El impuesto a las bebidas azucaradas y a la denominada comida chatarra, impuesto en 2014 por el congreso en México, aporta únicamente el 20% de sus ingresos al sector salud, aun cuando las organizaciones internacionales han alertado de los peligros de la obesidad infantil en el país.
Durante el último semestre de 2020, las autoridades destinaron a los programas de prevención de enfermedades como la diabetes u obesidad sólo uno de cada cinco pesos obtenidos de dicho impuesto, de acuerdo con la investigación de Excélsior.
En los datos recogidos por el reportero Paulo Cantillo, se especificó que a través del impuesto a los alimentos con alta densidad calórica se recaudaron 23,410 millones de pesos, únicamente en el periodo que comprende de enero a junio de 2020.
Añadieron que del total, el programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, por ejemplo, recibió únicamente 221 millones de pesos en el mismo periodo.
Dicha cantidad se elevaría hasta los 4,428 millones en conjunto con los programas presupuestarios de Prevención y Control de enfermedades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),además del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Sin embargo, lo anterior apenas representaría el 19.9% de lo recaudado, de acuerdo con los datos del medio de comunicación mexicano.
El panorama, indicaron, no ha cambiado mucho desde 2016. A lo largo de tres años se destinó el 1.1% al programa específico, mientras que en 2014 y 2015, indicó Excélsior, no llegaba ni al 3.0% lo destinado a combatir el sobrepeso, la obesidad o la diabetes.
Conforme más estados proponen o aprueban prohibiciones a la venta de comida chatarra a menores de edad, una ola de críticas recorre México contra los bocadillos con alto contenido calórico que según los expertos, le han dado al país una de las tasas más altas de obesidad infantil y una inusual cifra de jóvenes muertos por el coronavirus.
El estado de Tabasco, con litoral en el Golfo de México, aprobó restricciones a la venta de bebidas azucaradas embotelladas y a refrigerios con alto contenido de carbohidratos, menos de dos semanas después de que el estado sureño de Oaxaca fuese el primero en hacerlo.
Legisladores de varios estados han presentado propuestas similares, las cuales prohíben que los comerciantes vendan comida chatarra a los menores, a menos de que su padre o tutor esté presente y lo apruebe. Chihuahua y la Ciudad de México, por ejemplo.
El tema ha salido a relucir con la pandemia de coronavirus, en la que México tiene la tercera cifra más alta de muertes a causa de COVID-19 en el mundo, detrás de Estados Unidos y Brasil. El gobierno reveló que, de los 57.774 mexicanos que han fallecido, la hipertensión y obesidad fueron los principales problemas de salud preexistentes que pueden haber causado complicaciones en la enfermedad, y la diabetes fue el tercer padecimiento más común.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, apoya con firmeza las medidas contra la comida chatarra, así como los etiquetados de advertencia obligatorios en los alimentos con alto contenido calórico que recientemente fueron implementados.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) considera que la obesidad infantil es una emergencia sanitaria en México, y dice que los niños del país tienen el consumo más elevado de comida chatarra y muchos obtienen el 40% de su ingesta calórica total de ella.
Los grupos empresariales, que se quejan del impacto que las leyes tendrán sobre decenas de miles de pequeños comercios y puestos callejeros que generan la mayor parte de su dinero vendiendo bocadillos, dijeron que las nuevas leyes sólo provocarán un mercado negro.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes criticó la oleada de leyes nuevas, bajo las cuales los propietarios de comercios podrían enfrentar multas o cargos por vender comida chatarra a menores, y mencionó que podrían provocar que los pequeños acudan con vendedores no autorizados para conseguir sus golosinas.
“Históricamente está demostrado que este método en lugar de aminorar el consumo lo incrementa. La prohibición promueve la informalidad, ilegalidad, evasión, nulo control sanitario”, manifestó el presidente de la alianza, Cuauhtémoc Rivera, en un comunicado.
*Con información de AP
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