Ingobernabilidad y hacinamiento: los problemas que la COVID-19 agudizó en los centros penitenciarios mexicanos

La pandemia de COVID-19 paralizó muchas áreas del país, entre ellas las relacionadas con la reinserción social de las personas privadas de su libertad; sin embargo, las problemáticas que vive esta población no se detuvieron e incluso se agudizaron a partir de la propagación del virus.

Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización civil Reinserta, explicó en entrevista con Infobae México que tras la detección de los primeros casos del padecimiento en la nación (a finales de febrero), en el sistema penitenciario no se tomaron las medidas sanitarias adecuadas para evitar los contagios, debido a la ingobernabilidad que persiste en estos sitios, entre otras cosas.

“México tiene un grave problema de ingobernabilidad en los penales, lo cual generó que no se pudieran tomar las decisiones adecuadas en los momentos necesarios para prevenir contagios”, dijo Niño de Rivera, quien también destacó que estos no se pudieron evitar, pues “los internos son quienes mandan y eso complicó que se tomaran las medidas adecuadas”.

De acuerdo con cifras de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), hasta el 4 de agosto se habían registrado 2,189 personas privadas de la libertad contagiadas con COVID-19 en las cárceles del país, así como 193 fallecimientos por esta causa.

Además, 374 custodios y/o custodias del personal penitenciario también han contraído el nuevo coronavirus y 49 de ellos han fallecido. En este contexto, se han otorgado 3,755 libertades. El Estado de México ha sido la entidad con más procesos de este tipo, con 2,583, seguido de Durango, 361, y Ciudad de México, con 321.

Respecto a la atención médica denunció que los doctores que trabajan en las prisiones no han recibido capacitación para atender a pacientes con coronavirus, aun cuando la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que es responsabilidad de las autoridades corresponsables, que en este caso son las del sector salud y las del sistema penitenciario.

Asimismo, la mitad de los centros de readaptación no cuenta con los materiales y condiciones higiénicas en sus áreas médicas, según datos registrados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH y en reportes estatales que envían a dicho organismo para notificar el número de casos positivos.

Por lo tanto, el panorama que ha presentado la COVID-19 también ha dificultado las labores que se llevan a cabo para la readaptación social, pues el hacinamiento al interior de los centros penitenciarios provocó que los espacios para labores educativas u ocupacionales, se usaran como dormitorios durante este periodo de emergencia sanitaria.

Otra problemática que las organizaciones de derechos humanos han puesto en evidencia desde el inicio de la pandemia para la reinserción social de las personas ha sido el cierre de los tribunales, pues una parte de la población que se encuentra en las cárceles, podría estar libre; no obstante, ante la detención de actividades, sus casos se pararon.

En este sentido, las lecciones que dejó la pandemia de COVID-19 en torno a la reinserción social están relacionadas, explicó Saskia Niño de Rivera, con la ingobernabilidad al interior de los centros penitenciarios, la cual, además de todo, se podría traducir en otras situaciones más graves y que forman parte de la atención a la seguridad.

“Cómo poner orden en cárceles si ni siquiera pueden determinar que no recibirán visitas para evitar los contagios o que no pueden salir de las celdas. Si las autoridades no pueden poner esas reglas, cómo evitar otras cosas como que entren celulares o drogas”, cuestiona la también activista.

A pesar de las situaciones que evidenció la pandemia de COVID-19 en el sistema penitenciario, como el hacinamiento, desde la perspectiva de Niño de Rivera, será complicado que esto cambie, pues en la práctica, “las leyes continúan siendo privativas de la libertad” y a partir de ellas es posible encarcelar a alguien desde el inicio de la investigación de su delito sin determinar que sea culpable.

Por ello dijo que es urgente replantear este sistema, ya que “no está funcionando como un mecanismo de protección a la sociedad”. Además, se requiere de que este aspecto en México sea “sólido para poder considerar un cambio en la estrategia de seguridad, pues de lo contrario ésta fracasaría”.

De cara a la “nueva normalidad”, planteó Astrid Fonseca, coordinadora de investigación de AsiLegal en una columna para el portal Animal Político, es necesario que se modifiquen las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, falta de atención médica oportuna y de calidad, la falta de medicamentos, de una alimentación sana, nutritiva y de calidad, así como la de políticas que atienda el derecho a la reinserción social.

Este contexto que forma parte de la normalidad al interior de los centros penitenciarios, denunció Fonseca, constituye “una violación sistemática a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”.

Cómo se modificaron las labores de readaptación social tras la pandemia

Las labores de Reinserta en torno a la readaptación social en los centros penitenciarios, así como de otras asociaciones civiles o fundaciones tuvieron que detenerse. Estas se basaban en talleres para aprender nuevas capacidades, así como generar una perspectiva de aceptación y autocuidado que les facilitara adaptarse a la vida fuera de la prisión.

“Pero nuestro trabajo no descansa”, comenta Rashel Cohen, fundadora de la fundación Rebeca Lan, la cual se enfoca en realizar este tipo de tareas de ayuda y readaptación en centros penitenciarios femeninos a lo largo del país.

Aunque existe una variedad importante de poblaciones vulnerables en las prisiones, como los hombres de la tercera edad o aquellos que se encuentran en un hacinamiento severo, la Fundación Rebeca Lan ha puesto el foco de atención en las mujeres, principalmente porque han notado que padecen del abandono tras estar un tiempo en estos sitios.

De acuerdo con datos proporcionados por Reinserta, el 95% de las mujeres son olvidadas por sus allegados después de cinco años de estar privadas de su libertad. Además, el 72% de las convictas se convierten en madres dentro de las prisiones y la atención que reciben por parte de las asociaciones también va dirigida hacia los menores.

En torno a los hijos, planteó Niño de Rivera es necesario desarrollar labores para la prevención del delito con el objetivo de que no vivan una experiencia similar a la de sus madres, pues, refirió, “los niños que tienen contacto con el sistema penitenciario tienen una tendencia a hacer actividades antisociales e igualmente se les debe proteger”.

Por su parte, la visión de la Fundación Rebeca Lan también se centra en la reinserción de la familia, pues buscan que los miembros de las mismas se conecten a pesar de las circunstancias y así, cuando el integrante en prisión recupere su libertad no se encuentren con personas desconocidas o desligadas de la situación que debió vivir.

En medio de la pandemia esta fundación consiguió que 12 centros penitenciarios femeniles del Estado de México, implementarán el recurso de las videollamadas como sustitución de las visitas para así evitar posibles contagios. Esta herramienta entrará en funcionamiento el próximo 12 de agosto y también se contempla la posibilidad de que se utilice para retomar los talleres de readaptación social.

Cabe mencionar que esta idea la han puesto en funcionamiento autoridades en otros centros penitenciarios de estados como Michoacán, con el objetivo de evitar revueltas por parte de los internos que sienten la necesidad por saber algo de sus familiares.

En este sentido, los datos de AsiLegal, mostraron que hasta el 4 de agosto sucedieron 19 incidentes de violencia, la gran mayoría de ellos estaban ligados a la cancelación de las visitas, mientras que otros a la mala respuesta para atender los casos positivos de COVID-19 en las personas privadas de su libertad.

Para María Massjane, mujer tijuanense que recuperó su libertad en 2019 y se vio beneficiada por las acciones de la fundación tanto al interior del centro penitenciario como afuera, estas medidas que se implementarán serán de suma importancia, pues adentro de las cárceles, relató en entrevista telefónica, se vive con la zozobra de saber cómo está la familia en momentos de emergencia.

“Emocionalmente”, concluye Massjane, “es sano saber que hay ese tipo de comunicación para el contacto con la familia. Durante mi estancia en prisión conocí a personas que entraron en crisis por no saber nada de sus familiares en periodos de emergencia, como sismos, y esto también es parte de la readaptación”.

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