El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este martes acciones legales para revocar la “privatización” del Puerto de Veracruz por 100 años, cuya concesión fue otorgada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y ampliada por su antecesor, el ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Hoy en la mañana hablé de cómo Salinas privatizó el Puerto de Veracruz por 50 años y, el 6 de julio de 2018 (4 días después de que triunfamos) Peña amplió la concesión hasta el 2094, es decir, por un siglo. Ni en el porfiriato. Actuaremos legalmente”, indicó en redes sociales el mandatario actual.
Además, presentó la primera prueba de la ampliación de la concesión. En un archivo, López Obrador hizo pública la prórroga que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, unos días después de que el actual mandatario triunfara en las elecciones presidenciales de 2018.
El documento está firmado por dos personas el seis de julio de 2018: Ruiz Esparza, que murió en abril de 2020 por un infarto cerebral, y el ingeniero Juan Ignacio Fernández Carvajal, a quien identifican como el director general de la concesionaria.
La concesionaria fue identificada como la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz S.A. de C.V., y la prórroga otorgada para “usar, aprovechar y explotar bienes del dominio público de la Federación y de las obras e instalaciones propiedad del gobierno federal”. Además, se permite la construcción de obras, terminales marinas de instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en el recinto.
El documento detalla que la Dirección de Finanzas y Operación Portuaria, adscrita a la Dirección General de Puertos, manifestó en un oficio del 26 de octubre de 2017 “que se otorgue la prórroga el título de concesión por el plazo solicitado”.
“Tomando en consideración que la concesionaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión, la Secretaría ha considerado procedente otorgar la prórroga adicional de 50 años, al plazo inicialmente señalado en el título de concesión de fecha 1 de febrero de 1994″, indicaron. En febrero de 1994, el gobernante era efectivamente Salinas de Gortari.
La vigencia será hasta el 1 de febrero de 2094
De acuerdo con la página oficial de la API de Veracruz, docenas de empresas están clasificadas como “cesionarios”, además de algunas dependencias locales y federales, incluida la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos (Pemex), además de otras clasificadas como agencias navieras.
De acuerdo con su página web, la empresa Hutchison Ports ICAVE es al menos una de las compañías que “opera en el puerto de Veracruz”. “En el año 2001 fue adquirida por Hutchison Ports, filial de la multinacional CK Hutchison Holdings Limited (CK Hutchison), una trasnacional con presencia mundial.
Más temprano este martes, López Obrador había adelantado que buscarían cancelar esta concesión. “Hay que buscar que se revoque ese contrato para el manejo de puerto, todo”, indicó en su tradicional conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México.
“Los puertos, por eso nos tardamos, hicimos una evaluación, estamos limpiando de corrupción. Me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero, por 50 años, y 10 días después que ganamos esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más”, detalló.
La senadora veracruzana Indira Rosales, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), calificó las declaraciones del presidente como “sumamente irresponsables”. “Ponen en riesgo el funcionamiento de nuestro Puerto y suponen una amenaza para la iniciativa privada que ha venido trabajando conforme a derecho hasta este momento”, detalló.
De acuerdo con el propio mandatario, la información se la dio a conocer Rosa Icela Rodríguez, coordinadora general de puertos y marina mercante.
Hace algunas semanas, la administración de López Obrador se puso en el centro de la polémica, ya que el mandatario precisó que el Ejército y la Marina intervendrían en la administración, así como en la vigilancia, de aduanas y puertos en todo el país.
El movimiento, que empoderó a unas Fuerzas Armadas con cada vez más responsabilidades en la actual administración, generó reacciones y acciones en todas las esferas del gobierno. Fue rápidamente señalado como “inconstitucional” por la oposición legislativa y por expertos jurídicos.
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