Investigan a Emilio Lozoya por sobornos de Odebrecht a la campaña a gobernador del PRI en Tamaulipas

De acuerdo con la investigación, el ex director de Pemex sólo entregó una parte del dinero

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El ex director de Pemex,
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ahora enfrenta acusaciones en Tamaulipas (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

Nuevos nubarrones se ciernen sobre el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, debido a que la Fiscalía de Tamaulipas busca imputarlo por sobornos destinados a apoyar la campaña del PRI, a cambio de contratos para la empresa brasileña Odebrecht en proyectos hídricos, energéticos y de transporte.

De acuerdo con el diario Reforma, en un criterio de oportunidad otorgado por la Fiscalía estatal, un testigo colaborador con identidad protegida aportó evidencia sobre una reunión celebrada en Tamaulipas en la que se solicitó 500,000 dólares a la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de contratos una vez que el PRI ganara la gubernatura.

El testigo habría dicho que Lozoya Austin se encargaría de recoger y entregar el dinero acordado.

Según la investigación, Lozoya únicamente entregó 350 mil dólares a los responsables financieros de la campaña del PRI, en marzo del 2010 y cuyo candidato era Rodolfo Torre Cantú, ejecutado ese mismo año, por lo que su hermano Egidio Torre asumió la candidatura y ganó la elección.

De acuerdo con la Fiscalía, el intermediario para el financiamiento de Odebrecht a la campaña fue el empresario tamaulipeco, Jorge Eduardo Rivera Schotte, en ese tiempo accionista de la empresa Petro Chem México.

En un testimonio rendido ante la justicia brasileña, Luis Alberto de Meneses Weyll, director de Odebrecht en México, confesó haber aportado 500 mil dólares al PRI de Tamaulipas.

De Meneses Weyll contó que conoció a Rivera Schotte en 2009, en un evento social realizado en la Ciudad de México. Meses después lo vio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde le comentó que participaba con otros empresarios en un grupo que apoyaba al entonces candidato priista, puntero en las encuestas.

En el testimonio rendido el 18 de octubre de 2017, señala que Rivera Schotte le comentó que sería importante que su empresa realizara aportaciones financieras a la campaña de Rodolfo Torre Cantú como una manera de posicionarse y abrir oportunidades de negocios cuando fuera gobernador.

El director de Odebrecht en México aseguró que en marzo de 2010 asistió a un desayuno en casa de Rivera Schotte en Ciudad Victoria, en el que estuvieron varios empresarios y el candidato Torre Cantú.

En esa ocasión también hubo una reunión reservada con el empresario y el candidato, en la que como representante de Odebrecht le presentó varios proyectos vinculados con agua y transporte que podrían impulsarse en el Estado durante su Gobierno, en caso de ganar.

Foto: DPA / THOMAS PADILLA
Foto: DPA / THOMAS PADILLA

En su testimonio ministerial, Luis de Meneses Weyll precisó que para realizar el pago contactó a su superior directo, Luiz Mameri, quien lo autorizó. La transacción se realizó a través de una cuenta bancaria cuyos datos le había proporcionado el empresario tamaulipeco.

Tras el asesinato de Rodolfo Torre, Meneses Weyll se reunió con el nuevo gobernador y su equipo para presentar los proyectos de Odebrecht. Sin embargo, aunque había apoyado la campaña de Rodolfo, la empresa brasileña no recibió ninguna adjudicación directa por parte de Egidio.

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, enfrenta imputaciones en México por los casos de la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados que causó serios problemas financieros a Petróleos Mexicanos; además del caso Odebrecht, en el que Lozoya Austin habría recibido 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña, para que le fuera adjudicada las obras de la refinería en Tula, Hidalgo.

Por ambos casos, Emilio Lozoya fue vinculado a proceso -vía videoconferencia- por dos jueces radicados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, los pasados 28 y 29 de julio. Sin embargo, se le otorgó un periodo de seis meses para que el acusado presente las pruebas que asegura tener en contra de altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto, por lo que se le colocó un brazalete electrónico para que pueda permanecer en arraigo domiciliario.

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