Un largo camino que arrancó con Calderón y García Luna

El pasado 1 de julio entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Trabajo entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la Agencia de Cooperación para el Cumplimiento de la Ley en la Unión Europea, mejor conocida como Europol, un organismo donde las policías de los 27 Estados miembros de ese bloque regional se coordinan entre sí y con las de otros países y organizaciones internacionales de justicia.

El acuerdo, que permitirá el intercambio de información para el combate de 30 tipos de crímenes —como el tráfico de drogas y de armas—, no tiene su origen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo aseguró Fabián Medina, el jefe de la oficina de la cancillería mexicana que el pasado 20 de julio asistió a la sede de Europol en La Haya, Holanda, para realizar la firma protocolaria del documento.

“No había un acuerdo (entre México y Europol). De hecho, la Unión Europea (UE), a través de la policía europea, denominaron (sic) a México como país prioritario en América Latina para tener este tipo de acuerdos, y el gobierno anterior, por alguna razón que desconocemos, pero que pretendemos saber, no había ni siquiera iniciado las conversaciones para llegar a un acuerdo al que nosotros arribamos en tiempo récord”, señaló Medina en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui el 21 de julio.

Europol y las autoridades mexicanas llevaban casi una década intentando concretar un acuerdo de cooperación.

El punto de partida es la llamada “guerra contra el narcotráfico” que declaró el presidente Felipe Calderón en su sexenio (2006-2012). Paradójicamente, fue el gran poder que adquirieron los grupos del narcotráfico durante su mandato lo que detonó que Europol buscara en 2011 un acercamiento que no existía formalmente con los servicios de seguridad mexicanos.

Documentos de la policía europea indican que en esos años habían comenzado a “surgir señales” de que el crimen organizado mexicano estaba incursionando seriamente en los mercados de la UE.

Resulta curioso, pero fueron altos funcionarios de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al mando de Genaro García Luna —hoy encarcelado en Estados Unidos acusado por delitos de narcotráfico— quienes terminaron de convencer a los dirigentes de Europol que los cárteles mexicanos, efectivamente, estaban “volteando a Europa” y había necesidad de sentar las bases de una cooperación.

El 19 de mayo de 2011 —un mes después de que Europol alertara en un reporte sobre “el notable incremento” del tráfico de cocaína de México al sureste europeo—, las máximas autoridades de ese organismo se reunieron en La Haya con Facundo Rosas, el comisionado general de la Policía Federal de García Luna.

Rosas —que según investigaciones periodísticas fue cómplice de su jefe en sus actividades ilícitas— les informó que los capos mexicanos “estaban apostando por Europa”. Para probarlo, detalló que habían crecido las incautaciones de droga dirigida a esa región desde puertos del sur de México, y que se habían detectado visitas de enviados de los cárteles mexicanos a Italia y España y de mafiosos italianos a México.

Facundo Rosas solicitó a Europol que identificara áreas de cooperación para luchar contra el narcotráfico, pero, extrañamente, puso como condición que no se encargara de hacerlo la oficina del organismo en La Haya sino la que tiene en Washington, y que fuera ésta también la que capturara la información relacionada con las operaciones del crimen organizado mexicano en Europa, que en ese momento controlaban el Cartel de Sinaloa y Los Zetas (en marzo de 2012 agentes de operaciones de Europol se volvieron a reunir con jefes policiacos de García Luna en la Ciudad de México).

La preocupación que se generó fue tal que pocos meses más tarde, en noviembre de 2011, Europol difundió entre las policías europeas una “alerta de exploración, análisis y notificación de nueva amenaza de crimen organizado relativa a México”.

Al mismo tiempo el organismo arrancó el proceso ante el Consejo de la UE —la institución donde toman decisiones los gobiernos de esa comunidad de países— para que lo autorizara a negociar un acuerdo de cooperación con el gobierno de Calderón, el cual, argumentó, serviría a “los intereses operativos” de las fuerzas del orden europeas para frenar “la relevancia creciente en la seguridad interna de la UE” del narcotráfico mexicano.

En diciembre de 2012, apenas tomó posesión de la presidencia el priista Enrique Peña Nieto, el Consejo autorizó el comienzo de negociaciones de Europol con México, pero la aprobación final llegó más de dos años después, hasta mayo de 2014.

El retraso se debió a que, por un lado, el Parlamento Europeo tenía que ser consultado. Su comité de justicia y asuntos internos votó unánimemente en octubre de 2013 en contra. Los eurodiputados consideraron que el gobierno peñanietista no ofrecía suficientes garantías para una correcta protección de los datos confidenciales que compartiría Europol, y que las modificaciones legales del estatuto del organismo policiaco también impedían cualquier acuerdo.

Había otro motivo para la demora: en un documento de abril de 2012, Europol había advertido a los gobiernos de la UE que las agencias de seguridad mexicanas estaban “fragmentadas”, pues había “fricciones” entre la SSP de García Luna y la entonces llamada Procuraduría General de la República (PGR), por lo que, prevenía, “las intenciones mexicanas (para firmar un acuerdo) tienen que ser valoradas y evaluadas con suma cautela”.

A partir de que Europol fue autorizado a comenzar negociaciones con México en mayo de 2014, se abrió un hueco.

La agencia de policía europea entró en un profundo proceso de reforma que resultó en un nuevo estatuto que entró en vigor en mayo de 2017. Sin embargo, en ese periodo Europol finalizó acuerdos de cooperación con otros países con los que ya tenía igualmente permiso de pactar acuerdos: Emiratos Árabes Unidos y Ucrania en 2016 y Brasil y China en abril de 2017. Sólo faltó México.

El servicio de prensa de Europol nunca ha respondido a las solicitudes de información para que explique esa circunstancia.

Lo que sí informó un vocero del Consejo de la UE fue que su cambio de estatuto en 2017 obligó a Europol a solicitar otra vez permiso para negociar la cooperación con México bajo el nuevo formato de Acuerdos de Trabajo, que sólo con excepciones prohiben el intercambio de datos personales y requieren la aplicación de protocolos para garantizar la fiabilidad de los datos que se comparten así como la extrema protección de la información confidencial.

Tal acuerdo obliga también a las partes a indemnizar a las víctimas de abusos o errores en el manejo de la información, la cual jamás puede ser producto de violaciones a los derechos humanos ni transferida de manera masiva, y deberá ser eliminada “cuando deje de ser necesaria para el propósito que fue transmitida”.

Esa nueva autorización para negociar con sus pares mexicanos la consiguió Europol cuando López Obrador ya había llegado al poder. En octubre pasado —según mencionó Fabián Medina en la mencionada entrevista— se dieron los primeros contactos con el gobierno mexicano que llevaron al actual Acuerdo de Trabajo, el cual fue firmado el 27 de junio por la directora ejecutiva de Europol, la belga Catherine De Bolle, y tres días después por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

LA RESPUESTA DE SRE

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020

Carta al editor,

Fabián Medina Hernández

Con relación al artículo titulado “Un largo camino que arrancó con Calderón y García Luna”, publicado por el Sr. Marco Appel el pasado 11 de agosto de 2020 en su portal informativo, me permito aclarar lo siguiente:

- El Acuerdo de Trabajo firmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) fue producto de una negociación de más de seis meses que involucró a diversas dependencias del actual Gobierno de México.

- Con relación a los argumentos del Sr. Appel en su artículo que aseguran que Europol y las autoridades mexicanas llevaban casi una década “intentando concretar” un Acuerdo de Cooperación, es importante aclarar que ni el gobierno del presidente Calderón ni el del presidente Peña Nieto hicieron esfuerzos por concretar algo en este sentido. Tampoco hicieron esfuerzos por iniciar conversaciones con esta Agencia europea que llevara a un resultado concreto.

- En recientes pláticas con las autoridades de Europol nos aclararon que desde el año 2015 decretaron a México “país prioritario” para realizar trabajos conjuntos, y se acercaron a las autoridades de entonces, sin obtener respuesta ni haber mostrado interés alguno en colaborar con ellos. Tampoco sentaron un precedente ni emitieron comunicaciones oficiales para que Europol iniciara un Acuerdo con México.

- La referencia del Sr. Appel en el sentido de que “empezaron a surgir señales”, carecen de seriedad y rigor periodístico para afirmar que había una coordinación oficial entre las dos partes. El artículo publicado falta a la verdad y al profesionalismo que se esperaría de un medio informativo como el que ustedes dirigen.

- Sin duda, el reciente Acuerdo logrado con Europol es resultado de la alta prioridad que el actual Gobierno de México y Europol dedican a la cooperación internacional en cuestión de seguridad y justicia.

Fabián Medina Hernández es jefe de Oficina del canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores de México.

CONTRARÉPLICA DE MARCO APPEL

Respuesta al funcionario Fabián Medina:

Respecto a las alegaciones del señor Fabián Medina Hernández, jefe de la oficina de la cancillería, sobre la nota de mi autoría titulada “Un largo camino que arrancó con Calderón y García Luna”, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

-El artículo en cuestión relata la historia de la relación entre Europol y los gobiernos mexicanos, con base en información contenida en documentos de la propia Europol y en mi trabajo de reporteo.

-La afirmación de que empezaron “a surgir señales” de que el crimen organizado mexicano estaba incursionando en Europa no es mía, sino de Europol, y así está indicado en el artículo. Invito al señor Medina a leer el Anexo 4 del “Estudio de viabilidad del caso México” que publicó Europol el 4 de abril de 2012 (Business Case: Cooperation with Mexico). En ese documento —del que envío dos capturas de pantalla--, Europol señala que su interacción con las autoridades de México había sido relativamente baja hasta 2011, cuando comenzaron a surgir señales (new indications) de que el crimen organizado mexicano podría estar apuntando hacia la Unión Europea. Ese estudio lo recibió el 22 de octubre de 2012 el equipo de trabajo en materia policiaca del Consejo de la Unión Europea, es decir los gobiernos de sus Estados miembros, junto con una carta del presidente de la junta de gobierno de Europol, Rafal Lysakowsky, donde solicitaba que se estudiara la autorización para negociar con México un acuerdo de cooperación. Las reuniones entre personal de Europol y altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de Genaro García Luna también están registradas en esos documentos de Europol. México, por otro lado, ya aparecía como un “país prioritario” para Europol desde 2012, y la agencia policiaca europea mencionaba que “la Secretaría de Seguridad Pública y otras autoridades mexicanas habían mostrado gran interés en cooperar con Europol”. Esas y otras informaciones las reporté en una nota que publicó el portal de la revista Proceso el 23 de noviembre de 2012 y en otras posteriores.

-El resto de las observaciones del señor Medina son opiniones o interpretaciones personales que no ameritan una respuesta porque no refieren imprecisiones en el texto.

Cordialmente,

Marco Appel

* Analista de la relación entre México y la Unión Europea

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