El 25 de agosto de 2010, Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, llegó a un retén del ejército en la frontera entre México y Estados Unidos. El ecuatoriano informó a las autoridades que había sido secuestrado por una agrupación del crimen organizado junto con otros migrantes que cruzaban el territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Luis Freddy y un compañero escaparon, los demás fueron ejecutados. Eran 72 personas en el municipio de San Fernando.
La masacre de San Fernando, o la masacre de los 72, es uno de los casos más icónicos del despliegue de la violencia ligada al narcotráfico en México. Y, a diez años del suceso, también es un recordatorio de la impunidad que goza el crimen en el país y la negligencia del Estado en la procuración de los derechos humanos dentro del territorio.
En 2013, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) envió a México al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En su informe preliminar, el relator destacó que “según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 170 migrantes han sido asesinados en el país desde 2005, incluyendo la muerte masiva de 72 inmigrantes en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Al parecer, existe un vínculo directo entre las desapariciones y asesinatos de migrantes, el crimen organizado y la complicidad de la policía de investigación y otras autoridades.”
El elemento de colusión entre autoridades de justicia y crimen organizado es una de las excusas posibles para explicar la falta de resolución en la masacre, pero no es justificación para las múltiples irregularidades en la investigación del hecho.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), documentó algunos de los errores o negligencias que el gobierno mexicano cometió durante la investigación. Misma que, no sólo ha fallado en dar una explicación satisfactoria del hecho, también ha violentado el derecho a la verdad de las familias de las víctimas.
Por ejemplo, 13 de los asesinados eran guatemaltecos (más 24 hondureños, 14 salvadoreños, 5 ecuatorianos, 3 brasileños, 1 hombre de India y 12 personas que no fueron identificadas), de acuerdo con las autoridades, 5 de ellos formaban parte de un grupo que salió de Guatemala el 2 de agosto de ese año. Después de la masacre, el gobierno mexicano envió los restos de cinco personas a las familias de algunos desaparecidos del grupo.
Las familias recibieron órdenes estrictas de no ver los restos y desde entonces han comentado que no están seguros de que los cuerpos que enterraron sean sus familiares. La familia de un brasileño que desapareció en México recibió confirmación oficial de que su pariente era uno de los migrantes de San Fernando. Sin embargo, las autoridades nunca dieron una explicación de la técnica que usaron para identificarlo y, cuando los brasileños vieron los restos que recibieron, fueron incapaces de reconocer a su familiar. Ellos tampoco saben si el cuerpo que enterraron era suyo. La mayoría de las identificaciones de restos en México cargan con la misma incertidumbre.
El relato oficial de hechos asegura que el cártel de los Zetas es responsable de esa matanza, junto con otras en la zona (en los últimos 10 años, cientos de fosas clandestinas han revelado cuerpos sin identificar). Las autoridades suponen que el grupo criminal desplegó la muestra de violencia para consolidar su control en la zona. El mensaje estaría dirigido a otros cárteles y a polleros que desobedezcan las leyes de acceso impuestas por los Zetas.
De acuerdo con un artículo sociológico de Amarela Varela Huerta, doctora por la universidad de Barcelona, el uso de cuerpos migrantes como medio para entregar un mensaje va más allá de las aserciones de dominio. Además, es una forma de regularizar el flujo migratorio por México. En un contexto de colusión entre el gobierno y los grupos criminales, esa hipótesis significaría el dominio de la necropolítica, es decir, el control poblacional y territorial a partir de la muerte y las ejecuciones.
La FJEDD convocó a la población a exigir justicia por la masacre en su décimo aniversario. En su petición abierta demanda a la administración del presidente López Obrador y a la Fiscalía General de la República que reanuden las investigaciones del caso. El llamado está orientado hacia el hallazgo de los responsables, pero también hacia una resolución justa para las familias de las víctimas quienes han sufrido incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos por una década.
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