Cinco jueces y magistrados federales han sido asesinados en México en los últimos 19 años

México es un país que, durante los últimos lustros, se ha hundido sin descanso en una espiral de violencia e inseguridad, detonada sobre todo a partir del inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón.

Ante el aumento de asesinatos en el país, que no ha podido ser detenido por los sucesores de Calderón, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), las estrategias han variado más o menos a lo largo de los años, pero con el mismo resultado.

Casi sin excepción, cada año un nuevo récord de homicidios se rompe en el país. El 2019 no fue la excepción: es hasta ahora el año más violento del que se tenga registro en el país, con 34.582 homicidios dolosos registrados en 12 meses. Y este año parece conducir hacia una cifra todavía más alta.

En este panorama, la violencia no ha exentado a ninguna esfera de la sociedad ni de las instituciones mexicanas, ni siquiera las más importantes del país. Esto incluye al Poder Judicial, que ha sufrido el asesinato de cinco jueces y magistrados federales entre 2001 y 2020. En la estadística están incluidos dos jueces en los últimos cuatro años, confirmó a Infobae México el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El último asesinato ocurrió hace unos meses. El juez federal Uriel Villegas, así como su esposa Verónica Barajas, fueron asesinados el 16 de junio en Colima, en un “crimen de estado”, como afirmó Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El juzgador había decidido casos sensibles que involucraban al crimen organizado, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación, y renunció a la protección que le ofrece el Poder Judicial a todos sus integrantes que se consideran de alto riesgo por su trabajo.

Por ahora, hay dos detenidos por su asesinato: un hombre que se encuentra en arraigo, en espera de su posible vinculación a proceso, y Jaime “T”, quien sí contaba con una orden de aprehensión girada por un Juez del Sistema Penal Acusatorio del Segundo Partido Judicial del estado de Colima.

Antes del asesinato de Villegas y Barajas, la última vez que un juez federal había sido asesinado fue en octubre de 2016, cuando el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, de 37 años, fue asesinado por un disparo en la cabeza mientras corría por calles aledañas a su domicilio en el municipio de Metepec, en el Estado de México.

Como juez de distrito en materia de amparo y juicios civiles federales, a Bermúdez le había tocado resolver asuntos relacionados con el narcotráfico, como aprobar o no el traslado de líderes criminales de una cárcel a otra.

Bermúdez se hizo cargo de numerosas causas relacionadas con importantes cargos de narcotráfico, entre ellas la extradición a Estados Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el fundador del cártel de Sinaloa, quien fue entregado a ese país meses después del asesinato del juez, en enero de 2017.

Sin embargo, dos años después, en octubre de 2019, su viuda, Marisol “N”, fue detenida y vinculada a proceso por su posible participación en el asesinato del juzgador.

Asesinatos entre 2001 y 2006

Para encontrar el siguiente asesinato de un juez federal en el tiempo, hay que recorrer una década entera, hasta 2006. El juez cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales del Estado de México, René Hilario Nieto Contreras, fue asesinado de un disparo en la cabeza en agosto de aquel año.

El juzgador trabajaba en el penal federal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, y fue responsable de los procesos penales contra una serie de capos del narcotráfico incluidos los Arella Félix y el Cártel del Golfo.

A pesar de que el crimen nunca fue esclarecido, y no hay responsables que hayan sido castigados o perseguidos por este asesinato, uno de los posibles señalados como autor intelectual fue el líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas.

Los dos magistrados que completan la lista de asesinatos de este siglo son Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra, que fueron asesinados en Mérida, la capital del estado de Yucatan, junto a la esposa de éste último, María del Carmen Arroyo.

Ayala Montenegro era entonces Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y Andrade Ibarra era Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito. Las tres personas fueron acribilladas por un grupo de personas que usaron armas de alto calibre.

Las autoridades señalaron como presunto autor intelectual al narcotraficante César Valenzuela Mejía, a quien Ayala Montenegro le negó un amparo contra una sentencia que le fue dictada por delitos contra la salud. El hombre habría amenazado con anterioridad a dicho magistrado.

La seguridad de los jueces

Tras el asesinato del juez Uriel Villegas, jueces y magistrados federales, así como senadores federales y la iniciativa privada, pidieron revisar los protocolos de protección en el Poder Judicial. Una de las recomendaciones que más se repitió fue la de la figura de los “jueces sin rostro”.

Se trata de una medida para proteger a los juzgadores en un contexto de violencia, para permitirles laborar con imparcialidad y sin miedo, donde no se revele su identidad en casos sensibles que involucren narcotráfico, pero también casos de alto perfil y otros delitos graves.

Y es que, a pesar de que Villegas había solicitado que la protección asignada no lo cuidara más, hay otros casos en los que los jueces sí solicitan que ellos y sus familias sean considerados para el protocolo de seguridad. El Poder Judicial ha señalado que a todo aquel juzgador o magistrado que lo solicita se le ha concedido la medida.

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