La denuncia de Lozoya contra Peña Nieto y Videgaray: del circo mediático a la ruta jurídica más viable para juzgarlos

No se ha cumplido un mes todavía desde que Emilio Lozoya, director de la empresa estatal Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fuera extraditado a México. Ya fue vinculado a proceso en dos casos diferentes por varios delitos y, en busca de disminuir su posible castigo, apuntará contra su ex jefe, entre otros.

Esta semana, Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra Peña Nieto y contra Luis Videgaray, su mano derecha y el ex titular de dos Secretarías en aquel sexenio.

De acuerdo con el relato del ex funcionario, Peña Nieto y Videgaray dirigieron y repartieron los sobornos que la compañía Odebrecht habría pagado en México para inyectar en la campaña presidencial del primero en 2012 y también aquellas coimas que fueron destinadas a legisladores para aprobar reformas estructurales entre 2013 y 2014.

Sin embargo, esto apenas es el comienzo de un proceso y no su culminación, advirtió a Infobae México el doctor Julio Hernández Barros, especialista en derecho penal y derecho victimal. “Esta denuncia es la que abre la carpeta de investigación, es su primer acto, la autoridad deberá investigar si es real lo que se señala”, dijo.

Por su parte, el doctor en derecho constitucional y en ciencias penales José Óscar Valdés alertó que el tema es más político que jurídico. “Les da para un tema mediático, pero judicialmente no hay caso”, señaló a este medio.

Y es que los posibles delitos electorales que se puedan perseguir contra el ex mandatario y contra Videgaray ya habrían prescrito, de acuerdo con Valdés, tal y como lo han advertido varios expertos. “Lo que hacen es pan y circo y el pan ya se acabó”, indicó.

El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, señaló este miércoles que todas las imputaciones contra Lozoya no han prescrito. Sin embargo, no se refirió a aquellos en donde podrían estar involucrados Peña Nieto y el Canciller.

El caso contra Peña Nieto y Videgaray

Entonces, ¿qué delitos podrían imputárseles? Ambos expertos coincidieron en que, toda vez que la prescripción de delitos electorales está cumplida, habría que fijar el foco en el delito de peculado: en términos planos, el robo de dinero que le pertenece al Estado por parte de quienes están encargados de manejarlo.

“Con el peculado, se requiere un proceso administrativo contencioso, que tampoco es sencillo, porque tendrías que probarles que dañaron al Estado”, argumentó Valdés. “Hay que enfocarse en el dinero, más que en verlos en la cárcel: ¿cuántos gobernadores no hay ahí que no devolvieron el dinero que se llevaron?”, agregó.

En ese apartado, Lozoya también podría estar buscando protegerse, ya que podría devolver los dos inmuebles que adquirió con dinero proveniente de distintos sobornos que empresas como Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) le pagaron, para así resarcir el daño.

“Las imputaciones podrían ir con peculado, con la sustracción de recursos”, coincidió Hernández Barros. Sin embargo, el experto agregó otra posibilidad. “Incluso podrían fincarles delitos como delincuencia organizada, con motivo de la utilización de recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero”, explicó.

Sin embargo, si así fuese, la Fiscalía mexicana se habría metido en un problema, ya que anunciar este tipo de investigaciones de manera pública podría dañar gravemente al caso que se intenta construir contra Peña Nieto y Videgaray.

Por un lado, se habría violentado la ley, que indica que no se deben dar a conocer ningún tipo de datos con respecto a la investigación. Y, por el otro, el anuncio les permitiría a los involucrados tener una alerta de que podrían ser sometidos a un proceso jurídico. “Eso los alerta para tomar sus providencias y en dado caso no ser capturados”, detalló.

Peña Nieto y Videgaray, ¿al banquillo de los acusados?

Tras la demanda de Lozoya, cuya presencia en México ha provocado un terremoto político del cual todavía están por resolverse casi todas las cosas, comenzó la especulación sobre lo que podría pasar: un ex presidente mexicano juzgado por delitos contra la nación, algo inédito en la historia mexicana.

Sin embargo, las mismas autoridades mexicanas, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrían estar afectando al caso con el manejo mediático del tema. “Cualquier cosa que tenga que ver con la revelación de información va a redundar en beneficios para los posibles imputados”, adelantó Hernández Barros.

El experto citó la Ley contra la Delincuencia organizada, que incluso menciona penas de cárcel contra quienes divulguen o revelen “información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra la delincuencia organizada”.

“Las mismas autoridades estarían cometiendo un delito en caso de revelar detalles, esto podría beneficiar a los imputados por faltas al debido proceso”, remarcó Hernández Barros, que recordó que un proceso jurídico podría anularse o los acusados ser absueltos por ataques a sus derechos humanos.

Y es que López Obrador ha sido uno de los principales promotores mediáticos del caso. Incluso en su momento, el mandatario mexicano adelantó detalles del caso Lozoya, como su colaboración con las autoridades a través de un criterio de oportunidad, o sus señalamientos contra Peña Nieto.

Esto tiene una explicación sencilla para Valdés. “Al presidente López Obrador se le cayó todo y quiere aprovechar esto”, dijo en función de las elecciones intermedias de 2021, donde Morena deberá renovar su mayoría en la Cámara de Diputados.

“Vamos a ser el hazmerreir de América Latina por esto”, manifestó el experto. “Se aventaron al tema más cabrón de la manera más torpe”, ahondó.

Para Valdés, la demanda de Lozoya no tendrá ningún efecto jurídico, sino apenas será aprovechado por López Obrador para “exhibir” a quienes señale la Fiscalía, incluidos legisladores que habrían recibido dinero para aprobar reformas entre 2013 y 2014 y que ahora son, por ejemplo, gobernadores de algunas entidades en la República.

La hipótesis de Valdés es que la demanda de Lozoya le permitirá a la FGR, y por lo tanto a López Obrador, hacerse de manera lícita de los videos sobre la entrega de sobornos que el ex director de Pemex tendría en su posición. “Cuando presenten en público las grabaciones ellos van a decir que fueron obtenidos legalmente, ya que fueron presentados como parte de una denuncia penal”, detalló.

Citatorio, orden de aprehensión y ficha roja de Interpol

Para Valdés, la situación no llegará tan lejos en la demanda de Lozoya. “No van a venir, se ampararán”, dijo en referencia a Peña Nieto y a Videgaray. Del primero se desconoce su paradero, pero del segundo se sabe que está en Estados Unidos, donde es parte de una prestigiosa universidad.

Por su parte, Hernández Barros explicó que podrían llamar al ex presidente y al ex Secretario de Hacienda a declarar, pero se deberán establecer en qué condiciones se les solicita su presencia. “Si los llaman con carácter de testigo, no se pueden negar a declarar, pero si cambia su condición, no pueden ocupar esas declaraciones para inculparlos”, aseveró.

Si por el contrario hay una imputación en su contra, “como lo hizo ver el Fiscal (Gertz Manero), entonces tendrían que acudir como tales a declarar. Si los delitos por los que los requieren no implican la prisión preventiva oficiosa, entonces se les mandaría primero un citatorio y en caso de no contestar sí se les buscaría con una orden del juez.

Si los delitos son graves, como se plantea, entonces se liberaría una orden de aprehensión en su contra y, de ser necesaria, se le pediría a la Interpol que emitiera una ficha roja, para buscarlos de manera internacional.

Mientras tanto, Lozoya encarará sus propios procesos jurídicos en libertad, con un brazalete electrónico y sin poder salir de la Ciudad de México. El acusado en los casos de Odebrecht y la compra a sobreprecio de la compañía Agro Nitrogenados deberá presentarse dos veces al mes ante las autoridades.

La Fiscalía fijó varios meses para su investigación en ambos casos, en espera de que las confesiones y pruebas del ex director de Pemex le ayuden a capturar peses más gordos a cambio de una sentencia menor contra el ex funcionario.

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