El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez está preso en Miami desde el pasado 8 de julio. La jueza norteamericana Lauren F. Lewis dictaminó que permanecerá en prisión al menos hasta su siguiente audiencia el 31 de agosto. Tanto la defensa como el fiscal deben presentar la evidencia con la que cuentan para que la jueza determine si el ex mandatario, acusado en México de malversación agravada, conspiración agravada y delitos electorales, es vinculado a proceso en Estados Unidos.
El gobierno mexicano solicitará la extradición de Duarte para juzgarlo en su estado. La fiscalía de Chihuahua dirige esa investigación. Pero, de acuerdo con una investigación del corresponsal Jesús Esquivel, para el semanario Proceso, el caso que dirige la administración de Javier Corral tiene información equivocada.
La fuente del reporte es un investigador privado que describió la red de propiedades vinculadas al ex gobernador. La evidencia que presentó a Proceso parece indicar que hay 22 inmuebles que Duarte compró con dinero público y la ayuda de prestanombres, y que el gobierno chihuahuense no tiene en la mira. La fuente, que decidió permanecer anónima por motivos contractuales, asegura que las propiedades que la fiscalía sí está investigando no están ligadas con el ahora preso en Miami.
La investigación describió una complicada red de individuos ligados a Duarte y explicó que esa configuración significa un obstáculo para las autoridades mexicanas. Además, el investigador privado aseguró que lo que compartió con el semanario es el resultado de un año de trabajo, por lo que la fiscalía tiene que trabajar mucho para ponerse al corriente.
Uno de los supuestos ejes de la operación es Raúl Fernández Moreno, hijo de dos políticos priístas de Balleza, Chihuahua asesinados por el crimen organizado en 1998. La investigación describe que en 2010, el hermano de Raúl, Edwin, también fue asesinado. César Duarte se aprovechó de eso para llevarlo a Estados Unidos bajo promesa de protección y usarlo como prestanombres para la mayoría de las propiedades adquiridas con efectivo que supuestamente salió del gobierno estatal.
Raúl debía traspasar los inmuebles cuando Mario Duarte Jáquez, hermano de César, se lo indicara. Actualmente, hay nueve inmuebles a nombre de Raúl y las propiedades de los demás están repartidas entre los familiares del ex gobernador y sus asociados.
Además de las propiedades en El Paso y en Nuevo México, la publicación describió una serie de operaciones inmobiliarias en Cancún y Playa del Carmen. La información del reporte indica que César Duarte supervisó, a través de su hijo César Adrián, la esposa de él, Miriam Corral Vega y la madre de ella, Elizabeth Vega Trujillo, los negocios de dos inmobiliarias que han producido “millones de dólares” en ventas y rentas.
La fuente de Proceso se negó a entregar los documentos que comprueban los negocios y asociaciones de Duarte en Quintana Roo. Junto con la inmobiliaria, Duarte intentó la construcción de un complejo habitacional de lujo. El proyecto lo asocia con el ex gobernador de ese estado, Roberto Borge, vinculado a proceso por diversos delitos.
Finalmente, la investigación presume que César Adrián usó entre dos y tres millones de dólares del dinero robado de Chihuahua para invertir en Miko Cars. Una franquicia de lotes de venta de autos en Texas.
La primera solicitud de extradición para César Duarte estuvo “mal hecha” y tuvieron que hacerla de nuevo, de acuerdo con el presidente López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno federal espera poder juzgar al ex gobernador en México y recuperar el dinero sustraído.
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