El gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, propuso al Congreso local la creación de un Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nivel local, pues el órgano que existe actualmente en México trabaja a nivel federal.
La propuesta fue aprobada con la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Transformemos, quienes dieron 16 votos a favor, además de los otros 8 que hubo en contra y una abstención.
De acuerdo con el periódico Reforma este órgano podrá presionar a contribuyentes en los tres niveles de gobierno para el pago de impuestos. La Ley de Servicio de Administración Tributaria de Baja California tendrá facultades fiscalizadoras en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda estatal.
Por otro lado, tendrá una Junta de Gobierno propia que estará formada por el gobernador, secretarios y procurador fiscal del estado.
El medio mexicano consultó a algunos especialistas que señalaron que con esto la entidad podrá reforzar los mecanismos preventivos de fiscalización como lo son la cancelación de sello digital, aseguramiento de cuentas bancarias y auditorias inteligentes.
De los puntos más relevantes de la propuesta, de acuerdo con el dictamen 53 que fue revisado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, está la visita domiciliaria a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados con ello para revisar su contabilidad, bienes y mercancías.
Sobre ella, el abogado fiscal Adolfo Solís Farías aseguró que con ella habría una mejor en las facultades de comprobación y mecanismos preventivos vinculados a la cancelación del sello digital.
Entre las voces disidentes de la iniciativa se encontraba el diputado de Movimiento Ciudadano, Elí Topete, quien calificó esta nueva medida como “un mecanismo de terrorismo fiscal” en el estado de Baja California. Durante la sesión del 13 de agosto dijo:
Expreso mi preocupación de que esta iniciativa, con un SAT estatal, que pueden fiscalizar, auditar, pueda ser utilizado como un mecanismo de terrorismo fiscal, de presión política y económica, en contra de empresarios, comerciantes, periodistas y políticos
Destacó también que un SAT estatal podría invadir la competencia e otras dependencias, duplicar funciones y engrosar la estructura gubernamental considerando que ya existen mecanismo de coordinación fiscal.
Rodrigo Otañez, del Partido de Baja California, expuso que este nuevo concepto podría orillar a los contribuyentes a la informalidad laboral, pues “en el censo económico de Inegi 2019, seis de cada 10 trabajadores estaban en la informalidad, con este tipo de acciones van a ser más, estamos invitando a que sea complicado, cada vez más, estar en la formalidad”.
Señaló, según Reforma, la necesidad del estado de ser más competitivo considerando las condiciones económicas que acarrea la pandemia de coronavirus en México y la reapertura de país tras meses de encierro.
Hubo quién también cuestionó la necesidad de aprobar de manera apresurada la propusta del gobernador, como fue el caso de Gerardo López Montes, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Además, externó su preocupación por no socializar la propuesta.
Un proyecto de esta envergadura debería contemplar al sector que se le aplicará directamente, a los empresarios, administradores, microempresarios, quienes tendrían que opinar
Quienes votaron en contra de la propuesta fueron Rosina Del Villar, Araceli Geraldo Núñez, Carmen Leticia Hernández, de Morena; Gerardo López Montes, del PRD; Rodrigo Otañez Licona, Loreto Quintero, Eva María Vásquez y Elí Topete Robles.
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