En medio de la polémica por la prisión preventiva que dictaron a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el presunto desvío de más de 3,134 millones de pesos en la dependencia cuando la ex funcionaria se encontraba a cargo de la misma
La ASF habría realizado una auditoria financiera y de cumplimiento en la que revisó el uso del presupuesto público destinado a programas del sector vivienda de la Cuenta Pública 2017 y determinó que se habrían utilizado recursos de manera indebida para prestar servicios con universidades.
De acuerdo con el periódico Milenio, la ASF también denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) un presunto daño patrimonial por 724 millones de pesos.
Sin embargo, la dependencia no consideró las acciones bajo ese concepto porque no pudo rastrear el destino final del dinero. Sin embargo, describió que la Sedatu desvió las millonarias cantidades sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales estaban destinados al Programa de Infraestructura.
El programa contaba con un presupuesto autorizado de 3,855 millones de pesos y tenía como objetivo apoyar a los ciudadanos en lugares de rezago social, con un espacio de vivienda deficiente y falta de servicios básicos tanto en zonas urbanas como rurales a tener un mejor lugar para vivir.
El medio mexicano detalló que el presupuesto fue repartido en varios rubros, pero hubo 689.2 millones de los que no se supo su destino y forman parte de la denuncia que interpuso la ASF. Además, hay otros 35 millones de pesos perdidos en dos rubros. Los primeros son 31.5 millones gastados sin autorización ni evidencia de servicios prestados con varias universidades como Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica con sede en el Golfo de México, Tlaxcala y del Centro.
La segunda parte el monto se trata de una fianza pagada a una empresa que nunca entregó los trabajos para los que fue acordada, pero que el monto ascendió a los 3.9 millones de pesos.
Por otro lado, Milenio informó que estos recursos no llegaron a las delegaciones estatales de la dependencia, lo que impidió que fueran utilizados como apoyos para las viviendas, el fin para el que fueron autorizados.
El pasado 12 de agosto, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero mencionó el presunto daño patrimonial de Rosario Robles durante una videoconferencia virtual llamada “El caso Lozoya. Un diálogo con Alejandro Gertz Manero”.
En ella, también aseguró que el ex titular de Petróleos Mexicano, Emilio Lozoya, tenía libertad condicional porque cooperaba con el gobierno para delatar a otros funcionarios envueltos en corrupción, mientras que Robles Berlanga, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, decía no tener información.
Los abogados de la ex funcionaria emitieron un comunicado en el que aseguraban que su cliente estaba presa por no dar datos de otros funcionarios al gobierno mexicano, pues el delito por que se le acusa no amerita prisión.
Más relevante aún fue que señalaron la falta de existencia de una denuncia formal por el delito de daño patrimonial de parte de la FGR. Además pidieron a la fiscalía no hacer solo una imputación si no “investigar fundamentar y comprobar las acusaciones “.
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