Caso contra César Duarte acumula por lo menos 100 investigaciones

La Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acumulan, por lo menos, 100 investigaciones pendientes contra César Duarte, quien gobernó dicha entidad de 2010 a 2016.

Las pesquisas oficiales involucran a personas cercanas a Duarte Jaquéz: esposa, hijo, hijas, políticos de distintos partidos, un obispo, medios de comunicación, empresarios, notarios y ex funcionarios de Chihuahua y de otros estados (Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo y Nayarit).

El ex integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde hace casi cuatro años por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción, peculado, desvío de recursos con fines electorales y enriquecimiento ilícito, hasta que fue aprehendido en Miami, Florida, estado fronterizo de Estados Unidos con México.

Al finalizar su administración, Duarte Jáquez dejó una deuda pública de 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos y tenía un caso abierto por desvíos de recursos del estado con fines electorales para favorecer al partido al que estaba afiliado desde 1977 por 250 millones de pesos durante 2015; sin embargo, tras su detención, la fiscalía federal integró una nueva carpeta, pues pareciera que la anterior no estaba bien argumentada legalmente, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El contexto en el que ocurrieron estas irregularidades fue el periodo durante el que Enrique Peña Nieto, abanderado por el mismo partido político, fue presidente de la república; Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI; Emilio Lozoya, presidente de Petróleos Mexicanos (Pemex); y Luis Videgaray, titular de la SHCP.

Respecto a la red de corrupción que permitió la fuga del ex gobernador y su posterior protección al amparo del poder se le conoce como la “Nómina Secreta”; mientras que a la desviación sistemática de recursos de entidades y demarcaciones gobernadas por el PRI se le llamó “Operación Safiro”.

De acuerdo con una publicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) del 21 de noviembre del 2018, por medio de 12 empresas fantasmas, los gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta, del entonces Distrito Federal, desviaron 650 millones de pesos para favorecer al PRI.

En cuanto a la Nómina Secreta, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha señalado a distintos personajes de la vida política del estado, como la alcaldesa de Chihuahua, Maria Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional (PAN); no obstante, las investigaciones siguen en proceso respecto a este caso, así que no se posee mucha información.

Sin embargo, el activista Jaime García opina que Corral Jurado, el gobernador panista, quiere utilizar este caso como herramienta electoral para imponer a Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República y ex presidente nacional del PAN, como próximo gobernador de la entidad.

“Corral tiene un interés político específico: descarrilar esas dos candidaturas. ¿Tiene elementos para hacerlo? Sí, ¿Más vale tarde que nunca? Sí, pero eso le da un ingrediente particular a la lucha contra la corrupción y la tiñe de política en primer lugar y, en segundo lugar, el lado criticable a Corral, de su interés por entregarle la gubernatura a Gustavo Madero Muñoz. Madero es un potentado económico aquí del estado de Chihuahua, con orígenes del porfiriato, su familia viene del siglo XIX, empoderada económicamente, es un hombre estructuralmente de derecha que le interesan los negocios y aprovechar su poder político para sus negocios, a esa persona Javier Corral quiere dejar establecida en el gobierno local de Chihuahua a partir de la elección del 2021”, aseguró García Chávez en entrevista para Infobae México.

MÁS SOBRE ESTE TEMA