Las investigaciones sobre las corruptelas de la empresa brasileña Odebrecht en México no sólo están enfocadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino que abarcan al gobierno anterior, el de Felipe Calderón, quien se ha convertido en el verdadero objetivo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
El periodista Salvador García Soto señala en su columna de este jueves en El Universal, que independientemente de lo que arrojen las pruebas y las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el caso de Emilio Lozoya, el verdadero objetivo de López Obrador es Felipe Calderón, quien se ha convertido “en una auténtica obsesión”.
Y es que señala que la investigación que le abrirá el fiscal Alejandro Gertz Manero por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue un “narcoestado”, según dijo el propio mandatario en días recientes.
El periodista detalló que esa fue una de las principales negociaciones con el ex director de Pemex, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador” no tanto por que acusara a Peña Nieto y a Luis Videgaray, a quienes de cualquier manera Lozoya iba a acusar por un tema de resentimientos y venganza.
La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al gobierno de López Obrador -dice García Soto- era lo que Emilio Lozoya sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en el año 2009 para explorar la posibilidad de instalar un complejo petroquímico en la zona petrolera de Coatzacoalcos para venderle a Pemex el etano procesado.
Los contactos y las negociaciones que el dueño de Odebrecht tuvo con el gobierno de Calderón y con el gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte (actualmente preso por otros delitos), los conocía muy bien Emilio Lozoya por la relación personal de amistad que tenía con Marcelo Odebrecht.
El periodista destacó que Lozoya Austin contactaba desde entonces a políticos mexicanos y sobre todo a candidatos a gubernaturas para ofrecerles apoyos a sus campañas a cambio de que luego le permitieran a la compañía brasileña obtener contratos y realizar inversiones en el sector energético en sus estados.
De esta manera, Emilio Lozoya ya operaba asuntos para Odebrecht en México en el gobierno de Felipe Calderón, por lo que conoce a detalle cómo se negociaron no sólo las facilidades para la inversión multimillonaria de Brasken que junto con la mexicana Idesa invirtieron 5,200 millones de dólares en el complejo de Etileno XXI, sino también los privilegios y concesiones en “insumos baratos” que Pemex le otorgó a los inversionistas brasileños en el contrato que firmó su entonces director Francisco Suárez Coppel, con el conocimiento y aprobación del entonces presidente de la República (Calderón Hinojosa) para que el consorcio Brasken-Idesa pagara tarifas más bajas de las que existen en el mercado por el abastecimiento del gas etano que Pemex le suministra a la planta privada.
Salvador García Soto recordó que un informe de la Auditoría Superior de la Federación documentó en 2019 que Pemex perdió 3,642 millones de pesos en la venta del etano al complejo Etileno XXI por tener que venderlo más barato de su costo de producción y de transporte.
El columnista destacó que con esa información es que se está armando una acusación contra el gobierno de Calderón y con la que podrían llamar a declarar al ex presidente en calidad de acusado, lo mismo que con Peña Nieto.
Aunque el presidente López Obrador aseguró este miércoles 12 de agosto que los dos ex mandatarios y todos los acusados por Lozoya tienen que acudir a declarar ante la justicia, en realidad -dice García Soto- el principal interés de este juicio está en las acusaciones contra Calderón.
El periodista concluyó su columna asegurando que el propio López Obrador ha dicho a sus cercanos que Peña y Videgaray podrían declarar incluso por escrito o mandar su declaración firmada a la FGR, pero en el caso de Calderón sí se buscará por todos los medios legales que sea presentado ante un juzgado. “Así que serán dos exmandatarios bajo proceso judicial, pero tal vez no a los dos se les juzgue con la misma dureza de la ley”, finalizó.
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