Durante la epidemia de coronavirus en México, algunos tipos de violencia contra las mujeres no han disminuido, sino que incluso han aumentado; los asesinatos, las llamadas de auxilio y la violencia familiar se han intensificado y las políticas públicas del gobierno mexicano han sido insuficientes para atenderla antes y después de la contingencia sanitaria.
En abril de 2020, fueron asesinadas, en promedio, 11.2 mujeres por día en México. Además, de marzo a abril, los homicidios a mujeres aumentaron 2%; mientras que los asesinatos de hombres se redujeron 0.2%, de acuerdo con el informe Las dos pandemias: Violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID-19, elaborado por la organización Equis: Justicia para las mujeres, la Red Nacional de Refugios y la organización Intersecta.
Por otra parte, el total de llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres en el cuarto mes del año, arrojó un promedio de 143 por hora. Por su parte, La Red Nacional de Refugios documentó un aumento en las atenciones, acompañamientos y orientaciones brindadas entre marzo y mayo, periodo en el se atendió a 12,710 mujeres, niñas y niños que hicieron uso de llamadas o mensajes de auxilio.
“Finalmente, los registros de marzo de 2020 representan la mayor tasa de apertura de investigaciones penales por violencia familiar desde que el delito comenzó a ser registrado a nivel nacional en 2015.”, explica el estudio.
Este análisis acusa que las medidas, estrategias, políticas públicas y autoridades del Estado mexicano no han atendido debidamente la emergencia de violencia en contra de las mujeres.
Cuestiones como la austeridad presupuestaria sin perspectiva de género ni derechos humanos, el debilitamiento, los recortes de recursos destinados a los refugios que atienden a víctimas de violencia, la priorización de otros programas gubernamentales y las fallas acumuladas de algunas políticas públicas, son cinco ejemplos que obstaculizan la atención adecuada a dicho problema.
Aunado a esto, las organizaciones señalan que el uso excesivo del derecho penal para hacer frente a la epidemia de COVID-19, lo que se traduce en más detenciones y encarcelamientos, la militarización y las “pésimas” condiciones de internamiento de las mujeres en prisiones, así como la falta de acceso a la justicia para ellas, son aspectos que elevan el riesgo de que este sector de la población sea víctima de violencia en el país.
No obstante, el problema no es nuevo; antes de que la crisis por coronavirus irrumpiera en México, la violencia en contra de las mujeres ya era una situación de alerta pública. Desde el 2007, los asesinatos de las mujeres aumentaron “dramáticamente”, pasando de ser 1,089 en ese año (una tasa de 2 mujeres por cada 100,000 habitantes) a 3,824 en el 2019.
“Según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México es de los países con las tasas más altas de asesinatos de mujeres en el mundo.”, detalla el informe.
Entre los años 200 y 2018, 3 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en casa en un contexto de violencia familia, cuestión que si se compara con los hombres, el resultado es de 1 de cada 10:
Desde el 2016 el delito de violencia familiar era ya el segundo delito con más investigaciones penales abiertas por las fiscalías en el país. El único delito con más investigaciones abiertas era el de robo
Las cifras: el reflejo de la violencia contra las mujeres durante la epidemia de COVID-19
En abril de 2020, se registraron 337 mujeres asesinadas, según el análisis de Intersecta de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Este mes es el que se posiciona como el número uno en homicidios a mujeres desde 2015.
El hecho de que aún con la implementación de las medidas de distanciamiento social y confinamiento en casa los asesinatos de mujeres hayan aumentado, demuestra la persistencia de la crisis de violencia en México
Con base en información del SESNSP, “la organización Intersecta encontró que, en el mes de abril de 2020, se registraron un total de 103,117 llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres, lo que significó aproximadamente un promedio de 143 llamadas por hora.”
Si se lleva a cabo una comparación entre el mismo mes con respecto a años anteriores, se puede ver que en este año se han registrado más llamadas de este tipo. Del total, el 57.2% fueron por violencia familiar, el 19.3% por violencia de pareja, el 22% por violencia contra la mujer y el 1.4% por violencia sexual, profundiza el reporte.
Específicamente, en cuanto a las llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, durante el cuarto mes del año se recibieron 21,722. Son 30, en promedio, por hora.
En cuanto a las llamadas a la Línea Mujeres de la Ciudad de México, si se compara la incidencia de llamadas en mayo de 2019 (968), con las de mayo de 2020 (1,739), el aumento fue del 97 por ciento.
Por otra parte, según el análisis de Intersecta, las investigaciones penales abiertas por el delito de violencia familiar también presentaron un incremento.
“Durante el mes de marzo, se registraron 20,232 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar abiertas en las fiscalías estatales del país. Esta cifra es mayor en comparación con las investigaciones iniciadas tanto en febrero como en enero de este año. Esta tendencia se mantiene incluso al realizar un contraste con cifras de años anteriores
De hecho, los registros de marzo de 2020 representan la mayor tasa de apertura de investigaciones penales por violencia familiar desde que el delito empezó a ser registrado a nivel nacional en 2015″, explica la organización.
MÁS SOBRE ESTE TEMA
Más Noticias
Qué es la meningitis, cuáles son sus síntomas y cómo tratarla
Hermila Galindo: sufragista mexicana, activista feminista y primera candidata a diputada federal
La historia del joven que se salvó de quedar atrapado en El Pinabete, mina colapsada en Coahuila
El desconocido origen estilo “Scarface” del “Mayo” Zambada y el papel de su cuñado cubano, para construir su imperio criminal
Quién es Raquel Buenrostro, próxima titular de la Secretaría de la Función Pública durante el sexenio de Sheinbaum
