La demanda de Emilio Lozoya por actos de corrupción en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón prometía un terremoto político y, por ahora, el movimiento telúrico llegó a todos los rincones de la vida política mexicana.
Tres ex presidentes, cuatro ex secretarios de Estado, ocho ex senadores, un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado, un ex gobernador y tres gobernadores actuales, al menos cinco ex funcionarios, cuatro empresarios e incluso una periodista y un medio de comunicación fueron involucrados en diversos niveles por el ex director de Pemex.
Algunos de ellos se han deslindado de las acusaciones. Otros acusan de persecución a la administración actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Unos más clasifican todo como un “circo mediático” o “una telenovela”. Pero este es el primer paso de Lozoya para intentar darle a la Fiscalía mexicana (FGR) los elementos suficientes para reducir su propio castigo, agobiado por los delitos que le imputan a él y a su familia.
Los nombres y los cargos
Los demandados del perfil más alto son los presidentes Peña Nieto (2012-2018), Calderón (2006-2012), los dos antecesores de López Obrador, y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Se le suman tres ministros que ocuparon distintas carteras en los dos sexenios pasados: Luis Videgaray, José Antonio Meade Kuribreña y Ernesto Cordero.
A los ex presidentes se les señala de diversos delitos, desde coordinar y ordenar sobornos, como Peña Nieto, hasta delinear la llegada indirecta de Odebrecht a México con acuerdos y contratos a modo, como Calderón. Incluso de cabildear en favor de sus hijos, como Salinas
Meade Kuribreña, el supuesto estratega del arribo de Etileno XXI, fungió como secretario de diferentes carteras en ambas administraciones (Peña y Calderón) y como candidato presidencial en 2018. Cordero, además participó primero como funcionario del gabinete calderonista y luego como presidente del Senado.
A Cordero se le suman los entonces senadores del PAN (Partido Acción Nacional): Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Roberto Gil Zuarth. Por el PRI (Partido Revolucionario Institucional), aparece David Penchyna Grub y por el PRD (Partido de la Revolución Democrática) lo hace Miguel Barbosa.
Tanto Domínguez Servién como García Cabeza de Vaca y Barbosa son actualmente gobernadores (Querétaro, Tamaulipas y Puebla respectivamente). Todos los legisladores mencionados habrían recibido sobornos para aprobar las reformas estructurales entre 2013 y 2014 propuestas por Peña Nieto.
En este esquema habría participado también Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados, quien también sería candidato presidencial en 2018 con el PAN. En la demanda, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz que cumple tiempo en prisión, tiene una aparición pasajera.
También aparecen José Antonio González Anaya, ex consejero de Pemex; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacienda; Rafael Caraveo, funcionario del PAN; David López Gutiérrez, coordinador de Comunicación Social por 10 años con Peña Nieto; Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya; y Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas del PRI.
Además es mencionado Enrique Martínez y Martínez, quien fuera titular (2012-2015) de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; pues según la denuncia de Lozoya Austin, este funcionario tenía interés en que fuera concretada la compra de la planta Agronitrogenados.
Los empresarios y los medios
En el relato de Lozoya, desfilan también una serie de empresarios, algunos de ellos detenidos. El primero es Luis Alberto de Meneses Weyll, el representante de Odebrecht en México, que habría sobornado a gobiernos y legisladores para impulsar sus proyectos en el país. También aparece Marcelo Odebrecht, quien cayó en desgracia por la trama que lleva su nombre.
El listado se aumenta con Federico Martínez Urmenta, director general de la constructora mexicana Tradeco, que habría cabildeado por la reforma energética, y Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, que estuvo relacionado con escándalos de propiedades en el sexenio de Peña Nieto.
En la demanda también aparece de manera sorpresiva una periodista, Lourdes Mendoza, acusada de recibir dinero de funcionarios e incluso regalos costosos. Se le suma el Grupo de Medios el Financiero acudió a Luis Videgaray para conseguir un crédito con Nafin (Nacional Financiera) y que acabó consiguiendo un préstamo con Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior).
Pero, a pesar de que las acusaciones son graves, una gran parte de los señalados ha salido a desmentir que hayan participado en estos actos, incluidos Calderón, Meade, Anaya, Mendoza, Cordero y otros lo han hecho en las últimas horas y días, como Domínguez Servién y García Cabeza de Vaca.
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