dijo Andrés Manuel durante la conferencia matutina de este lunes desde Palacio Nacional, y en referencia también a la concesión de manejo del puerto de Veracruz que fue prolongada para una duración total de 100 años.
El pasado martes 18 de agosto, el presidente prometió emprender acciones legales para revocar la “privatización” del Puerto de Veracruz, cuya administración fue concesionada en 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por un lapso de 50 años. Pero en julio del 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se amplió la concesión por cincuenta años más, por lo que su vigencia es hasta el 1 de febrero de 2094.
“Entonces, es muy importante atender lo que está sucediendo en los puertos, sin violar la ley, es decir, en el marco del Estado de derecho, pero revisar contratos leoninos”, comentó también el presidente.
Cabe señalar que, según reportes, la empresa Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz le pertenece al Gobierno de México, pues opera con presupuesto público y su dirección es nombrada por el gobierno federal. Sin embargo el presidente ha señalado que es una simulación que sea una empresa del Estado
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