La Comisión Permanente, el órgano que sustituye a ambas Cámaras del Congreso mexicano durante el receso legislativo, rechazó este miércoles en su sesión semanal, por considerarlas una violación a los derechos humanos, las reformas que han sido promovidas para la activación del llamado “PIN Parental”.
La Asamblea hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que interponga los medios de control constitucional en contra de dichas reformas estatales y se garantice el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual y reproductiva, así como en materia de valores.
En los últimos meses, la propuesta del PIN Parental, una controvertida iniciativa educativa, ha despertado una fuerte polémica en México, así como lo ha hecho antes en otras partes del mundo. En lo que va del año, por lo menos en cinco Congresos locales en el país han presentado iniciativas de reformas a la ley para establecer dicha medida.
El PIN Parental es una medida que busca dejar en manos de los padres o tutores la decisión final sobre si los menores a su cargo pueden llevar o no clases de educación del tipo sexual, así como recibir información sobre temas como la identidad sexual y de género.
Se le conoce como PIN derivado del término anglosajón que hace referencia al Número de Identificación Personal (Personal Identification Number) con el que se hace referencia a la contraseña que habitualmente se usa para acceder a dispositivos electrónicos. El término se aplica también a la acción de restringir el acceso de los menores a ciertos contenidos en internet.
La Comisión Permanente remarcó este miércoles que brindar información sobre sexualidad a este sector de la población es una obligación del Estado. “Es parte de sus tareas asegurar que todas y todos cuenten con información científica que les permita tomar decisiones, prevenir consecuencias lamentables, afectar su proyecto de vida y truncar sus expectativas a corta edad”, precisaron.
Se trata de abordar un tema desde una perspectiva de derechos humanos y de prevención del embarazo adolescente
Una parte de los 19 senadores y 18 diputados que integran la Comisión Permanente consideraron que el PIN Parental es una medida prohibitiva de acceso a la información, violatoria de los derechos y va en contra de la construcción de una sociedad informada y responsable.
También hicieron un llamado a los 32 Congresos locales de la totalidad de entidades federativas para que dentro de las modificaciones legales que aprueben, se respete en todo momento el derecho a la educación laica, científica, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia, con un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y del interés superior de la niñez.
A principios de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por la ex ministra de la Suprema Corte Olga Sánchez Cordero, alertó sobre las afectaciones de la iniciativa legislativa del PIN Parental.
De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos
La dependencia alertó que el “Pin Parental” es un elemento que podría impedir que niñas y niños reciban educación sexual y reproductiva, y además, contradicen el derecho a la educación laica y científica.
Por ello, la Segob adelantó que enviará a los Congresos locales un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
MÁS SOBRE ESTE TEMA
Más Noticias
Qué es la meningitis, cuáles son sus síntomas y cómo tratarla
Hermila Galindo: sufragista mexicana, activista feminista y primera candidata a diputada federal
La historia del joven que se salvó de quedar atrapado en El Pinabete, mina colapsada en Coahuila
El desconocido origen estilo “Scarface” del “Mayo” Zambada y el papel de su cuñado cubano, para construir su imperio criminal
Quién es Raquel Buenrostro, próxima titular de la Secretaría de la Función Pública durante el sexenio de Sheinbaum
