Piden a la banca extender la condonación de créditos hasta que termine la pandemia del COVID-19

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social informó que durante el pasado mes de julio se registró la recuperación de 33.5 mil plazas de empleo formal de jóvenes, a raíz de la reapertura económica dentro de la llamada “Nueva Normalidad”, derivada de la pandemia del COVID-19. Estos empleos forman parte de los 54 mil que se han recuperado en total.

En el marco del día de la juventud, celebrado el pasado 12 de agosto, este sábado Luisa María Alcalde, titular de dicha dependencia, detalló que por género, el crecimiento reportado fue de 22.7 mil plazas para hombres y 10.8 para mujeres.

Entre otras cosas, la secretaria del Trabajo destacó que los apoyos a los jóvenes, como las becas educativas, las pensiones a los adultos mayores, o los apoyo económicos entregados a personas con discapacidad, son un derecho constitucional.

Precisamente, sobre ese punto habló por su parte la diputada de Morena, Aleida Alavez Ruíz, quien solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Asociación de Bancos de México (ABM) el tener en consideración aplazar el requerimiento de pago mensual en créditos de los ciudadanos, “sin generar cargos extraordinarios por ello durante el tiempo que dure la pandemia por COVID-19″.

La diputada refirió que el primer plazo acordado por las autoridades financieras y la banca, en apoyo a los ciudadanos, ha resultado insuficiente al tomar en cuenta, indicó, el contexto en el que se ha gestado la apertura y reactivación económica frente a las adversas condiciones sanitarias.

En un comunicado, la legisladora señaló la medida como un acto en consideración a las familias que cuentan con algún crédito con la banca y que atraviesan por una álgida situación económica. “Dejar en estado de indefensión a las familias más vulnerables iría en contra de los fundamentos democráticos del Estado mexicano”, advirtió.

Alavez Ruíz también solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Asociación de Bancos en México, a establecer acuerdos para que los apoyos de los programas sociales no sean susceptibles de descuentos, retenciones o embargos por los bancos sin previo juicio.

“No se trata de dar una patente de no pago, todo lo contrario, se trata de ayudar a las familias que reciben estos apoyos sociales con las garantías constitucionales para evitar que sean perjudicados,” destacó la diputada.

Y es que durante el primer trimestre de este 2020, según apuntó, se reportaron 37 mil millones de pesos en cartera vencida de créditos, misma que señala como la más alta en 17 años. Con esos datos, reiteró, queda en evidencia la difícil situación por la que las familias están atravesando para poder cumplir con los pagos de créditos en medio de la pandemia.

Este mes empieza el reembolso de créditos

Por otro lado, a partir del 24 de agosto empezará el proceso para los reembolsos de los créditos de apoyo que brindó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para pequeñas y medianas empresas como zapaterías, pastelerías, joyerías, fondas, papelerías, carnicerías, entre otras.

El crédito consistía en apoyos de 25,000 pesos que se repartiría en abonos de 850 pesos en un lapso de tres años a partir de abril, a través de algunos de los bancos Banorte, Santander o Banco Azteca o por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Banco del Bienestar.

Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía (SE), señaló que en el caso de las personas a las que se le otorgó dinero a través de uno de los tres bancos privados, los beneficiarios tendrán que depositar el dinero a sus propias cuentas y los sistemas bancarios se encargaran de hacer “un barrido” de los recursos.

Para el caso de que los créditos se hayan otorgado a través del IMSS y el Banco del Bienestar, el cobro se llevará a través de una línea de captura.

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