“Propone ruta a una militarización más profunda”: las críticas contra AMLO por el uso de Fuerzas Armadas en tareas civiles

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder con un inédito apoyo en las urnas en 2018 y, entre sus promesas de combate a la corrupción, austeridad gubernamental y honestidad, juró que la estrategia de seguridad, que había llevado al país a una militarización que no pudo ni ha podido detener el aumento de la violencia e inseguridad, iba a cambiar radicalmente.

Sin embargo, este sexenio tampoco ha encontrado una solución ni siquiera parcial a estos problemas, que comenzaron a crecer de manera incontrolable sobre todo a partir de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” lanzada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012).

La complejidad de la tarea de combatir la corrupción y también los altos índices de homicidios han empujado a López Obrador a tomar decisiones que van incluso contra sus propias promesas, como el decreto para mantener el uso de las Fuerzas Armadas en apoyo a labores de seguridad pública, que va contra su popular frase “Abrazos, no balazos” tan representativa durante su campaña.

Pero el uso de las Fuerzas Armadas, incluido el Ejército y la Marina, en actividades civiles no se limita a este apartado de la vida mexicana. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el protagonista de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, uno de los proyectos insignia del actual gobierno. Así pasa también con programas centrales como “Sembrando Vida”.

Fue el anuncio hace unas semanas de que el Ejército y la Marina también intervendrían en la administración de las aduanas y los puertos del país la que llevó nuevamente al centro del debate la militarización cada vez más profunda del país. Esta decisión fue rechazada incluso al interior del gobierno. El titular de la cartera de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, renunció a su cargo citando explícitamente esta determinación.

Más militarización

“Con estas decisiones, el presidente propone un ruta hacia una militarización más profunda del país sin dudas”, expresó a Infobae México el senador del opositor PAN (Partido Acción Nacional), Julen Rementería. El legislador, junto a una buena parte de la oposición y de algunos expertos jurídicos, consideran que el movimiento sería anticonstitucional.

Las críticas contra la decisión de López Obrador no se hicieron esperar. Pero el mandatario mexicano aseguró que la entrada de las Fuerzas Armadas también en las aduanas y los puertos mexicanos, claves para la economía del país, es necesaria debido a la corrupción que sufren estas instancias.

“La principal explicación para el despliegue de las Fuerzas Armadas para su participación en cada vez más actividades responde a una deficiencia histórica de capacidades administrativas y de gobierno dentro de las estructuras burocráticas”, aseguró a Infobae México Leonardo Núñez González, analista político del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas).

“Sin tener que crear un aparato institucional civil efectivo, las FFAA ofrecen, al menos en la teoría, una oportunidad de implementación inmediata, con menos trabas y sin cuestionamientos debido a la cadena de mando. López Obrador ha preferido priorizar una visión de corto plazo y apoyarse en las fuerzas armadas en un intento por tratar de mostrar resultados y acciones inmediatas para echar a andar sus políticas, proyectos y problemas”, añadió.

Núñez González coincide en que la intervención militar en cada vez más aspectos de la vida pública nacional “necesariamente conlleva una ampliación de la militarización”. “Si en lugar de mantener la promesa de devolver a las FFAA a sus cuarteles los lanzamos a las calles para que ejerzan las funciones de policías, constructores, administradores, empresarios, médicos o ingenieros, sin lugar a dudas estaremos avanzando a una sociedad cada vez más militarizada”, advirtió.

Sin embargo, el senador Rementería, junto a su grupo parlamentario del PAN, todavía no saben por qué vía impugnarán este movimiento de López Obrador. “Estamos a la espera de eso, porque todavía no tenemos la publicación o el decreto que determinen la militarización de aduanas y puertos”, explicó.

Sin embargo, el PAN ya mostró el camino que podrían tomar. La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, de aquel partido, presentó en su momento una controversia constitucional ante la Suprema Corte para resolver la validez del decreto de AMLO para el uso de las Fuerzas Armadas de manera auxiliar en la seguridad pública.

Los riesgos

“Lo que nos da temor es que el presidente esté violentando la Constitución”, aseguró Rementería. “Que ponga a militares en puestos de carácter civil pero sin decir que son los militares los que controlan y empiece de a poco a sustituir unos por otros hasta que la administración de las aduanas y puertos sea de facto militar”, detalló.

Pero el legislador aclaró que, incluso haciéndolo de esa manera, los militares nombrados en dichos cargos estarían obligados a respetar las leyes civiles, no las instrucciones militares. “Sería el peor de los mundos: una especie de vacío, porque de nada serviría que llegue un militar para efectos de combatir corrupción si sigue con los mismos ordenamientos. Es un despropósito”, criticó.

Además, Rementería citó otras dos problemáticas: la imagen de las Fuerzas Armadas y el peligro de empoderar al cuerpo militar con tareas que se salen de su jurisdicción. “Al final, el Ejército y la Marina están conformados por personas, los pones en riesgo si desarrollan actividades civiles, si entran en contacto con la corrupción. Se puede echar a perder la imagen que tienen ante la gente”, señaló.

Y es que las Fuerzas Armadas son una de las pocas instituciones que, a pesar de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en los últimos lustros, ha mantenido una buena imagen ante la mayoría sociedad. “No necesitan más poder, es algo que realmente las va a lastimar”, finalizó Rementería, que también citó sus preocupaciones por las eventuales afectaciones que tendría este movimiento ante el comercio.

Entre los peligros, Núñez González coincide. “Los esquemas de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza democrática son dejados de lado al apostar por una implementación basada en una estructura militar caracterizada por la opacidad y la unilateralidad de sus decisiones”; remarcó.

El experto del CIDE recordó que este país ha sido testigo de cómo, al lanzar las FFAA en actividades de seguridad interior, “han sido las principales responsables de violaciones a derechos humanos; igualmente, en sus actividades de construcción, como sucedió en las obras del extinto aeropuerto de Texcoco, múltiples irregularidades como la contratación de empresas fantasma, terminaron manchando el prestigio castrense”.

“Cada nueva misión asignada a las FFAA necesariamente implica un incremento en su poder relativo y real, ya que requieren una mayor asignación de recursos, un margen de discrecionalidad aún más amplio y una jurisdicción cada vez más grande en la que, necesariamente, se desplazan a las instituciones civiles”, concluyó.

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