Los altivos niveles de corrupción que se alcanzaron al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se fraguaron con malas decisiones financieras, el nulo combate al robo de combustibles y el nepotismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con la columna del periodista Salvador García Soto en El Universal, la estrategia operada por Emilio Lozoya Austin y José Antonio González Anaya, ambos ex directores de Pemex, buscaba debilitar la empresa petrolera y su producción para abrirles la puerta y mejorarles las condiciones de competencia a las compañías nacionales y privadas que participaban en las rondas de la reforma energética.
También buscaron cambiar el panorama de proovedores y contratistas de Pemex, y para ello lanzaron una oleada de ataques contra las dos empresas más grandes y fuertes que acaparaban los mayores contratos y activos en la industria petrolera: Oceanografía y Oro Negro, la primera de Amado Yáñez y Martín Gil Díaz
Ambas empresas mexicanas fueron creadas cuando Francisco Gil Díaz era secretario de Hacienda y manejaba la petrolera nacional y las finanzas públicas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Sin embargo, cuando llegó Peña Nieto al poder, dejó en manos de la cúpula priista, comandada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, la política energética y Petróleos Mexicanos.
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ya formuló las primeras acusaciones en contra de políticos del sexenio de Peña Nieto involucrados en la compra fraudulenta de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, así como de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Amado Yáñez, ex propietario de Oceanografía, fue acusado de fraude y encarcelado con la fabricación de acusaciones desde el SAT y desde la Unidad de Inteligencia Financiera y la operación jurídica de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Humberto Castillejos, para obtener ordenes de aprehensión, negación de amparos y demás favores de jueces de la Ciudad de México.
Ya en la cárcel, fue amenazado desde la dirección de Pemex a cargo de Lozoya: “O entregas la empresa, con todos sus activos, o te hundimos en la cárcel”. Después de dos años en prisión y liberado bajo fianza en 2017, hoy busca documentar todo el ataque y el abuso de poder en contra suya y de su compañía.
La mismo ocurrió con “Oro Negro”, la empresa de Gil White que había logrado posicionarse con los inversionistas internacionales por su solidez y que era vista como “el tesoro”.
Primero con Lozoya y después con José Antonio González Anaya, la influencia salinista operó para que desde el SAT se hiciera un acuerdo con los tenedores de bonos, socios de Gonzalo Gil, para fabricar pruebas de un presunto fraude en contra de los bonistas. El congelamiento de cuentas fue clave para declarar la quiebra de la empresa, así la manipulación del debido proceso en el sistema judicial de Ciudad de México.
Después de la quiebra de Oro Negro y Ocenografía, los contratos que tenían esas compañías fueron entregados a Seamex, que recibió un trato preferencial tanto de Emilio Lozoya y de González Anaya para beneficiar al socio mexicano de esa compañía, David Martínez, amigo de Salinas de Gortari.
Según García Soto, en los días siguientes Emilio Lozoya aportará más pruebas contundentes a la fiscalía sobre la participación de Salinas en las decisiones que se tomaban en el gobierno de Peña Nieto, especialmente dentro de Pemex.
“Emilio va a documentar cómo personalmente Carlos Salinas le pidió y lo presionó para realizar acciones y tomar decisiones que tenían que ver con las asignaciones de Pemex y dará detalles de reuniones que tuvo con el expresidente, tanto en su casa de Camino a Santa Teresa como en sus oficinas alternas de Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec, en las que se hablaba de contratos y negocios en Pemex. En otras ocasiones, también hablará de las reuniones que tuvo con Emiliano Salinas Ocelli, hijo mayor del expresidente, quien lo mandaba a tratar ‘asuntos’ con el director de Pemex”, comentó una de las fuentes cercanas a la defensa de Lozoya.
El columnista destacó que algunas de esas pruebas son documentales, basadas en afirmaciones del exfuncionario, otras son con base en testimonios de personas que participaron como “enlaces” con los acusados por Emilio Lozoya y otras más, son con base en videos que grabó él mismo en sus oficinas.
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