Margarito González Domínguez y Honorio Corcuera Noyola llevan ocho años presos por crímenes que no se les han podido comprobar.
A lo largo de su detención fueron víctimas de tortura, coacción, y malos tratos por parte de agentes ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), violando así sus derechos al debido proceso y a una investigación apegada a derecho, indicó el el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH).
Ángel Alberto Hernández Rivera, abogado y coordinador del Área Jurídica de Código DH, afirmó que el encarcelamiento de González y Corcuera constituye un caso paradigmático de racismo, injusticia, y discriminación hacia la población afromexicana de la región de la costa de Oaxaca.
El abogado puntualizó que ambos acusados fueron detenidos en enero de 2012 por los delitos de robo calificado con violencia física y homicidio calificado con premeditación y ventaja. La víctima sería el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jesús Israel Moreno Pérez, desaparecido en julio de 2011 en la comunidad de Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa de Tututepec.
Detalló que la acción penal por el delito de homicidio calificado se ejercitó a Corcuera y González “sin existir el cuerpo de la víctima porque aún se encuentra desaparecida”.
A juzgar por las inconsistencias del caso, no me queda duda que el Estado, en su afán de fabricar culpables, es muy selectivo en estereotipos, pues le ha funcionado presentar como ‘culpables’ a dos personas de escasos recursos, pocos estudios, que prácticamente no pueden defenderse, y pertenecientes a un grupo estructuralmente en desventaja como la población afromexicana
El representante legal citó que el 10 de noviembre de 2015, el padre del estudiante Jesús Israel Moreno Pérez interpuso una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ella señaló que “el ejercicio de la acción penal de la Procuraduría se basó en testimonios contradictorios, autoincriminatorios y obtenidos bajo tortura a los dos detenidos”.
En la comparecencia expuso que su hijo no portaba con artículos de valor: solamente un teléfono móvil. También desacreditó la investigación ministerial porque, declaró, “se basó en una ‘autopsia verbal’ (sin cadáver y sin sustento científico), fabricaciones de pruebas, alteración y sustitución del dispositivo” que cargaba el joven estudiante, entre otras inconsistencias graves.
Hernández Rivera informó que Margarito González Domínguez y Honorio Corcuera Noyola están por cumplir nueve años presos y privados de su libertad sin estar sentenciados, a pesar de la existencia de diversas pruebas que comprueban su inocencia.
Asimismo, el abogado destacó que ningún funcionario o servidor público implicado ha sido castigado por las omisiones en las investigaciones, por la fabricación de pruebas, y los actos de tortura para supuestamente brindar justicia y resolver el crimen.
Este caso de injusticia hacia Honorio y Margarito refleja la descomposición estructural y sistemática de la justicia en el estado, donde servidores públicos de la ahora Fiscalía General y del Poder Judicial, como jueces, agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, señalados directamente por ejercer o tolerar actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, siguen en el pleno ejercicio de sus funciones, solapados y coludidos por quienes mueven los hilos de la injusticia
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