Después de que se aprobara la reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta, regalo, distribución o promoción de la comida chatarra a este sector de la población, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en el gobierno de Peña Nieto las empresas de este tipo de alimentos obstaculizaron la creación de políticas públicas.
El principal vocero del panorama de la pandemia de COVID-19 en México comentó que no conoce una disposición relacionada con los productores industriales de alimentos ultraprocesados, a partir de la cual tengan relación en la creación de políticas públicas para la prevención de enfermedades, aunque rechazó este posible planteamiento, pues “son los motores de la epidemia de obesidad”.
“No es conveniente, como sucedió extensamente en el sexenio pasado, que los actores industriales o comerciales de estos productos participen en la generación de políticas públicas”, comentó López-Gatell durante la conferencia de prensa del 6 de agosto, lo cual complementó diciendo que estas compañías no podrían ser donantes en el gasto de salud o prevención.
Todo este panorama que planteó el funcionario ha sido de suma importancia para la determinación de que el gobierno federal prescindiera de dichos actores económicos y así evitar conflictos de interés.
“En este gobierno por eso decidimos desde el día uno disolver el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles que desde el principio nos pareció una suerte de pantalla para permitir la penetración de los intereses de la industria en la generación de las políticas públicas”, puntualizó.
En su lugar, explicó, se creó el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), el cual se convirtió en un foro donde se lleva a cabo la vigilancia de este tipo de políticas públicas relacionadas con la salud diaria de las personas.
Cabe recordar que a pesar de las polémicas que suscitó, el subsecretario de salud manifestó su apoyo y simpatía a la restricción de la comida chatarra para menores de edad, pues se trata de una propuesta que regula los productos envasados de alto contenido calórico y las bebidas azucaradas para este sector de la población.
Antes de su aprobación, el epidemiólogo dijo haberse comunicado con Horacio Sosa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, y le planteó que esperaba la aceptación de esta iniciativa.
“También le comenté el reto o el riesgo de que se infiltre todo tipo de cabildeo y presiones de grupos de interés económico, que suelen interferir con el esfuerzo legislativo, ya sea presionando o confundiendo la interpretación de los legisladoras”, señaló.
El apoyo del doctor egresado de la UNAM radica en que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades que derivan de ellos como la hipertensión o la diabetes, han agudizado la vulnerabilidad de los pacientes del nuevo coronavirus a fallecer por complicaciones de esta enfermedad.
La iniciativa de reforma fue aprobada el 5 de agosto en Oaxaca y con ella se espera reducir drásticamente el acceso de productos comestibles no saludables a las niñas, niños y adolescentes de la entidad.
Magaly López Domínguez, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue la responsable de elaborar la iniciativa de reforma y, gracias al respaldo de su partido, consiguió la simpatía del Partido del Trabajo (PT) para lograr los 31 votos necesarios para que fuera aceptada esta propuesta.
“Tenemos que poner un freno a los privilegios de unos cuantos para priorizar la salud de los niños. No puede haber lugar para los intereses económicos por encima de la salud” aseguró la legisladora local para diario El Universal, en relación a que serán los padres de familia quienes decidan más determinantemente sobre la alimentación de sus hijos.
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