La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, cuenta con un porcentaje de apenas el 2.19% en los casos terminados en una sentencia durante 20 años de operación.
En total, la ASF ha presentado 1,004 denuncias ante la hoy Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República) desde los inicios de sus operaciones, de acuerdo con el más reciente informe Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, recuperado por la periodista Diana Lastiri de El Universal.
A través del medio mexicano se reveló que del total, únicamente 22 obtuvieron como resultado el dictado de una sentencia; es decir, apenas el 2.19%. Por otra parte, mencionaron que 580 continúan en la integración de sus investigaciones.
De las finalizadas, aseguraron que 12 fueron consignadas conforme al sistema penal anterior y 18 conforme al sistema actual. Se confirmó, además que cinco investigaciones permanecen en etapa de instrucción ante un juez, 194 se determinó no ejercer acción penal desde el Ministerio Público y en 161 se dictó reserva, de acuerdo con El Universal.
Informaron, por otra parte, que 919 de las denuncias se relacionan con las cuentas públicas de 1998 a 2018, mientras que las 85 restantes están relacionadas con los entes públicos que simulan devolver dinero a la Tesorería de la Federación (Secretaría de Hacienda), pero no acreditan los recursos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene el objetivo de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
“La ASF es un órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos presupuestales que le son asignados. Su actuación se rige por un conjunto de disposiciones jurídicas, técnicas y éticas”, describen en su página de internet oficial.
Los principales ordenamientos jurídicos que dan origen y norman la actuación de la ASF son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Además, indican que la misión de la Auditoría es “fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno”. Y aseguran que son “un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”.
Actualmente, la ASF libra una batalla en el caso de la compra-venta de la planta de Agro Nitrogenados, en la que presuntamente estaría involucrado Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos extraditado a México para enfrentar ese y otros casos.
La denuncia de la ASF en el caso fue presentada el 27 de septiembre de 2019, misma donde señala como probables responsables de la operación al Consejo de Administración de Pemex, de acuerdo con la información publicada por El Universal.
La carpeta, reveló el medio, permanece en estado de integración. Informaron, además, que se trata de un señalamiento completamente ajeno a las acusaciones que actualmente enfrenta el ex funcionario público mexicano.
Lozoya Austin fue vinculado a proceso en el caso Odebrecht por tres delitos: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. El ex funcionario está acusado de supuestamente haber recibido USD 10.5 millones de parte de la constructora brasileña a cambio de contratos una vez iniciadas sus laboras en Pemex.
Pero en el famoso caso de Agro Nitrogenados, Lozoya Austin fue vinculado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este caso, el ex funcionario público está acusado de haber recibido sobornos del dueño de la compañía Altos Hornos de México para recibir favores y con la que adquirió una casa en la Ciudad de México.
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