De acuerdo con un análisis basado en datos oficiales, la organización México Evalúa determinó que Tamaulipas es el estado con mayor tasa de personas desaparecidas, pues registra 302.3 casos por cada 100,000 habitantes.
A esta entidad le siguen Colima, con una tasa de 157.7 personas desaparecidas en la misma proporción de 100,000 habitantes; y luego está Sinaloa, cuya tasa asciende a 153.1; así como Jalisco con 121.8; mientras que Chihuahua se ubica en cuarto lugar de la enumeración con una tasa de 109.8.
Para Chrístel Rosales, investigadora Senior del programa de Justicia, estas proporciones escapan de toda lógica y, aunque no se trata de enfocar la investigación en unos estados en lugar de otros, los datos sirven para pintar un retrato de cómo está el país en este tema.
Tamaulipas, gobernada por el panista Javier García Cabeza de Vaca, también encabeza la lista de aquellas entidades con mayor número de personas desaparecidas, pues tiene 11,035 registros; seguida en esta contabilización por Jalisco con 10,245; después está Sinaloa que registra 4,834 personas desaparecidas; luego Chihuahua con 4,173; y Colima, con 1,238.
Hasta el 15 de agosto, el total de desapariciones en México ascendió a 73,742 y, desde 2007, se ha observado una tendencia creciente en la problemática. El año pasado desaparecieron 15,660 personas en el país, según los datos presentados por la investigadora egresada del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
A nivel nacional, la tasa es de 57.7 desaparecidos por cada cien mil mexicanos. El pasado 13 de julio, la Secretaría de Gobernación informó que el registro hasta ese momento era de 73,201 personas desaparecidas desde 1964. Esto significó un incremento de 541 casos, según la actualización presentada por México Evalúa.
“La desaparición –sea cometida por fuerzas del estado o por particulares– es considerada una violación grave de derechos humanos y un delito continuo, al implicar el desconocimiento de su paradero y el sufrimiento constante de sus familiares”, refirió la organización en una mesa de análisis titulada Punto por Punto, Investigación criminal: un plan para que 70,000 personas vuelvan a casa.
En su presentación, la académica de México Evalúa anotó que el Estado de México y la Ciudad de México no tienen tasas tan altas, pero presentan 7,692 y 2,504 desaparecidos respectivamente.
A su vez, agregó que, en cuanto al perfil por desapariciones, este fenómeno social presenta patrones que requieren de un mayor análisis. Y las dos variables a considerar serían la de género y edad.
“Entre niñas, niños, adolescentes y menores de edad sabemos que 66% (de desaparecidas) son mujeres, y 34% son hombres, mientras que entre adultos jóvenes de 20 y 39 años la proporción se invierte, ya que 71% son hombres y 29% son mujeres”, explicó México Evalúa.
Además, Chrístel Rosales apuntó que desaparecen más mujeres entre el rango de edad que va de 15 a 19 años, con una representación del 28.1%. Mientras que en el caso de los masculinos, los más afectados son aquellos que tienen entre 25 y 29 años, pues representan el 15.4 por ciento.
En el evento de videoconferencia estuvo presente Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien señaló que la diferenciación entre búsqueda e investigación no era sificientemente clara, por ello era necesario reformar la Ley sobre desapariciones y así darle institucionalidad al derecho de ser buscado.
“Tenemos que pensar en algunas reformas a la propia ley general en materia de desaparición, e incluso otros ordenamientos, que nos den expresamente atribuciones que no tienen otras comisiones de búsqueda en otros países, como las intervenciones en materia forense, como que nosotros podamos ofrecer los beneficios por colaboración eficaz que existen en otros países, entre otros”, indicó la funcionaria federal.
También destacó la voluntad política para solucionar la desaparición de personas. Al respecto, destacó que, desde la dependencia que encabeza, se trabaja en un centro de identificación humana, un tipo de búsqueda que igual sería parte de investigaciones.
Grace Fernández, consejera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, reconoció que algunas entidades se esfuerzan por atender la problemática. Pero apuntó que ningún estado de la república cuenta con una coordinación efectiva entre la búsqueda de personas desaparecidas por parte de las comisiones, ni en la persecución del delito por parte de las fiscalías.
Por su parte, Jacobo Dayán, especialista en temas de derechos humanos, señaló que mientras se pretenda resolver una situación extraordinaria, como son las desaparciones de personas, con instituciones ordinarias, solo se seguirá midiendo el fracaso del Estado sin soluciones.
Al respecto, Chrístel Rosales, destacó que la capacidad del Estado era insuficiente. Pues había escasez en operadores para realizar las investigaciones, por ejemplo, en Jalisco, donde la tasa de fiscales era de 5.1 por cada 100,00 habitante, es decir, por por debajo del estándar nacional, que era de 9.6. Por otra parte, había entidades que no contaban ni siquiera con un policía de investigación en el mismo rango poblacional; misma situación para el caso de peritos.
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