El Estado de México dio un paso a través del combate a la violencia política de género a través de su LX Legislatura, pues se avaló, por unanimidad, un paquete de seis propuestas para tal efecto.
Dichas reformas a la Ley, propuestas por los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRD tienen entre sus objetivos el garantizar la paridad de género, así como fortalecer la defensa de los derechos político-electorales de las mexiquenses.
Con lo anterior, se modifican y adicionan la Constitución Política, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral, todas del Estado de México.
A través del paquete de reformas, aseguraron desde el congreso local que se replantea la definición de violencia política de género y se extiende la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad.
Por otra parte, informaron a través de un comunicado oficial que se elimina el lenguaje sexista de la Constitución, se introduce el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en diversos ordenamientos estatales y se establecen sanciones por violencia política de género contra candidatas.
Sin embargo, uno de los cambios más celebrados fue el de restringir las candidaturas y los cargos públicos a quienes presenten antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar, de género, así como delitos contra la libertad sexual.
En este contexto, aseguraron que, la Fiscalía General de Justicia de la entidad se encargará de la creación de un padrón de las personas condenadas por dichos delitos. De esta forma, el Instituto Nacional Electoral podrá solicitar y acceder a dicha información para conocer el estatus de los aspirantes.
La reforma entrará en vigor a partir de las candidaturas que se jugarán en 2021 para renovar a la Legislatura del Estado de México.
Por otra parte, en las reformas también se establecerán sanciones por violencia política de género contra candidatas, además de que los entes públicos observarán los principios de igualdad y equidad de género.
En cuestión de paridad e igualdad sustantiva, se establece que las listas de representación proporcional se integren por una persona propietaria y una suplente del mismo género; mientras que los partidos políticos serán los encargados de promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.
Por último, informaron que los partidos políticos deberán asignar recursos para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
El documento fue elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Electoral y Desarrollo Democrático y Para la Igualdad de Género.
En el análisis, además, participaron representantes de los colectivos 50+1 capítulo Estado de México, Red Mujeres en Plural, Red Rompe el Miedo, Asociación de Mujeres Abrazando México, Red de Abogadas Feministas y otros de la sociedad civil, magistradas, juezas y consejeras en materia electoral.
La diputada Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y encargada de leer el dictamen, reveló durante su turno en la tribuna que se trató de un día histórico para las mexiquenses.
De su parte, la presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Karina Labastida Sotelo, afirmó que con las reformas aprobadas “hacemos factible una vida libre de violencia de las mujeres en el ámbito público”.
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