En el Índice Global de Impunidad (IGI) 2020, publicado por el Centro sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), México ocupa el lugar número 60 de los 69 países contemplados para el análisis, lo que lo vuelve a colocar como uno de los 10 países con mayor impunidad del mundo.
Este año resaltaron los países que fueron catalogados en el nivel de impunidad más grave debido a que no presentaron información suficiente para hacer el estudio o que ofrecieron información inconsistente que podría responder a una manipulación de datos. En el caso latinoamericano destacan Brasil, Argentina y Venezuela que se integraron a este nuevo grupo, denominado de “impunidad estadística”.
En la edición anterior del IGI, México obtuvo el lugar 65 de 67, por lo que se encontraba entre los tres países con mayor impunidad a nivel global. En comparación, este año el país latinoamericano tuvo un avance de 5 lugares en dirección a una mejor posición. Sin embargo, como se explicó en la presentación del indicador, esto no se debe a una reducción en los niveles de impunidad del país, sino a la integración de otros países al indicador.
En realidad, como aclara el Dr. Juan Antonio Le Clerq, coordinador del IGI 2020 y del CESIJ, México no ha experimentado un cambio real desde hace 5 años que se comenzó a publicar el indicador.
El IGI, según lo explicaron en el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, el Dr. Juan Antonio Le Clerq y el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez (todos pertenecientes a la UDLAP y colaboradores en la construcción del índice), mide el nivel de impunidad de los países a partir de tres dimensiones de estudio:
La dimensión estructural mide los recursos físicos, jurídicos y humanos del gobierno para garantizar justicia a la ciudadanía. Aquí, por ejemplo, se incluye el número de policías por cada 100 mil habitantes.
La dimensión funcional pretende analizar la impunidad “de hecho”, es decir, nos habla de la impunidad desde la manera en que la experimenta la sociedad. Aquí, por ejemplo, uno de los indicadores contemplados es el porcentaje de personas encarceladas en espera de una sentencia.
Para la dimensión de derechos humanos, el CESIJ retomó los datos recabados por el World Justice Project.
En el análisis estructural de la situación mexicana resalta que, en el ámbito de la seguridad, México cuenta con una media de 347.76 policías por cada cien mil habitantes, lo que coloca al país por encima del promedio mundial. Sin embargo, explica el Dr. Luis Ernesto, “no son más policías, son policías mejor preparados” lo que puede contribuir a una reducción de la impunidad. Como muestra de eso, se puede observar que en la dimensión funcional, el sistema de seguridad mexicano tiene un valor de 11.43 en el indicador, cuando el promedio de la región latinoamericana es de 20.9.
En cuanto a la impartición de justicia, el rector de la UDLAP considera que algo muy preocupante es que el promedio de jueces por cada 100 mil habitantes es de 2.7, mientras que el promedio global es de 17.83. Él explica que algunos de los efectos de esta cuestión es la acumulación de casos sin resolver que se traducen en personas encarceladas a la espera de su sentencia. Agrega que este factor afecta especialmente a las personas de escasos recursos que no cuentan con los medios para “lubricar” al sistema de justicia.
El estudio que hace el CESIJ resalta que existe una correlación directa entre el IGI y la desigualdad económica y social de los países. Es decir, mientras la brecha económica es más profunda, mayores son los índices de impunidad. México, en el 2018 tenía un valor de 45.4 en el coeficiente Gini que mide la desigualdad, mientras que Eslovenia (el país con menor impunidad según el IGI) registró un valor de 24.2.
En ese sentido, las consecuencias económicas por la pandemia de Covid-19 podrían ser perjudiciales para los niveles de impunidad en el país, explicaron los especialistas.
La falta de jueces, añaden, tiene que ver con la deficiente capacidad de operación del sistema judicial mexicano. Es por esto que, para el Dr. Juan Antonio, “No basta con aumentar la cantidad de delitos que ameritan prisión” en el combate a la corrupción. Para el Dr. Luis Ernesto, la corrupción es sólo el resultado de la impunidad, no la causa.
Los datos ocupados para la construcción del IGI 2020 corresponden al sexenio del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, de tal forma que para poder medir los efectos de las medidas que está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su combate a la corrupción, habría que esperar a la siguiente edición del indicador.
Ante esto, el Dr. Luis Ernesto adelantó que “las finanzas públicas definen las prioridades”, por lo cual, la falta de un aumento del presupuesto a las actividades relacionadas a la impartición de justicia les parece preocupante.
El Mtro. Gerardo, al hablar de la Guardia Nacional, explica que para poder ver sus efectos en cuanto a la reducción de la impunidad hace falta esperar más tiempo. Sin embargo, considera que para ser efectiva, deberá demostrar su capacidad para generar inteligencia e investigación en apoyo a las policías municipales y estatales que, los tres especialistas coinciden, también necesitan un reforzamiento en su capacitación. Agrega que “las Fiscalías Anticorrupción en los estados son el eslabón más débil” por sus escasas capacidades investigativas.
Los resultados del IGI para el interior de la República Mexicana serán publicados en los próximos 8 meses.
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