Señalado en asesinato de juez federal seguirá en arraigo 40 días

La autoridad judicial rechazó concederle una suspensión definitiva contra un arraigo a uno de los dos hombres señalados por el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, por lo que el hombre permanecerá detenido.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada, contra el acto y autoridades precisados en esta resolución”, indicó un juez federal del Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.

David Ulises “N” había reclamado contra actos privativos de su libertad, específicamente la resolución del 28 de junio en su contra, es decir, cuando comenzó su arraigo, en contra de Miguel Leyva Medina, titular de la Unidad Especializada en investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), la cual a su vez forma parte de la Fiscalía mexicana.

Uno de los probables responsables del crimen, por lo tanto, permanecerá detenido al menos hasta el 17 de septiembre, ya que el juez Primero de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, autorizó la ampliación del arraigo por 40 días más.

David Ulises “N” se encuentra detenido en el Centro Federal de Investigaciones de la FGR (Fiscalía General de la República). El hombre es una de las dos personas detenidas el 28 de junio pasado por la Fiscalía mexicana. Hace un par de semanas, el mismo Juzgado le había negado la suspensión provisional contra el arraigo.

El otro detenido en aquel momento fue Jaime “T”, quien sí contaba con una orden de aprehensión girada por un Juez del Sistema Penal Acusatorio del Segundo Partido Judicial del estado de Colima.

El segundo acusado, conocido como “El Alacrán”, fue detenido por su probable responsabilidad del homicidio de una legisladora del estado de Colima, la diputada local de Morena Francis Anel Bueno. Dicha detención se llevó a cabo por los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar).

El juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados el 16 de junio en Colima, en un “crimen de estado”, como afirmó Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El juzgador había decidido casos sensibles que involucraban al crimen organizado y renunció a la protección que le ofrece el Poder Judicial a todos sus integrantes que se consideran de alto riesgo por su trabajo.

“Que no haya duda que este es un crimen de estado y cuando hay una situación así todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado, aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna distracción”, expresó Zaldívar unos días después del asesinato.

El asesinato de la pareja fue atraído inmediatamente por la FGR y será el Ministerio Público Federal el que realizará las indagatorias. La muerte provocó también que las dos hijas del matrimonio, una niña de tres y otra de siete años, quedaran huérfanas.

El asesinato de Villegas y de Barajas desató además una serie de reacciones no sólo dentro del Poder Judicial de la Federación, sino en otros sectores de la sociedad, incluido el Poder Ejecutivo y la Iniciativa Privada.

Los jueces y magistrados federales pidieron que se revisen los protocolos de seguridad para sus integrantes. Incluso Ricardo Monreal, el líder de Morena, el partido de la mayoría en el Congreso, se sumó a las voces que piden una revisión del sistema de justicia para incluir la figura del juez sin rostro cuando los impartidores de justicia revisen casos delicados, como delincuencia organizada y corrupción.

El líder morenista también indicó que ha conversado con Zaldívar, y con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como con gobernadores y otros senadores. “Han manifestado abiertamente su preocupación frente a este tema”, dijo.

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