La Guardia Nacional (GN) es uno de los pilares más importantes en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual está definida en la Constitución como “una institución de seguridad pública de carácter civil”, por lo que podría ser considerada una corporación policial; sin embargo, la realidad es distinta, pues los elementos que la conforman provienen de las fuerzas armadas.
De acuerdo con un informe oficial que el portal Animal Político obtuvo vía transparencia, el reclutamiento total que ha llevado a cabo la Guardia Nacional desde su creación ha sido nulo. En contraparte, hasta mayo de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) han incorporado 29,818 elementos que fueron o serán transferidos a la GN.
El recurso a través del cual pudieron ser transferidos fue un oficio de comisión, pero administrativamente continúan adscritos a las Fuerzas Armadas, además de que recibieron adiestramiento por parte de estas instituciones, cuando en la Guardia Nacional deben cumplir con habilidades, conocimientos y confianza para servir como policías.
Según los datos recabados, de los casi 30,000 elementos que se unieron a las filas de la Guardia Nacional, únicamente el 0.3% (119) contaba con una evaluación de control de confianza, además de que ninguno tenía certificado único policial hasta el 21 de mayo, el cual, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Guardia Nacional, es “un requisito de ingreso”.
Si bien el medio cuestionó a la corporación respecto a este tema, la respuesta que recibió fue que “el Centro de Evaluación y Control de Confianza no tiene conocimiento sobre el número total del universo de reclutas incorporados a la Guardia Nacional”.
Otro hecho de relevancia es que de las más de 90,000 personas que supuestamente componen a la Guardia Nacional, únicamente 26,000, los cuales fueron transferidos de la extinta Policía Federal, cuentan con control de confianza aprobado, mientras que 7,000 de esos elementos tienen el certificado único policial.
Respecto a este tema, la corporación de seguridad recordó que existe un plazo de hasta dos años, el cual fue aprobado en el 2019, para que se culminen los procesos de confianza de todos los elementos a su interior, por lo que en la actualidad no se estaría violando la ley. No obstante, el avance después de un año es muy poco.
Además, 26,763 ex elementos de la Policía Federal cuentan con una plaza de la Guardia Nacional, por lo que reciben su sueldo por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que la mayoría de los integrantes perciben sus ingresos de la Sedena o de la Semar.
El hecho de que la mayoría de elementos provengan de las Fuerzas Armadas sin haberse desvinculado de las mismas es, para el experto en seguridad Alejandro Hope, “una burla a la ley”, pues en el artículo 25 de la legislación de la Guardia Nacional, “se señala como requisito de ingreso a la GN ‘estar funcionalmente separado de su institución armada de origen'”, escribió en una columna para el diario El Universal.
En el mismo texto puntualizó que si bien la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, en la actualidad “no se le aplican las reglas que se imponen a las corporaciones de policía”.
El especialista también mencionó que si bien lo importante podrían ser los resultados que dé la corporación, el asunto medular es que no los está dando. “No hay una señal en una parte de una mejoría significativa de las condiciones de seguridad desde la creación de la Guardia Nacional. Es decir, se está sacrificando la ley en el altar de la nada”, concluyó.
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