Emilio Lozoya comenzó a hablar. El ex director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) comenzó a dar detalles sobre cómo ayudará a las autoridades mexicanas para perseguir y eventualmente procesar al mandatario para el que trabajó, así como otros peces gordos de aquella administración.
Lozoya, vinculado a proceso en dos procesos diferentes hace unas semanas, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos contra Peña Nieto y Luis Videgaray, su mano derecha y el ex titular de dos Secretarías en aquel sexenio.
De acuerdo con el relato del ex funcionario, Peña Nieto y Viddegaray dirigieron y repartieron los sobornos que la compañía Odebrecht habría pagado en México para inyectar en la campaña presidencial del primero en 2012 y también aquellas coimas que fueron destinadas a legisladores para aprobar reformas estructurales entre 2013 y 2014.
Ante este primer movimiento telúrico en la política mexicana, los distintos bandos políticos en el espectro nacional se posicionaron rápidamente ante las acusaciones, sobre todo la oposición del gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
“El día de hoy, el Fiscal General informó que se ha abierto una carpeta de investigación derivada de una denuncia hecha por Emilio Lozoya. Los hechos referidos, aunque todos prescritos, ameritan la aplicación ejemplar, firme e imparcial de la ley”, aseguró Mauricio Kuri, el coordinador de los senadores del opositor PAN (Partido Acción Nacional).
No hay espacio para la politización de la justicia y por eso demandamos una investigación transparente y profesional. Los hechos de corrupción deben castigarse, pero antes deben probarse
De acuerdo con el senador, no se puede perder de vista que los hechos son dichos de un presunto delincuente, que debe aportar las pruebas que acreditan sus afirmaciones. “Llama la atención, se extiendan hasta dos sexenios atrás”, añadió Kuri.
Y es que Lozoya fue vinculado a proceso en el caso “Agro Nitrogenados” y en el caso “Odebrecht” por diversos delitos, que incluyen asociación delictuosa, cohecho y operación con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el ex director de Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado mexicano, no ha pisado ni pisará la cárcel.
La FGR decidió, dentro de las negociaciones con Lozoya, permitirle seguir su proceso con cierta libertad, ya que porta un brazalete electrónico y no puede salir de la Ciudad de México, además de que debe presentarse ante las autoridades dos veces por mes.
Pero la decisión de no solicitar prisión preventiva, a pesar de la gravedad de los delitos de los que se le acusa, tiene que ver con la cooperación de Lozoya con las autoridades mexicanas para reducir sus propios castigos, algo que no ha gustado en la oposición.
“Es imprescindible que las y los mexicanos sepamos la situación legal del señor Lozoya. Sus actos de corrupción confesos deben ameritar prisión preventiva y ser castigados. Perdonarlo sería tan grave como no investigar lo que señala”, culminó Kuri en su mensaje, difundido a través de redes sociales.
En el mismo tono escribió en Twitter Fernando Belaunzarán, uno de los dirigentes del PRD (Partido de la Revolución Democrática). “Puro circo electoral”, aseguró. “Los delitos por los que Emilio Lozoya acusa a Peña Nieto y Videgaray ya prescribieron. ¡Qué conveniente para López Obrador!”, completó.
Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), reiteró sus deslindes de las acusaciones de Emilio Lozoya. “Reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley. El PRI de hoy no es ni será tapadera de nadie”, afirmaron.
La organización ya se había deslindando de Lozoya a mediados de julio. “Seamos claros, los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el peso de la ley”, afirmó en su momento Alejandro Moreno, el presidente nacional del partido.
A pesar de que una serie de gobernadores del PRI han tenido que huir, se encuentran prófugos, en espera de sus juicios, o condenados en prisión, incluidos Javier Duarte, César Duarte y Tomás Yarrington, el PRI sentenció este miércoles: “Lo que no debemos admitir es la confusión de igualar la conducta de un individuo a la de una institución”.
En cambio, la senadora Lilly Téllez, del PAN, reaccionó con más vehemencia a la noticia de la demanda de Lozoya. “Bola de corruptos. Espero que los metan a la cárcel a todos”, dijo. “Pero a una cárcel en Estados Unidos porque en México sigue igual de corrupto el sistema carcelario con Morena”, añadió, en referencia al partido de López Obrador con el que la también periodista obtuvo su escaño en el Congreso.
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