“¿Cómo se construye un delito falso?”: la fiscalía de Chiapas, el montaje de una red de trata y una familia indígena en prisión

“Nosotros no tenemos culpa de nada. Nosotros somos inocentes. En un principio se dijo que somos secuestradores; de ahí se pasaron a trata de menores; que nosotros tratamos mal a nuestros hijos, de ninguna manera, para eso nosotros somos padres y somos madres para ver por nuestros hijos”.

Fue el reclamo que este miércoles hizo desde Chiapas, Enereida Gómez Sánchez, familiar de las cinco personas que fueron detenidas el pasado mes julio por supuesto delito de trata de menores en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pero se trata de un montaje de la fiscalía chiapaneca –que aún sostienen– ya que dicha versión se cayó casi enseguida con diversas pruebas.

Todo comenzó con las investigaciones de búsqueda del pequeño Dylan Esaú –desapareció el 30 de junio en San Cristóbal; fue recuperado el 14 de agosto en un poblado vecino–. En el marco de ese caso, la fiscalía chiapaneca anunció que, mientras buscaban al menor, habían logrado desarticular una supuesta red de trata, con la que habían dado al catear, el 17 de julio, una casa en el popular municipio. De dicho operativo había derivado también el presunto rescate de 23 menores.

Sin embargo, días después quedó manifiesto que esa versión era una farsa: en la casa cateada vivían cinco familias de origen tzotzil, todas originarias de Chictón, una comunidad en el municipio de Ixtapa que se encuentra como a una hora y 20 minutos de San Cristóbal. La familia estaba conformada por los abuelos, Adolfo y Josefa, sus hijos y sus respectivas parejas, y sus nietos, los niños que los elementos de seguridad supuestamente rescataron y llevaron a las instalaciones del DIF estatal.

Esta familia rentaba la casa cateada y diariamente, todos los integrantes, salían a vender artesanías.

El 15 de julio, mientras trabajaba en la vía pública, fue detenido –prácticamente con engaños– Adolfo Gómez (57). Josefa Sánchez, su esposa, fue ese mismo día a sacarlo de la cárcel; también la detuvieron. Dos días después, a raíz del cateo, la policía detuvo a dos de sus hijas (María Hortensia y Maribel) y a una nuera (Juana Montejo), y se llevaron a los 23 niños.

Después, Adolfo Gómez apareció muerto en su celda el 27 de julio. La fiscalía, en un primer momento, concluyó que el fallecimiento había sido por suicidio. Sin embargo, cuando entregaron el cuerpo de Adolfo a sus familiares, tenía signos de violencia y tortura: sangre, moretones, incluso una herida en la cabeza.

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), explicaba anteriormente a Infobae que, para que la fiscalía actuara como lo hizo, tenía que contar con al menos tres elementos cruciales: las alertas Amber de los menores o denuncias de su desaparición; tener evidencia documentada de los trabajos forzados que se denunciaban; y la certeza de que los acusados no estaban emparentados con los menores. Nada de eso se comprobó en ningún momento.

El 14 de agosto, cuando anunciaron la recuperación de Dylan, el fiscal de Chiapas, Jorge Llaven Abarca señaló que este caso de la familia tzotzil era distinto al de Dylan y que la situación de los menores que se encuentran resguardados en el DIF se estaba tratando en una carpeta de investigación diferente, que sigue la línea de delito de trata de personas en modalidad de trabajo forzado. Apuntaba incluso que el hecho de que estuvieran emparentados no eximía a las detenidas de ser juzgadas por explotación infantil.

“En la pobreza vivimos, dicen que nosotros pedimos una cuota a nuestros hijos. ¿De qué manera los vamos a mandar a trabajar si son pequeños?, son nuestros hijos. Sí los sacamos porque vamos a trabajar nosotros, padre y madre, y ¿dónde los dejamos a los hijos?, por eso los llevamos, como acompañantes. Ahí aprenden los hijos a trabajar pero no es que lo estemos poniendo a ellos directamente a hacer el trabajo”, insistió de manera desesperada Enereida, una de las integrantes de las familias que vivían en la casa de San Cristóbal.

Además, se difundió de manera oficial que al ser entrevistados, los menores supuestamente dijeron que sí se les obligaba a trabajar y que les cobraban cada día una cuota de 200 pesos y que si no la llevaban, los dejaban sin comer y sin lugar para dormir.

“Nosotros no somos rateros, como dicen ellos (la fiscalía de Chiapas) que les ponemos una cuota de 200 pesos y que si no nos dan los 200 pesos no los mantenemos, no les damos donde dormir: eso es una mentira. La fiscalía anda buscando ya más pretextos para no entregarnos a nuestros hijos”, continuó Enereida en la rueda de prensa virtual de este miércoles.

Enereida Gómez también denunció que el 28 de julio, mientras ellos velaban a su padre Adolfo, un día después de su muerte, personal de la fiscalía prácticamente les vació la casa en la que habitaban las cinco familias. Se llevaron desde televisores y tanques de gas natural hasta las galletas de la despensa. “Me vaciaron la casa”.

En la intervención también estaban presentes los abuelos de cinco de los niños, quienes ya habían ido a presentar al DIF de Chiapas las actas de nacimiento de tales menores para que se los entregaran. La pareja reclamó que dicha institución ya les han hecho dar varias vueltas, de su pueblo (Ixtapa) a la capital chiapaneca (Tuxtla Gutiérrez), presuntamente para darles a los niños. Pero, señalaron, cuando llegan siempre hay una razón para que eso no suceda. La última fue que las actas de nacimiento tiene un error.

“¿Por qué hasta ahora ven el error en las actas si las tienen desde el día 27 (de julio)?”, cuestionó el familiar de los menores, “no nos los quieren entregar, no nos creen que somos los abuelos”.

Además, los abuelos de los niños insistieron en que en dos ocasiones que han ido a verlos, y que estos a su vez sí los reconocen como sus abuelitos, incluso se quedan llorando porque se quieren ir con ellos. Pero no ha sido suficiente para las autoridades.

“¿Cómo se construye un delito falso?”

Patricia Aracil, de la Colectiva Cereza, quien ha brindado acompañamiento y asesoría a esta familia tzotzil, acusó que en este caso hay abandono jurídico y de los derechos humanos por parte de las instituciones del gobierno estatal, y por el contrario, sí colaboran ilegalmente para imputar a familias empobrecidas y crearles delitos falsos.

“Queremos denunciar el actuar sistemático y mafioso de la fiscalía general del Estado; la institucionalización de la detención arbitraria, la tortura; la fabricación de carpetas de investigación de delitos contra la salud que sirven para ocultar las detenciones arbitrarias y la criminalización de familias indígenas y empobrecidas”, apuntó, agregando que tienen constancia de estas prácticas en esta y en otras causas.

Además explicó que en este caso hay tres carpetas de investigación abiertas, y con dichos documentos en mano, explicó las irregularidades que cada una presentaba:

-El 15 de julio, alrededor de las 19 horas, detienen a Adolfo, luego de que (como supuestamente lo declararon) policías locales lo sorprendieron en supuesta posesión de mariguana. Luego después de que al otro día Josefa, la esposa de Adolfo fuera detenida, supuestamente fueron visitados por el abogado, un derecho que tienen establecido; eso nunca ocurrió. “No hay ninguna prueba de que hayan sido asistidos por ningún defensor público”, indicó Aracil.

-Luego, en la causa de Dylan, la activista mencionó un supuesto “testimonio espontáneo” –está escrito a computadora e impreso– de un hombre que presuntamente fue entrevistado en su lugar de venta, en la calle. El testigo aseguraba que el día 30 de junio (día que desapareció el menor) vió a Adolfo, a Josefa y a una tal Ofelia con Dylan. Pero el pequeño apareció en otra parte, con otra persona, quedando claro que Adolfo y su familia no tuvieron nada que ver con su desaparición. La persona que hizo esta declaración no se presentó a ratificarla.

-Hay otro oficio que señala que Adolfo fue entrevistado y perseguido por las autoridades, en las calles de San Cristóbal, el 16 de julio. Pero él estaba detenido desde el 15, un día antes.

Infobae México contactó a Miriam Benítez, fiscal de trata del estado de Chiapas –dependencia que investiga este caso– para profundizar en el delito por el que las cuatro mujeres de esta familia siguen detenidas. Sin embargo, la respuesta fue que, debido la investigación se encuentra en curso, la información relacionada a este asunto es confidencial.

El video de Adolfo

En la participación virtual, también fue presentado un video, en el que aparece Adolfo luego de su detención, explicando cómo habían ocurrido los hechos.

“Me estaban exigiendo a palmazos (mueve la mano a manera de golpe en la nuca) que yo les dijera ‘¿dónde lo tienes al niño? ¿dónde lo tienes al niño?‘, soy inocente”, y explicaba que, cuando fue detenido, no le leyeron sus derechos ni le permitieron hablar con algún abogado. Ni siquiera le permitieron hacer una llamada telefónica. “Hablar con su familiares”, se oye que le preguntan. “Mucho menos”, responde Adolfo.

Aracil destacó que, cuando la fiscalía chiapaneca hizo el cateo de la casa de Adolfo y Josefa, así como sus previas detenciones, ya sabían que ni ellos ni fu familia tenían algo que ver con la desaparición de Dylan, porque ya habían analizado los videos C4 de la ciudad y habían establecido otras líneas de investigación, siguiendo el análisis de los transportes que salían de San Cristóbal hacia comunidades vecinas.

Y después de la aparición de Dylan, la fiscalía sigue con su acusación contra esta familia de origen tzotzil, por supuesto delito de trata “intentando justificar y armar el delito, ahora, a través de entrevistas falsas a los niños y niñas, que ellos mismos esclareceran cuando estén en libertad”, sostuvo Patricia Aracil y afirmó que, precisamente por esa razón, no hacen entrega de los menores a sus familiares.

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