El Congreso de Baja California aprobó el dictamen 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por lo cual desaparecerá el Consejo de la Judicatura del Estado.
El dictamen, aprobado en lo general, tuvo 17 votos a favor, ocho en contra, y ninguna abstención: los diputados y diputadas aceptaron la iniciativa enviada por el gobernador Jaime Bonilla.
La reforma implica que el titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de escoger a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a partir de una terna que será mandada al Congreso.
Además, se avalaron tres reservas a los artículos 95 fracción primera, inciso H, al artículo apartado B párrafo segundo de la Constitución Política de Baja California.
Diputados calcularon que la desaparición de siete puestos traería un ahorro de 6 millones de pesos. Otros, sin embargo, afirmaron que el ahorro total sería de 50 millones de pesos.
Entre las voces en contra, los legisladores que rechazaron la iniciativa, estuvieron Araceli Geraldo Núñez, Rosina del Villar Casas, y Carmen Leticia Hernández Carmona, de Morena.
La diputada Del Villar Casas declaró que es necesaria una reingeniería del Poder Judicial. Sin embargo, el dictamen 49 no abonaba a una justicia más eficiente para la población.
También señaló que el dictamen que estaba siendo votado deja “de manera unilateral” al Poder Ejecutivo la atribución de incorporar una terna. Asimismo, publicó Zeta Tijuana, no se estableció una convocatoria para integrar la terna con profesionistas “que comprueben sus actitudes”.
La iniciativa “transgrede los principios de división de poderes y de autonomía e independencia judiciales”, dijo la diputada. Por otro lado, la panista Eva María Vázquez señaló que la reforma debilita al Poder Judicial porque afectaría a los actuales magistrados.
Éstos tendrían que disminuir el periodo en el que se desempeñarán en sus funciones, lo cual viola el principio de no retroactividad establecido en el artículo 14 de la Constitución federal.
Un diputado por el Partido de la Revolución Democrática puntualizó que “es impensable que este Congreso busque aprobar una reforma que más que fortalecer al Poder Judicial en su área administrativa pareciera estar encaminada en poner a modo el procedimiento de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia”.
Finalizó declarando que la reforma que se estaba votando era un “agravio” a la democracia. “Va a hacer un retroceso para Baja California”, dijo.
Las voces a favor del dictamen eran encabezadas por Montserrat Caballero, líder de la bancada de Morena, quien argumentó que el Consejo de la Judicatura “se ha convertido en un ente manejado por intereses políticos y ha funcionado como una agencia de colocación y todos lo sabemos. Una agencia de colocación en su mayoría panista”.
El diputado morenista Juan Manuel Molina García también se refirió ante la situación, y afirmó que en el Poder Judicial “ha habido carreras meteóricas apoyadas por los consejeros de la Judicatura que han utilizado al (organismo) como un espacio de poder para beneficio de sus propios despachos. Y lo diré con toda la responsabilidad que tengo, porque durante los tiempos en que he ejercido mi profesión libremente he litigado en contra de consejeros de la judicatura en funciones. No han tenido recato”.
De acuerdo con Molina García, personal administrativo, secretarios de acuerdos, actuarios y comisarios, y mecanógrafas, han pedido la desaparición del Consejo de la Judicatura por años, “y más ahora que no han tenido ni papel para copias, ni papel para el baño. A ese grado ha llegado la desatención de la gente que ha estado en esos puestos”.
Denunció que integrantes del Consejo de la Judicatura “sí se han preocupado por crear reglamentos y haberes de retiro para los magistrados sin aportación alguna, con cargo al erario, y tienen guardados más de 60 millones de pesos destinados a ese tipo de haberes injustificados y de los cuales inclusive hay una controversia constitucional” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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