La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas tiene abiertas cuatro carpetas de investigación por “abuso de autoridad” relacionadas al presunto búnker VIP para pacientes con COVID-19 que existe en el Hospital de Especialidades Vida Mejor, ubicado en Tuxtla-Gutiérrez.
El punto de partida para la investigación del hospital del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) fue la causa abierta contra el doctor Vicente Grajales Yuca. Acusado de apropiarse de una bomba de inducción donada por la familia de un paciente que falleció por COVID-19, fue detenido y encarcelado el pasado 25 julio.
Después de publicarse el caso, varios ciudadanos contactaron a la Fiscalía de la entidad para presentar sus propias denuncias. Una de las investigaciones es sobre la existencia de un espacio, al interior del hospital público, que está destinado a personalidades, como empresarios y políticos, que contraían COVID-19.
Éstos, aunque no eran derechohabientes, recibían un trato preferencial. La primera de las carpetas de investigación es en contra del doctor Grajales Yuca, actualmente en prisión domiciliaria, y quien reivindica su inocencia. Las otras tres son en contra de directivos, aún sin identidad, del hospital del Isstech.
Sin embargo, las interrogantes que quedan por resolver se centran en si existió el búnker VIP para pacientes de COVID-19, quién lo organizó, y quién se benefició del espacio privado ubicado al interior de una institución médica pública.
El abogado Antonio Juárez Navarro, defensa del doctor Grajales Yuca, afirmó que “hay zona COVID VIP y hay pruebas” en una conferencia de prensa este miércoles en Tuxtla-Gutiérrez. Agregó que la investigación no apunta a Grajales sino a directivos y funcionarios de un alto nivel.
Juárez Navarro mantuvo, recientemente, encuentros con Jorge Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, además de ofrecerse para aportar pruebas sobre la existencia del presunto búnker VIP. Aseguró tener fotografías, testimonios, y datos como la existencia de ventiladores mecánicos “de última generación” y que “no podían ser utilizados por los derechohabientes”.
La FGE declaró que “se están realizando todas las diligencias para integrar las carpetas y que los delitos no queden impunes”. La existencia del búnker fue denunciada después del operativo en contra del doctor Grajales Yuca, detenido el 27 de junio por el presunto delito de abuso de autoridad.
La denuncia fue interpuesta por la hija del político Miguel Arturo Ramírez López, Karen Alejandra Ramírez. El funcionario falleció por COVID-19 el 7 de julio en el Hospital Vida Mejor.
Su hija presentó una denuncia 10 días después de la muerte ante la FGE, acusando al doctor Grajales Yuca de pedir que compraran medicamentos para su padre y apropiarse de una bomba de infusión: el aparato, diseñado para dispensar tratamientos a los pacientes, está valorado en 42,000 pesos.
De acuerdo con la denuncia, el doctor le pidió a la familia quedarse con el aparato a cambio de dispensar al padre una medicina.
En defensa del doctor está su propio testimonio y el de una enfermera, quien aseguró ante el juez que el doctor nunca tocó la bomba, y que personas que aseguraban ser familiares de Miguel Arturo Ramírez López dijeron que querían donarla.
Juárez Navarro, el abogado en defensa del doctor, hizo pública una conversación grabada el 20 de julio, dos días después de que se interpusiera la denuncia. En ella, la hija del político agradece el trato recibido y afirma que su padre fue trasladado al búnker VIP por su influencia y no por ser derechohabiente.
Grajales Yuca asegura que nunca se quedó con material médico y que la escasez de éstos era común. Sobre la denuncia del presunto búnker, señaló como responsable a Alberto Cundapí Núñez, director general del instituto.
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