La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México ha iniciado investigaciones en torno a las compras que ha realizado el gobierno de la capital durante la pandemia de COVID-19, con el objetivo de identificar si los insumos de salud que se han adquirido en este periodo se hicieron a sobreprecio.
Juan José Serrano, titular de la dependencia, confirmó que se abrieron expedientes de investigación en torno a este asunto: “Habilitamos días y horas hábiles para abrir espacios, sobretodo en tema de insumos que se adquirieron para COVID-19. Sí lo hicimos. Existía inquietud por parte de algunos sectores y es nuestra obligación hacerlo”.
Durante su informe de acciones de combate contra la corrupción en el Congreso de la Ciudad de México, el funcionario hizo referencia a la petición del coordinador de los diputados del PRD, Víctor Hugo Lobo, quien había señalado la posibilidad de que se diera un sobreprecio aprovechando la emergencia sanitaria.
Aunque el contralor confirmó las investigaciones, no dio más detalles al respecto por el hecho de que la indagatoria se está llevando a cabo. Los únicos adelantos que mencionó fue que han estado en contacto con los titulares de las diversas dependencias para identificar sus gastos, así como con los alcaldes de la capital.
Por su parte, el diputado panista, Mauricio Tabe, acusó que en la compra de los insumos para la emergencia sanitaria se les hiciera a un lado y solicitó “no ser cómplice”, además de que se investiguen a fondo las presuntas irregularidades. Hasta el 17 de julio, según datos de la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, se habían ejercido 4,899 millones de pesos.
Otro de los cuestionamientos que se le hizo a Serrano Mendoza fue en torno a los contratos de renta y mantenimiento de 1,855 patrullas que realizó Jesús Orta, ex secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital durante su administración, no obstante, el contralor mencionó que la investigación se encuentra en proceso de desarrollo.
“Esta investigación es un tema importante, delicado. Sí participamos a partir de la nueva administración del nuevo secretario (Omar García Harfuch) y sí hubo ajustes al contrato, debo decirlo, pero es muy pronto para dar resultados. Es un contrato con ciertas particularidades, ustedes lo saben, todos los contratos de arrendamiento y mantenimiento son complejos”, detalló el funcionario.
En este sentido, el diputado del PRD, Jorge Gaviño, refirió que el contrato de la SSC y la Secretaría de Administración y Finanzas fue hecho “en menos de 15 días, con situaciones directas de marca, especificaciones muy concretas, tiempo muy reducido, invitación restringida”, argumentos que le fueron suficientes para declarar que “faltó transparencia”.
Por otra parte, Serrano recordó que de enero de 2019 a febrero de 2020, la Secretaría de la Contraloría General ha sancionado a 1,680 servidores públicos; 1,613 fueron parte de la administración de Miguel Ángel Mancera y 67 de la gestión de Claudia Sheinbaum. Entre las conductas sancionadas destacaron el uso indebido de atribuciones y recursos, conflicto de intereses, cohecho e incluso el tráfico de influencias.
La Secretaría informó que como resultado de las denuncias presentadas, se han iniciado 24 carpetas de investigación en contra de 27 ex servidores públicos, de los cuales cinco ya han sido detenidos y cinco más cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.
Asimismo, fueron suspendidos 20 ex funcionarios mientras son indagados como parte de un total de 9,437 que están en proceso de investigación. También hay pesquisas contra 15 empresas participantes en el proceso de reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos de septiembre de 2017.
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