La UAQ avanza en su vacuna contra COVID-19 con sus propios recursos: el gobierno no ha invertido en desarrollos nacionales

El martes 21 de julio de 2020, el canciller Marcelo Ebrard informó sobre la participación de México en el esfuerzo por encontrar una vacuna para el Covid-19. Durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Relaciones Exteriores enumeró cuatro proyectos que su dependencia coordinó para presentarse ante la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés).

CEPI es una organización internacional de la Fundación Bill & Melinda Gates. En el marco de la pandemia de coronavirus, la coalición lanzó dos convocatorias para que distintas empresas o centros de investigación solicitaran recursos para avanzar sus proyectos de creación de vacunas para el virus SARS-CoV-2. Ninguno de los cuatro proyectos mexicanos ha recibido apoyo de CEPI.

Cuando Ebrard anunció los proyectos de la UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Tecnológico de Monterrey y la empresa Avimex, quiso decir que su secretaría los puso en contacto y coordinó las propuestas ante CEPI.

La doctora Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, aseguró en entrevista con Infobae México que, además, la cancillería prometió dar apoyo económico a las iniciativas. “QUIVAX 17.4: Una quimera recombinante miltiepitópica como una vacuna contra el COVID 2019″, que encabeza su universidad está en la fase de optimizar los péptidos sintéticos que entregan la información genética del virus a los anticuerpos para que lo reconozcan y “aprendan” a combatirlos. La siguiente fase del proyecto es la fase preclínica de pruebas en animales para observar posibles efectos secundarios.

Hasta ahora, el proyecto ha avanzado gracias al presupuesto regular de la universidad queretana. Han operado con 300 mil pesos y esperan invertir otros 700 mil para acabar el proceso de optimización. Además de la vacuna, la UAQ trabaja en el desarrollo de pruebas oficiales mediante su Unidad de Diagnóstico Molecular e inauguró la Unidad de Atención Integral COVID UAQ, con servicios de diagnóstico, monitoreo, intervención nutricional y rehabilitación.

Cuando la institución solicitó apoyo económico al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), les respondieron que sí recibirían recursos para los proyectos científicos y tecnológicos dedicados a enfrentar el coronavirus, siempre que no fueran proyectos de vacuna.

La doctora García Gasca dice que esta situación es común para todos los proyectos que están desarrollando instituciones nacionales. En julio, Infobae México reportó sobre el proyecto encabezado por el Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, ahora en fase de pruebas preclínicas. La conclusión del doctor Jaime Padilla Acero, en representación del IBt, fue la misma. Sin más apoyo económico, la investigación del instituto no podrá avanzar más allá de la fase en la que está.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene dos “encomiendas” frente a la pandemia, proteger a los mexicanos en el extranjero y garantizar el acceso temprano a una vacuna. Hasta ahora, la estrategia del gobierno federal para la segunda tarea ha sido de cooperación y no de inversión.

El país tiene cuatro “memorándums de entendimiento” con distintas farmacéuticas internacionales para participar como voluntario en sus pruebas de fase 3. Cada intercambio consiste en autorizar la participación de ciudadanos mexicanos en los protocolos de eficacia para garantizar el acceso temprano a un número de dosis cuando estén listas.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que el gobierno no tiene un límite de presupuesto para adquirir la vacuna cuando esté disponible. Tanto en los protocolos de Sanofi Pasteur, Johnson & Johnson, CanSino Bio y Walvax, como en la cooperación para producir la vacuna de Astra Zeneca con Argentina, esta afirmación significa que el gobierno de México sólo participará como comprador de todas las vacunas que necesite.

“Sí urge conseguir la vacuna, porque la pandemia no está controlada”, explicó la rectora García, “pero eso no debería evitar que exista apoyo para los proyectos mexicanos”. A su parecer, México va a seguir necesitando dosis por varios años e invertir en el desarrollo de una o varias vacunas nacionales debería ser prioritario.

Así como el IBt, la UAQ ha recibido apoyo material de otras instancias. En el caso de la UNAM, fue el gobierno de la Ciudad de México, en el caso de Querétaro, el grupo Santorius, proveedor de equipo farmacéutico, puso a disposición de la universidad un biorreactor. Este es un recipiente que mantiene condiciones químicas y físicas específicas para garantizar el desarrollo de cultivos biológicos y de reacciones bioquímicas.

Los siguientes pasos en el proceso del producto serían las pruebas preclínicas, las pruebas clínicas de seguridad y eficacia, donde participaría el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la autorización por parte de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde el IPN supervisaría la regulación.

La inversión estimada por la universidad para llegar hasta ese punto es de 49 millones de dólares. En contraste, la Operación Warp Speed, una iniciativa público-privada de Estados Unidos para acelerar la producción de vacunas contra Covid 19, autorizó la inversión de mil 200 millones de dólares en el proyecto de Astra Zeneca 456 millones de dólares para Johnson y Johnson y 483 mdd para la farmacéutica Moderna.

La doctora Teresa García está segura de que su institución podría desarrollar una vacuna de calidad internacional si tuviera los recursos necesarios. “Las universidades son la primera instancia a la que el gobierno debería acudir en estos casos”, concluyó, “en México no hay una cultura de vinculación entre el gobierno, la academia y la iniciativa privada”.

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